No, gracias

Cada tanto, en Ecuador se vende la idea de refundar la patria. Nos la ofrecen como una salida mágica a los males de siempre, como si el problema fuera la Constitución —que puede ser mejorable— y no quienes la manipulan y pretenden acomodarla al tamaño de sus intereses políticos, personales, partidistas o empresariales.

Hoy, esa vieja promesa regresa con un nuevo envoltorio: la convocatoria a una Constituyente presentada como la varita mágica capaz de resolver todos los problemas del país. Pero antes de dejarnos seducir por el discurso de la “refundación”, vale la pena mirar con atención quién la impulsa y bajo qué circunstancias.

En menos de dos años, el presidente Daniel Noboa ha mostrado una peligrosa inclinación a concentrar poder y debilitar los contrapesos. Que al frente de la Fiscalía haya quedado Carlos Alarcón —el fiscal que lleva casos contra personas con las que Noboa mantiene abiertos conflictos: su ex cuñado Federico Goldbaum, el alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez o el hijo de la exvicepresidenta Verónica Abad— no es un detalle menor.

Su confrontación con la Corte Constitucional también es reveladora. Aquella Corte que frenó sus intentos de legitimar, mediante la Ley de Inteligencia, la posibilidad de interceptar comunicaciones y acceder a datos personales sin orden judicial. Mecanismos así, con apariencia de legalidad, han sido el punto de partida de regímenes que usaron la seguridad como excusa para vigilar y castigar a opositores, periodistas o simples ciudadanos.

A la par, se suma el silencio del gobierno ante casos graves que han sacudido a la opinión pública, como el de los niños asesinados en Las Malvinas —un crimen atroz que, según las audiencias, revela horrores cometidos antes de matarlos—, frente al cual el régimen no ha dicho una sola palabra.

De los organismos electorales, ni hablar. Todos vimos cómo candidatos de ADN, como Yadira Bayas o Jorge Chamba, hicieron campaña en abierta infracción sin sanción alguna. Lo mismo ocurrió con Noboa, que no pidió licencia durante la campaña. Pero para los opositores sí hubo sanciones. 

Con esos antecedentes, hablar de una Constituyente no suena a renovación democrática, sino a ampliación del margen de maniobra del poder.

También resulta sospechoso que el Presidente no haya presentado un plan claro sobre qué piensa cambiar, ni qué derechos podrían estar en juego. Solo vende una narrativa épica: la de un líder que, con nuevas reglas, promete resolver los problemas estructurales que él mismo ha decidido no enfrentar.

Pero conviene recordar algo. Hoy los golpes de Estado ya no llegan con tanquetas ni uniformes. Llegan vestidos de democracia: con consultas, reformas, y promesas de participación. Son golpes silenciosos, que no destruyen el sistema de un día para otro, sino que se lo van tomando de a poco, con un aire de aparente legalidad, hasta dejarlo en pie como una cáscara vacía.

Y, sí, en un país cooptado por el crimen organizado, polarizado hasta la médula, en donde la venganza pesa más que la justicia, en donde el poder se puede dar el lujo de no rendir cuentas; en donde la muerte y tortura de unos adolescentes puede justificarse con retórica venenosa; en donde la prensa se amenaza, se silencia o se compra, es fácil vender ilusiones.

Lástima que sean solo eso: ilusiones. Ni habrá una patria refundada ni las promesas alcanzarán para cambiar la vida de los ciudadanos.

Al contrario, existe el riesgo de que en las urnas entreguemos, sin darnos cuenta, las pocas garantías que aún nos quedan. Porque mientras no se atienda la desigualdad y no se construya una política seria contra la violencia —algo que la actual Constitución no impide—, los delincuentes seguirán reproduciéndose en los barrios olvidados, esos donde el Estado solo aparece después de una masacre.

Y cuando el poder concentra, manipula, calla y acomoda, no está empezando de nuevo. Está borrando, con tinta de legalidad, lo poco que todavía resiste.

No, gracias.