Columnista invitada
Latinoamérica a la deriva: La frágil estrategia de Estados Unidos contra el crimen organizado
Experta en prevención de crimen organizado. Docente de la UG, con más de 5 años de expertise en prevención de crimen organizado y lavado de activos. Licenciada en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. Máster en Seguridad.
Actualizada:
En febrero de 2025, la administración Trump designó como grupos terroristas internacionales (FTOs) a las Maras Salvatruchas, el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, el Cártel del Noreste “Los Zetas”, el Cártel del Golfo, la Nueva Familia Michoacana y el Cártel de los Soles. Esta designación persigue dos objetivos principales: servir como una estrategia de securitización y como un mecanismo para eludir el derecho internacional, permitiendo así la justificación legal para eliminar y/o vigilar a dichas organizaciones. Sin embargo, si se tratara de un fenómeno sencillo, las estrategias militares habrían resultado exitosas en países como México, Italia y otras partes del mundo. La realidad es que, internacionalmente, el crimen organizado sigue teniendo una fuerte presencia.
La estrategia militar de Estados Unidos puede parecer efectiva debido a su agresividad. Sin embargo, es un movimiento clásico dentro del marco de la securitización, a menudo orientado a crear un enemigo común con fines políticos más que a contrarrestar de manera efectiva el crimen organizado en la región. Este tipo de medidas no suelen estar motivadas por un deseo genuino de lograr un cambio sustancial, sino por la intención de mantener el poder mediante maniobras políticas erráticas.
Esto es particularmente evidente en el caso del Cártel de los Soles de Venezuela. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que tanto Nicolás Maduro como dicho cártel eran responsables de traficar drogas hacia Estados Unidos y Europa. Es un rumor a voces por años dentro del nicho de crimen organizado que el gobierno de Maduro ha logrado mantenerse a pesar de las sanciones impuestas, en gran parte gracias a los ingresos provenientes de grupos de delincuencia organizada que operan dentro de la industria minera ilegal de oro en Venezuela. De hecho, la minería de oro genera más ingresos que el narcotráfico y es un método más eficaz para el lavado de dinero. Debido a que es un producto que no se puede devaluar, es legal y todos dentro del mundo financiero quieren comprar oro.
Un impulso militar agresivo, sin políticas públicas complementarias para combatir eficazmente el crimen organizado —como una aplicación de la ley transparente, medidas anticorrupción y estrategias contra el lavado de dinero— no reducirá el crimen organizado. Por el contrario, probablemente provoque un aumento sostenido y, con el tiempo, las propias fuerzas militares podrían ser infiltradas y corrompidas por grupos delictivos organizados lo cual ya ha sucedido en México con la DEA. En efecto, sería como dispararnos en el pie.
Necesitamos empezar a tratar a los grupos de crimen organizado no simplemente como redes de narcotráfico, sino como organizaciones sofisticadas capaces de infiltrarse en economías legales en todo el mundo. Corrompen a funcionarios públicos y políticos como sus intermediarios. Actúan como un virus, causando estragos en la sociedad.
Por otro lado, la estrategia de designar erróneamente a los grupos criminales como terroristas tiene un motivo pragmático: justificar el uso de fuerza militar contra barcos sin bandera en aguas internacionales. Esta motivación evidencia el escaso entendimiento de la administración Trump sobre el crimen organizado, ya que aproximadamente el 80 % de las drogas que ingresan a Estados Unidos lo hacen a través del comercio legal, es decir, por buques de carga. Las navieras gigantes del mundo, lamentablemente pueden transportar grandes cantidades de drogas debido al enorme volumen de contenedores que manejan. Por ejemplo, en julio 2023 las autoridades portuarias de Róterdam detectaron ocho toneladas de cocaína en un buque de la naviera Maersk, con un valor en la calle de 698 millones de dólares, la mayor incautación de cocaína en Países Bajos, según una información de Financial Times.
La criminalidad en Latinoamérica sigue disparándose. Costa Rica, a pesar de su imagen de estabilidad, enfrenta una ola de violencia sin precedentes. En Ecuador, la provincia de Los Ríos supera por primera vez a Guayas en homicidios, con una tasa de 61,32 por cada 100.000 habitantes, impulsada por grupos delictivos locales que contaminan contenedores de banano al salir de las haciendas. Mientras tanto, la extradición de Celso Gamboa Sánchez a Estados Unidos, alto mando de la política costarricense. evidencia la presión internacional sobre el crimen organizado. Latinoamérica sigue esperando una estrategia efectiva de Estados Unidos, pero lo que se vislumbra es un escenario donde, nuevamente, un ciego termina guiando a más ciegos.