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El indiscreto encanto de la política

Eliminar el subsidio al diésel: ¿ajuste valiente o riesgo innecesario?

Matías Abad Merchán

Catedrático universitario, comunicador y analista político. Máster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Salamanca.

Actualizada:

15 sep 2025 - 13:59

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El ajuste fiscal es urgente. El déficit acumulado durante más de una década —sostenido por subsidios y deuda— ha convertido al Ecuador en un enfermo crónico.

En este contexto, eliminar el subsidio al diésel constituye una señal fiscal contundente. Es un gesto de seriedad ante organismos multilaterales como el FMI, que además podría destrabar este mismo año un desembolso clave para estabilizar las finanzas públicas.

Desde esa óptica, la decisión no solo es razonable: es inevitable.

Pero en política, todo ajuste cobra su precio.

El decreto llega en un momento delicado: la popularidad presidencial va en descenso —según varias encuestas—, se avecina una consulta popular clave para ratificar el rumbo del Gobierno, y Cuenca —la tercera ciudad del país— se moviliza este martes masivamente contra la minería.

  • Cerca de 424.000 carros usan diésel que ya no tiene subsidio en Ecuador; Gobierno ofrece 18 compensaciones

Es decir, un escenario ideal para que la oposición, aunque debilitada y dispersa, encuentre —por fin— una causa común. Y, de paso, para que los radicales de siempre den rienda suelta a sus viejas pulsiones incendiarias.

A esto se suma un malestar ciudadano legítimo, visible tanto en las calles como en las redes, donde el decreto ha sido leído por muchos como una traición o un paquetazo. Y la percepción, como siempre, llega antes que el análisis.

La pregunta es inevitable: ¿jugada maestra o torpeza estratégica? ¿Acto de responsabilidad o apuesta temeraria?

Como casi siempre en política, el dilema no está en lo que se decide, sino en cómo se lo ejecuta.

  • Gobierno sin oposición

Para bajar tensiones, el Gobierno ha anunciado compensaciones focalizadas y espacios de diálogo. Es un primer paso necesario. Pero si esas medidas no se implementan con rapidez, legitimidad y precisión, el riesgo de que el malestar escale es alto.

En contextos frágiles como el ecuatoriano, basta un error técnico, una sensación de inequidad o una promesa incumplida para que el relato de justicia fiscal se deslice hacia una narrativa de castigo a los sectores populares.

No sería la primera vez. Ya lo intentaron Moreno y Lasso. Ambos retrocedieron.

Noboa aún conserva un capital político sólido. Ha decidido gastarlo ahora. Pero como en toda apuesta fuerte, el éxito no está en saber mover la ficha, sino en sostenerla hasta el final.

En política, como en economía, no basta con hacer lo correcto: hay que contarlo bien y compensarlo mejor. De lo contrario, el relato fiscal se ahogará en la indignación popular.

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