Columnista invitada
Ecuador es la superautopista del narcotráfico: el dinero, el poder y el control pesan más que la vida de las personas
Experta en prevención de crimen organizado. Docente de la UG, con más de 5 años de expertise en prevención de crimen organizado y lavado de activos. Licenciada en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. Máster en Seguridad.
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CNN logra nuevamente posicionar a Ecuador en la discusión internacional, presentando cifras que los analistas nacionales ya conocían. Un análisis vago y superfluo que titularon 'Ecuador: la superautopista del narcotráfico'. Además, aclara que el 70% de toda la cocaína consumida en el mundo pasa por Ecuador, debido a que gran parte de la logística se concentra en el país. La mayoría de los contenedores que salen del comercio legal ecuatoriano transportan banano, ya que una de cada seis bananas consumidas en el mundo proviene de Ecuador.
Al ser un producto perecible, el banano debe movilizarse rápidamente a través de las grandes navieras, lo que limita los controles: apenas un 2% de los contenedores son inspeccionados por los agentes de seguridad portuaria del país. Este bajo porcentaje no solo responde al alto volumen de carga en los puertos de aguas profundas nacionales, sino también a la cooptación de miembros de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y funcionarios públicos, quienes incluso afirman que algunos escáneres nuevos “no funcionan”.
El caso de Ecuador es peculiar —tal como los 10 especialistas nacionales ya lo sabíamos—: el país no cultiva grandes cantidades de droga ni produce drogas sintéticas, pero hoy es el más violento de América Latina y el Caribe. Cada hora ocurre un homicidio y, en promedio, se registran 25,5 muertes diarias. Si esta tendencia se mantiene en 2025, cerraremos el año con una tasa de 54 homicidios por cada 100.000 habitantes, convirtiéndose en el más violento de la historia, superando incluso a 2023, cuando la tasa fue de 46,25 por cada 100.000 habitantes.
La verdadera amenaza —y la causa del fortalecimiento del crimen organizado y del incremento de la violencia— no es únicamente la droga ni la demanda, pese a que en Ecuador existe una demanda interna significativa. El país ocupa el tercer lugar en consumo de cocaína en Sudamérica, y los consumidores locales están dispuestos a pagar por droga de alta calidad. El problema de fondo del Ecuador radica en la corrupción que permea a funcionarios públicos en los puertos, miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, así como a empleados del sector privado vinculados a la cadena logística, la sociedad civil. En Ecuador, el dinero mal habido jala más que un camión. La pobreza moral y la ausencia de valores se celebran, y la cultura delictiva gana terreno. Este es un problema que, si los ecuatorianos no reconocen y enfrentan, nunca podrán superar.
Según CNN, Ecuador cuenta con 22 grupos criminales que luchan por el control de las rutas del narcotráfico, estableciendo una gobernanza paralela que abarca incluso otros mercados ilícitos, como el tráfico ilegal de oro. Sin embargo, CNN no considera el proceso de atomización que sufrió el país en pleno 2024, cuando, según datos de ACLED, para 2025 Ecuador registra al menos 37 grupos criminales locales activos.
En Ecuador, culturalmente pesa más la cantidad de dinero que se tiene que la forma en que se obtuvo. Importa más pertenecer a determinados clubes sociales o vivir en una urbanización cerrada de prestigio. Samborondón, que según CNN se presenta como una “burbuja de paz” en Guayaquil —una de las ciudades más peligrosas del país—, es un ejemplo de esta narrativa. Sin embargo, la realidad es muy distinta: en sus urbanizaciones, al igual que en las de Cumbayá, habitan narcotraficantes y altos mandos de organizaciones criminales, tanto locales como internacionales. Para cualquier ciudadano, lo más peligroso es tener a un narcotraficante como vecino: el riesgo de ser alcanzado por una bala perdida, indiferentemente del barrio, aumenta cada vez que bandas rivales intentan asesinar a sus líderes.
Por otro lado, en las islas Galápagos, el narcotráfico está en expansión. Las rutas de contrabando que atraviesan el archipiélago se utilizan para enviar drogas hacia Estados Unidos en lanchas go fast, tripuladas por pescadores artesanales. En cada viaje hacia puertos informales de Centroamérica o México, estos pescadores pueden obtener entre 30.000 y 60.000 dólares. Más que por necesidad económica, lo hacen por la misma idiosincrasia ecuatoriana y el valor simbólico que el dinero representa en el país.
Los pescadores artesanales suelen tomar la ruta sur —más larga— para evadir los controles de la Armada. Esto no supone un problema logístico, ya que cargan suficientes galones de combustible y las ganancias del negocio son extraordinarias. Por otro lado, un secreto a voces es que, desde hace años, ciertas instituciones estatales también facilitan el transporte de drogas en las Galápagos. En 2024, las autoridades incautaron 250 toneladas de cocaína, lo que representa un aumento del 30% respecto a 2023.
CNN pone un énfasis especial en la pobreza extrema de Ecuador. Sin embargo, la pobreza no es el único factor que alimenta el crimen organizado. Ciudades como Rotterdam o Los Ángeles también registran delincuencia organizada como cooptación a los departamentos de policía nacional, pese a que sus condiciones de pobreza son muy distintas a las ecuatorianas.
El documental, según David Culver, menciona la necesidad de que Estados Unidos intervenga en Ecuador, sosteniendo que el país, cuando tenía la base de Manta, no tenía la tasa de homicidios actual. Sin embargo, la historia demuestra que Ecuador siempre tuvo unas tasas de violencia medias altas, según estándares internacionales. Entre 2001 y 2013, las tasas de homicidio oscilaron entre 12 y 18 por cada 100.000 habitantes, mientras la corrupción permanecía profundamente arraigada en las instituciones.
En la cultura ecuatoriana, a menudo se tolera —se admira— a quienes logran enriquecerse sin importar los medios, ya sea mediante actividades criminales, el ejercicio del poder político o prácticas económicas cuestionables. Esta permisividad social abarca desde líderes de organizaciones delictivas hasta figuras políticas y empresariales.