Columnista invitada
¿Por qué seguimos viendo a individuos y no a las estructuras que sostienen al crimen organizado?
Experta en prevención de crimen organizado. Docente de la UG, con más de 5 años de expertise en prevención de crimen organizado y lavado de activos. Licenciada en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. Máster en Seguridad.
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Acabamos de atravesar un toque de queda de dos semanas en cuatro provincias de la costa ecuatoriana. Desde 2023, estas provincias han experimentado una expansión de sus “zonas calientes”, lo que evidencia que la criminalidad no se ha desplazado, sino que se ha consolidado y extendido territorialmente.
El Oro y Guayas, como las únicas provincias con puertos de exportación, concentran dinámicas específicas de violencia vinculadas al sistema portuario. Por su parte, Santo Domingo y Los Ríos funcionan como corredores logísticos estratégicos: la droga transita por estos territorios, donde no solo se almacena temporalmente, sino que también se redistribuye hacia los puertos de Guayas y El Oro para su salida eventual al mercado internacional. Por esto es que se puede decir que casi el 80% de la violencia se concentra en la costa.
La provincia del Guayas desde el Covid-19 ha mostrado una tendencia reiterativa, engloba casi el 45% de los crímenes violentos a nivel nacional. Mientras que en El Oro desde 2025, las tasas de homicidios se han incrementado debido a la gobernanza criminal del GDO Los Lobos en el puerto marítimo Puerto Bolívar, como la fragmentación del grupo delictivo con los Sao Box.
Estos mapas de calor revelan una realidad contundente: el crimen, lejos de desplazarse o migrar, tiende a permanecer y expandirse desde su “ground zero”, consolidando y ampliando sus zonas de influencia.
En el gráfico izquierdo, correspondiente a Ecuador en 2022, se registran 4.885 muertes a nivel nacional, según datos del Ministerio del Interior (MDI). De estas, el 90,3% corresponden a asesinatos, el 7,02% a homicidios, el 1,78% a feminicidios y el 0,9% a sicariatos. En contraste, el gráfico del lado derecho muestra un Ecuador en 2025 con 9.216 muertes violentas según el MDI: el 94,55% fueron asesinatos, el 4,42% homicidios, el 0,62% feminicidios y el 0,41% sicariatos. La comparación evidencia no solo un incremento significativo en la violencia letal, sino también una mayor concentración en formas de crimen violento vinculadas a dinámicas estructurales del crimen organizado, indiferentemente de las extradiciones o bajas de las estructuras criminales.
El toque de queda arroja, una vez más, resultados cuantitativos: más de 2.000 aprehendidos. Entre ellos, algunos perfiles relevantes como alias 'La Perris', uno de los 47 objetivos militares priorizados, quien fue detenido y asesinado en la Penitenciaría del Litoral en menos de 24 horas.
Por otro lado, capturas más estratégicas dentro del mundo criminal, como alias 'El Gerente', presuntamente vinculado al lavado de aproximadamente 354 millones de dólares, o alias 'Lobo Menor' —que responden a dinámicas de cooperación internacional entre países afectados por el crimen organizado— no son, en estricto sentido, producto del toque de queda ni de los estados de excepción, sino de esfuerzos coordinados de inteligencia y persecución transnacional.
Peter Andreas, en su libro Crimen Desorganizado, capta con precisión el fenómeno cuando señala que, más allá del sexo y los conflictos domésticos, pocos temas resultan tan atractivos para el público como el crimen organizado. El delito individual puede parecer meramente vulgar; en cambio, la idea de grandes conspiraciones criminales ejerce una fascinación persistente.
El problema en Ecuador es que seguimos atrapados en una lectura simplificada y vulgar: la tendencia a identificar a los criminales como únicos responsables. Sin embargo, el crimen organizado no es individual; es, por definición, un entramado que involucra redes, intermediarios y, muchas veces, actores dentro de las esferas política y económica. Paradójicamente, mientras existe una fascinación global por estas complejidades, en el caso ecuatoriano aún predomina una narrativa que no logra, o simplemente no quiere, ver más allá de los individuos hacia las estructuras que realmente sostienen estas economías ilícitas.
A pesar de las detenciones, incautaciones e intervenciones militares, los grupos criminales continúan adaptándose mediante procesos de descentralización y diversificación hacia otros mercados ilícitos, como la minería ilegal. Este panorama difícilmente cambiará mientras las acciones se concentren en actores de menor jerarquía, como “alias Topo”, y no alcancen a aquellos criminales de real interés que operan con mayor nivel de invisibilidad, insertos en la esfera pública y en los círculos de poder económico y social del país, desde Samborondón hasta Cumbayá.