Columnista invitada
Del voto al soborno: cómo el crimen organizado compra la política
Experta en prevención de crimen organizado. Docente de la UG, con más de 5 años de expertise en prevención de crimen organizado y lavado de activos. Licenciada en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. Máster en Seguridad.
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El financiamiento privado de las campañas políticas puede presentarse como una política pública que no solo alivia el gasto del Estado, sino que también promueve una cultura democrática. Un ejemplo claro es el modelo de Estados Unidos, donde las grandes donaciones privadas suelen estar acompañadas de incentivos fiscales que reducen los impuestos que los donantes deben pagar anualmente. Estas donaciones, están ligadas a una cultura de transparencia. Sin embargo, en América Latina la falta de corresponsabilidad y de una adecuada gestión ha generado un terreno fértil para que grupos de delincuencia organizada financien campañas políticas a cambio de cargos públicos, facilidades en sus operaciones criminales, o injerencia en las decisiones políticas.
El ejemplo más evidente en la región es México, con el caso del exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, quien recibió millones de dólares del Cártel de Juárez. A cambio, garantizaba impunidad en el Estado y facilitaba el tránsito de cargamentos de cocaína. Se estima que llegó a recibir hasta 500.000 dólares por cada envío, mientras las autoridades hacían la vista gorda ante las operaciones de contrabando de drogas.
Este intercambio de dinero por favores políticos en territorios con alta criminalidad no solo ocurre con funcionarios en ejercicio, sino también durante los periodos de campaña, tanto en elecciones presidenciales como locales. Según el académico y penalista Efrén Guerrero, “el crimen organizado financia a casi todos los candidatos en México, ya que con los políticos electos pueden asegurar contratos de gestión de basura, transporte, obra pública, e incluso controlar corredores fronterizos, entre otros”. Se trata, en definitiva, de una relación de equilibrio y beneficio mutuo, en la que el financiamiento ilícito sostiene la política, y la política, a su vez, abre las puertas a los intereses criminales.
La corrupción está tan profundamente entrelazada con el narcotráfico en México y en la región, que resulta imposible combatir a los traficantes sin ir también tras los políticos, los mandos militares y los funcionarios policiales que los respaldan. De acuerdo con Efrén Guerrero, es indispensable adoptar medidas que prevengan el financiamiento de campañas con aportes de donantes privados y donantes anónimos, a fin de limitar la injerencia de grupos criminales en los procesos electorales. Para ello, se requiere una gestión adecuada por parte de la UAFE, con protocolos actualizados en línea con los acuerdos de Basilea y un sistema eficiente de cruce de información.
Asimismo, la UAFE debe fomentar una corresponsabilidad efectiva entre bancos, cooperativas nacionales y partidos políticos, de modo que todos los actores involucrados garanticen la transparencia y la integridad del sistema electoral. El financiamiento privado de los partidos políticos en Ecuador puede convertirse en un terreno extremadamente fértil para consolidar una gobernanza criminal con la complicidad de autoridades, especialmente considerando que la UAFE ha mostrado una eficacia limitada en su rol de unidad de análisis financiero.
El experto en seguridad Fernando Carrión ha señalado que la UAFE apenas reporta movimientos por alrededor de 100 millones de dólares en los esquemas nacionales de lavado de activos, cuando solo el narcotráfico —que representa un único mercado dentro del crimen organizado— genera al menos 4 mil millones de dólares en ingresos en Ecuador.
Por otro lado, para reducir la injerencia de actores criminales en la política, resulta indispensable que los partidos apliquen procesos de debida diligencia y que exista una supervisión rigurosa sobre el origen de los fondos destinados al marketing digital. Este aspecto es crítico, ya que la normativa vigente en Ecuador no contempla con suficiente claridad el control de los recursos invertidos en campañas en redes sociales, a pesar de que la mayor parte del gasto en marketing político se concentra en estas plataformas.
En este sentido, tanto los partidos políticos como la UAFE y las entidades bancarias deben implementar de manera estricta políticas de “know your customer” para garantizar transparencia y trazabilidad en el financiamiento electoral. De no establecerse este tipo de medidas, tanto en el marco normativo como en la política pública, se corre el riesgo de facilitar la compra de voluntades políticas, lo que incrementa la corrupción, la violencia y la penetración del crimen organizado en Ecuador.