Un contrato blindado, una ley mal hecha y algunas alertas rojas: el debut legislativo

La Asamblea Nacional cumplió su primer mes de funciones y ya nos va demostrando lo que de ella podemos esperar. La vara es baja, se sabe, pero si algo nos ha enseñado la política ecuatoriana es que siempre se puede descender aún más.

Una de las demostraciones de la tónica de lo que podría ser este período se evidenció en el bloqueo al intento de fiscalizar posibles irregularidades en el contrato para la instalación de plantas eléctricas, firmado entre el ministerio de Energía y la empresa Progen.

Con votos del oficialismo y de Pachakutik — esas alianzas políticas incomprensibles— no se permitió dar paso a un derecho de los ciudadanos: transparencia en las acciones de sus gobernantes y en el uso que le dan a los fondos públicos.

¿Así será la Asamblea de los próximos cuatro años? Una réplica de aquella Asamblea de 2013, cuya comisión de Fiscalización pasó a ser llamada, de Archivo, justamente por blindar toda posibilidad de investigar y exigir cuentas a los funcionarios del Ejecutivo.

Y por favor, es hora de dejar la mediocridad del argumento de que así lo hicieron en el pasado para justificar lo que se hace mal en el presente.

Progen ofreció al país generar 150 Mw hasta finales de noviembre de 2024. Hasta mayo de 2025, no se ha generado ni uno solo.

A pesar de eso, el gobierno ha pagado aproximadamente 105 millones de dólares de los 150 millones del total del contrato, en medio de señalamientos de que los equipos no son nuevos, como ordena la ley, sino refaccionados.

El gobierno dio por terminado unilateralmente el contrato y Progen pidió un arbitraje de emergencia para, según la empresa, exigir el cumplimiento de los contratos y permitir que Progen concluya estos proyectos, que se encuentran muy cerca de su finalización.

Eso, según la empresa. ¿Y el gobierno qué dice? Poco o nada. La transparencia ha ido escasa en este proceso y, por lo que ocurrió en la Asamblea, parece que así continuará y no habrá —al menos por ahora— ninguna responsabilidad política.

El oficialismo y sus aliados justificaron el bloqueo argumentando que el pedido de fiscalización respondía a intereses políticos para perseguir e interferir en el trabajo de los ministros.

Los políticos tienen sus intereses —algunos legítimos, otros no— y eso no es novedad. No deja de ser vergonzoso que se use un argumento tan pobre para evadir la legítima fiscalización que exige una democracia. Y no se trata de quien la pide — o de si el correísmo tiene calidad moral para hacerlo o no—, se trata de que quienes manejan los recursos públicos tienen la obligación de rendir cuentas. Incluso cuando quienes se las piden son actores políticos o lo hacen para potenciar una agenda partidista.

La política no está exenta de esos cálculos y el oficialismo lo sabe.

¿O acaso no hay cálculo político en no permitir la participación del correísmo —o reducirla al mínimo— en el pleno del Legislativo?

Tantas veces invocan la democracia, pero la ignoran cuando se trata de que la ejerzan sobre sus rivales políticos. Esos rivales que deberían aprovechar este momento para mirarse al espejo y aprender, de una buena vez, que las prácticas antidemocráticas que alimentan cuando son poder, regresarán a estallar en sus caras cuando dejen de serlo.

La peor parte, por supuesto, se llevan los ciudadanos y, por eso, también es necesario que sean exigentes con quienes legislan y gobiernan. La condescendencia con los poderosos nunca ha sido beneficiosa para la democracia.

Exigir asambleístas a la altura de un país convulsionado no es ser enemigo del gobierno.

¿Cómo puede ser aceptable que apenas 10 días después de su aprobación, la misma Comisión de Régimen Económico que trató la Ley de Solidaridad y que está en manos del oficialismo, quiera reformarla para corregir un error que cometieron en el texto ya vigente hace una semana?

Los defensores de estos personajes dirán que todos podemos cometer errores. Sí, pero las consecuencias de estos tienen un impacto sobre la vida de millones de ecuatorianos.

Ecuador no tiene tiempo para novatadas de este nivel.

La inexperiencia y poco rigor de los legisladores cuesta demasiado y el país no está en circunstancias de asumir esos costos.

Además, ¿si se equivocan en cosas tan elementales, qué podemos esperar de temas mucho más graves?

Difícilmente se puede confiar en funcionarios que no se toman en serio su trabajo y que se distraen con facilidad en la banalidad del TikTok y las fotos para Instagram.

Que esa superficialidad no nos distraiga de lo importante; esta Asamblea también nos ha demostrado hacia dónde va con las llamadas Ley de Solidaridad y Ley Orgánica de Inteligencia, sobre las que se alertan serios riesgos a la vulneración de derechos y al espionaje a opositores, políticos y periodistas, además de que crean un escenario propenso a todo tipo de abusos.

En un mes, la Asamblea parece indicarnos hacia dónde va. Y hay, por lo menos, algunas alertas sobre el rumbo que podría tomar.

Que se proteja con tanto celo un contrato millonario lleno de sombras como el de Progen, que se reforme a la carrera una ley recién aprobada, que se privilegie la antipatía política hacia sus rivales por encima del diálogo democrático, o que se aprueben leyes desoyendo por completo los riesgos para la democracia, no son hechos menores.

Son señales de alerta que nos obligan a mirar con suspicacia al Legislativo y recordarle constantemente que el país necesita instituciones serias, asambleístas capaces de sostener debates de altura, respetar las instituciones democráticas y entender que la oposición es parte del juego político.

Y eso, para ayer.

Un país en crisis no puede darse el lujo de esperar.