Veintiséis muertos y medio por día

De acuerdo con estadísticas oficiales del Ministerio del Interior, Ecuador registró el trimestre más violento de su historia, entre el 1 de enero y el 31 de marzo. A escala nacional se reportaron 2.361 homicidios, de los cuales el 90% fueron cometidos con armas de fuego. La presencia de actividades criminales en el país no ha disminuido, a pesar de los operativos conjuntos entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas que se han intensificado desde 2025. Estos han resultado en decomisos de cocaína, armamento y detenciones de personas vinculadas al crimen organizado.

Uno de los últimos operativos a escala nacional, denominado "Operativo Apolo 13", ha sido liderado con el conocimiento estratégico de Erik Prince, quien actualmente encabeza el diseño de la estrategia nacional contra el crimen organizado. Prince, conocido por su experiencia en el combate al terrorismo y por ser un contratista privado, ha introducido tecnología avanzada y métodos que han demostrado ser más eficientes en comparación con las prácticas tradicionales.

Sin embargo, la violencia no ha disminuido, incluso con estos avances. Esto se debe, en gran parte, a la debilidad del sistema judicial, que frecuentemente deja en libertad a los detenidos por falta de sentencia o por la corrupción dentro del sistema, especialmente, en las fiscalías de flagrancia. Un ejemplo emblemático de esta problemática es el conflicto en Durán, donde las facciones de los Chone Killers continúan enfrentándose impunemente.

Por dos años consecutivos, Durán es la ciudad más violenta de la región sobrepasando a Puerto Príncipe, en Haití: en 2024, Durán cerró con una tasa de homicidios de 156,6 por cada 100.000 habitantes y la violencia sigue incrementando debido a que alias 'Fito', en conjunto con su GDO “Los Choneros”, quieren tomar el mando de Durán. El fraccionamiento de los Chone Killers y la alianza entre los Latin Kings y Los Lobos es solo una consecuencia superficial de lo que, actualmente, está generando la violencia en el cantón es debido a la injerencia de alias 'Fito'. Esto genera que múltiples grupos se disputen el territorio lo cual afecta, directamente, a la seguridad de la población, por ejemplo en el Mercado de las Manuelas.

Según autoridades de seguridad del GAD de Durán, cada comerciante debe pagar una extorsión de USD 2 diarios. En el Mercado de las Manuelas hay, aproximadamente, 392 comerciantes, lo que genera un ingreso diario de alrededor de USD 783 para las organizaciones criminales. Esta actividad puede representar una renta mensual estimada entre USD 15.000 y 18.000.

La extorsión es un delito que requiere poca inversión y genera una rentabilidad rápida y sostenida. El principal problema para el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) es que, cuando se realizan operativos, los Grupos Delictivos Organizados (GDO) desaparecen justo antes de la intervención.

Esto sugiere que existen informantes dentro de la Policía Nacional que alertan a las bandas delictivas sobre cuándo pueden ingresar al mercado y cuándo no. Además, se ha detectado la presencia simultánea de distintas facciones de varios grupos criminales, quienes cobran sus propios “impuestos” de USD 2 sin importar si el territorio pertenece a otro grupo, lo que refleja una fragmentación del control criminal y una ausencia de regulación incluso dentro del crimen organizado.

Pese a que Durán es una zona con alta actividad operativa, la capacidad de aprehensión tiene un límite en cuanto a su impacto sobre los niveles de violencia. No se logrará un cambio profundo y sostenido si no se aborda la impunidad dentro de las fuerzas del orden y sus vínculos con el crimen organizado. Además, es crucial reconocer que departamentos clave del GAD municipal, como el de Planificación Urbana y Catastro, estarían colaborando con bandas locales, lo que impide cualquier transformación estructural significativa para los ciudadanos del cantón. Grupos como los Chone Killers y los Latin Kings surgieron a raíz del tráfico ilícito de tierras, un conflicto que aún no ha sido resuelto por el municipio.

A esto se suma la grave crisis en el acceso al agua potable: apenas el 20% de la población de Durán cuenta con servicio de agua por tubería. La distribución mediante tanqueros está controlada por miembros de los Grupos Delictivos Organizados (GDO), quienes extorsionan a las familias cobrando hasta USD 100 mensuales por el llenado de sus cisternas. Este hecho evidencia cómo las redes criminales se han incrustado en estructuras políticas y en la provisión de servicios básicos.

Los operativos policiales, por muy eficientes que sean, no bastan. Si no se enfrentan también los facilitadores institucionales del crimen —aquellos que lavan activos, trafican tierras, filtran información, manipulan catastros o gestionan contratos públicos— cualquier esfuerzo estratégico será neutralizado desde dentro. Ni Erik Prince ni el gobierno de turno lograrán resultados sostenibles si no hay una transformación estructural del sistema judicial y administrativo que hoy opera en convivencia con las mafias.

Durán es mucho más que una zona de guerra: es una advertencia. Una muestra de lo que sucede cuando el Estado pierde no solo el monopolio de la violencia, sino también la voluntad política para recuperar su legitimidad.