Estado ciego, sordo y mudo

Cinco meses después de la desaparición y asesinato de cuatro niños en Las Malvinas, en Guayaquil, lo que debería haber sido un proceso judicial ejemplar se ha convertido en una cadena de errores, omisiones e impunidad institucional. Ismael y Josué Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina no solo fueron víctimas de tortura y de asesinato, sino también del abandono sistemático de un Estado que parece más interesado en encubrir a los responsables que en hacer justicia.

Aunque la Fiscalía ha asegurado que no reducirá las penas de los 16 militares involucrados, cuatro uniformados han optado recientemente por cooperar, revelando detalles atroces sobre lo ocurrido. Los adolescentes, según los testimonios, fueron obligados a desnudarse y posteriormente brutalmente golpeados. Nehemías, de apenas 15 años, recibió un golpe tan violento que le provocó una fractura de cráneo. Aun así, los niños fueron forzados a caminar tres kilómetros hasta Taura, donde un hombre conocido como “ el señor Tomalá” les brindó ayuda y les permitió hacer una llamada.

Lo que siguió fue aún más espeluznante: disparos, entierros clandestinos, cuerpos calcinados sin órganos en pleno proceso de putefracción. Un intento grotesco por eliminar evidencia, mientras el sistema judicial demoraba inexplicablemente su accionar. Hoy, 16 militares están bajo investigación. Ninguno había hablado hasta ahora. Todos, desde el inicio del proceso, se acogieron al derecho al silencio, como bien lo señaló Fernando Bastidas Robayo, coordinador del Comité de Derechos Humanos en Guayaquil.

La pregunta que flota en el aire no es solo por qué tardaron tanto, ya que el Estado siempre es lento e ineficiente, sino: ¿quién los protegió?

Desde el primer momento, según los padres, la actuación de la Unidad Antisecuestros y Extorsión (UNASE) fue, en el mejor de los casos, negligente. Los padres denunciaron el secuestro de sus hijos el mismo día, pero días después —por recomendación de la propia UNASE— se vieron obligados a cambiar la denuncia a “desaparición”.

El trato recibido por las familias ha sido ineficiente. A lo largo del proceso, han sido víctimas de revictimización constante. Desde preguntas insólitas como por qué no fueron personalmente a rescatar a sus hijos, hasta la difusión de 'fake news' que intentaban vincular a los menores con pandillas mediante supuestos tatuajes. “Ninguno de nuestros hijos tenía tatuajes, ni eran criminales”, dicen los padres. “Eran niños.”

Luis Arroyo, padre de dos de las víctimas, ha sido uno de los rostros más visibles en la exigencia de justicia. Según él, el encubrimiento trasciende a los 16 militares procesados. “Hay más personas involucradas, y muchas de ellas ocupan cargos dentro de las instituciones del Estado.” Cuando intentó denunciar el secuestro tras recibir la llamada de auxilio, recibió otra llamada: esta vez, para advertirle que nunca tuvo que contactar a la Policía Nacional. El “señor Tomalá” poco después de la llamada a la policía, fue amenazado en su propia casa por los autores del crimen de los cuatro niños. ¿Cómo es posible que los autores del crimen supieran tan rápido que había acudido a las autoridades? ¿Quién les avisó?

"El señor Tomalá", quien asistió a los jóvenes, hoy está en el programa de protección a testigos. Pero su caso deja en evidencia algo más profundo: la cooptación del aparato público por redes criminales. Un sistema que responde más rápido para amedrentar testigos que para proteger a los propios ciudadanos.

En Las Malvinas, nada ha cambiado. De hecho, según los mismos padres, ahora hay más miedo. “Cada vez que los niños ven pasar a la Policía o a las Fuerzas Armadas, salen corriendo. Tienen miedo de que se los lleven.” El UPC (Unidad de Policía Comunitaria) del sector no funciona. No hay seguridad. No hay respuestas. Y lo más doloroso de todo el caso, es que no hubo una sola palabra de consuelo del Presidente o sus ministros hacia las familias. Ni una llamada. Ni una visita hasta el día de hoy.

La impunidad no es solo el fracaso del sistema de justicia: es el aliado directo del crimen organizado y de una violencia que se ha vuelto estructural. Ecuador se ha convertido en un terreno fértil para estas redes, un nuevo "Wall Street" del narcotráfico, liderando en 2024 el ranking mundial de decomisos de cocaína. El caso de los cuatro adolescentes asesinados en Las Malvinas evidencia que las estrategias tradicionales contra el crimen organizado han fracasado. Enfrentar esta crisis requerirá no solo reformas institucionales, sino también la implicación activa del sector privado y de la sociedad civil.

Combatir a los intermediarios políticos y económicos que sostienen estas estructuras criminales será la única forma de evitar que tragedias como la de Las Malvinas se repitan. Porque este horror no es exclusivo de los barrios más vulnerables: puede reproducirse en Cumbayá, en Samborondón o en cualquier rincón del país donde el Estado abdique de su responsabilidad de hacer el trabajo que le compete.