Columnista invitada
El No en torno a la seguridad; un llamado a producir resultados tangibles
Experta en prevención de crimen organizado. Docente de la UG, con más de 5 años de expertise en prevención de crimen organizado y lavado de activos. Licenciada en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. Máster en Seguridad.
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El crimen organizado transnacional en 2025 atraviesa un claro proceso de reorganización, adaptándose de manera constante y volviéndose cada vez más eficiente frente a las políticas estatales. Los actores criminales continúan demostrando una resiliencia extraordinaria y una capacidad de adaptación que los Estados todavía no comprenden y, en muchos casos, ni siquiera logran desarrollar. Esta brecha entre la adaptabilidad criminal y la rigidez institucional constituye uno de los desafíos más serios para Ecuador y la región.
El más reciente índice publicado por GI-TOC ofrece hallazgos alarmantes a nivel global y local. La resiliencia estatal se está debilitando mientras los actores criminales ganan espacio dentro de las instituciones. En 2023, Ecuador presentó un puntaje de resiliencia de 4.88 y un índice de criminalidad de 7.07; para 2025, la situación ha empeorado: la resiliencia cayó a 4.46 y la criminalidad aumentó a 7.48. Estos indicadores explican, en parte, por qué el referéndum de 2025 no fue aprobado y por qué la propuesta de establecer una base militar estadounidense no logró respaldo. En términos prácticos, el Estado no ha logrado incrementar el costo de ser criminal, que sientan que de verdad es un riesgo ser criminal, un factor central en la estrategia de seguridad.
Ecuador representa un caso de estudio que refleja las tendencias internacionales. Según GI-TOC, el mercado criminal más grande del mundo son los crímenes financieros, con un puntaje de 6.21 sobre 10, incluyendo lavado de activos y corrupción. En Ecuador, el patrimonio ilícito no se decomisa sistemáticamente ni se reutiliza de manera efectiva para fines estatales. Pese a contar con una ley de extinción de dominio, fiscales y jueces muestran resistencia a emitir sentencias que apliquen estas disposiciones. Además, rara vez se considera el patrimonio ilícito que familiares de actores vinculados al crimen organizado reciben y del que se benefician, dejando un vacío que favorece a los criminales. En la práctica, el sistema judicial funciona como un facilitador indirecto del crimen organizado y por esto el 40% de nuestro PIB proviene del lavado de activos.
Uno de los hallazgos más preocupantes es la influencia de los actores incrustados en el Estado (state-embedded actors), con un puntaje de 6.04, lo que indica que las instituciones públicas desempeñan un rol directo en la reproducción del crimen. Este concepto describe a grupos dentro del sector público que utilizan sus cargos oficiales para participar en actividades criminales. Louise Shelley, PhD, especialista con más de 30 años de investigación sobre la mafia rusa, sostiene que “en un Estado sin corrupción, el crimen organizado no podría operar, pues depende de estructuras políticas y económicas que lo sostengan”. En segundo lugar se encuentran los actores extranjeros, como los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, con un puntaje de 5.68, seguidos muy de cerca por redes criminales internacionales, como la ’Ndrangheta, con 5.67.
El “no” en la consulta popular y el referéndum del gobierno de Noboa refleja la percepción ciudadana frente a la falta de resultados tangibles. No se trata de una victoria de los partidos de oposición ni de un rechazo ideológico; es un llamado a que el gobierno produzca resultados efectivos. La primera pregunta, relativa a la eliminación de la prohibición de bases militares extranjeras, obtuvo un 60.58% de votos por el “no” frente a un 39.42% por el “sí”. Este resultado no debe interpretarse como una derrota; objetivamente, la presencia de una base estadounidense habría sido un instrumento complementario con alcance limitado.
Según el antropólogo David Vine existen alrededor de 750 bases militares estadounidenses en el mundo, concentradas principalmente en Alemania y en Japón. Ninguna de estas bases ha sido determinante para decomisos de droga ni para la lucha directa contra el crimen organizado. Su función principal es logística y proyección de poder de EE. UU., no la resolución de problemas de criminalidad.
Aun sin una base militar, Ecuador ha logrado decomisar 70 toneladas de cocaína en alta mar en 2025 mediante operaciones conjuntas entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. La cooperación internacional es valiosa, pero solo funciona como un complemento, nunca como eje central de la política de seguridad.
En términos de resiliencia, el país no está fortaleciendo a la UAFE ni los programas de protección a testigos, no ha avanzado hacia un sistema de justicia transparente, ni cuenta con políticas sólidas de prevención temprana de la criminalidad, que deberían integrarse con proyectos de cultura de paz promovidos por actores no estatales. La esperanza no está perdida. Este es el momento de tomar cartas en el asunto y generar una respuesta robusta. Estas políticas deben implementarse basadas en resultados y jamás politizarse: politizar la lucha contra el crimen organizado constituye un error garrafal.