Marco Rubio y la agenda de Estados Unidos: “guerra contra el terror” en Ecuador

La llamada “Guerra contra las drogas” en México resultó un fracaso, a pesar de que Estados Unidos destinó alrededor de 3.3 mil millones de dólares a través de la Iniciativa Mérida, financiada con los impuestos de los ciudadanos estadounidenses. En 2006, México registraba aproximadamente 30 carteles, entre los más notorios el de Sinaloa, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Zetas. Para 2019, cuando oficialmente concluyó la estrategia, el número había aumentado a cerca de 327 organizaciones criminales, según expertos nacionales.

Por otro lado, el diario mexicano El Economista señaló que se comenzó con seis grandes carteles y se terminó con más de 37. Más allá de las diferencias en las cifras, existe un común denominador: la fragmentación del crimen organizado dio origen a múltiples “microcarteles”, un fenómeno que Ecuador ya comienza a experimentar desde 2024.

Durante su visita a Ecuador, el secretario de Estado Marco Rubio planteó tres ejes principales en la agenda con el gobierno de Daniel Noboa: la migración ilegal, la seguridad y el comercio internacional. En ese marco, se declaró a Los Choneros y a Los Lobos como Foreign Terrorist Organizations (FTOs), lo cual implica, en la práctica, habilitar la capacidad de eliminar a los miembros de estas organizaciones criminales, dando lugar a lo que podría considerarse una “Guerra contra las drogas 2.0”.

Si bien esta estrategia puede sonar a “justicia divina” frente a los miembros de los GDOs y a sus gatilleros, el problema estructural es más profundo. La primera Guerra contra las drogas ya demostró su fracaso porque la sociedad civil nunca consolidó una verdadera cultura anti-narco. Además, los miembros de base de estas organizaciones son, en gran medida, carne de cañón, mientras que los verdaderos responsables del crimen organizado son los líderes políticos y económicos que dependen de las mafias

Un ejemplo paradigmático es el de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en México, quien aceptó sobornos por alrededor de 7 millones de dólares del Cartel de Sinaloa, a pesar de ser un actor central en la llamada Guerra contra las drogas. Pese a que los Chapitos, el Mayo Zambada y el Chapo Guzmán están detrás de rejas en Estados Unidos, el cartel de Sinaloa sigue activo, fragmentándose y aún generando violencia en México. Debido a que hay empresas legales y personas influyentes que aún lucran de Sinaloa.

El problema de declarar a Los Choneros y a Los Lobos como grupos “narcoterroristas” no solo debe analizarse desde la perspectiva latinoamericana, sino también desde la estadounidense. Esta clasificación implica, en la práctica, la apertura de una nueva “guerra contra las drogas” y “contra el terrorismo”, dos modelos que ya han fracasado tanto en América Latina como en Medio Oriente, lo cual resulta preocupante.

Esto no significa que no se deba actuar con firmeza contra estos grupos ni que no sean necesarias leyes sólidas para enfrentar a la delincuencia organizada. No obstante, limitarse únicamente a la represión, sin incorporar estrategias de prevención e inteligencia, generará un “efecto globo”: los grupos criminales, tanto nacionales como internacionales, incrementarán su arsenal, sus recursos económicos y, en consecuencia, la violencia. Un símil ilustrativo sería intentar que un adicto a la coca deje de consumir o que un asesino en serie deje de matar a punta de golpes. No funciona. No les interesa detenerse.

En el caso ecuatoriano, el problema central radica en la ausencia de una estrategia definida y de políticas públicas específicas para enfrentar al crimen organizado. Esta falta de planificación nos ha perjudicado, al punto de que incluso hemos tenido que informar a Estados Unidos qué necesitamos como condición para recibir a los 300 prisioneros de otros países que serán deportados. La situación es grave porque, por primera vez en Ecuador, con el grupo R7 se ha consolidado una estructura delictiva dentro del sistema penitenciario nacional. Si llegaran a incorporarse personas vinculadas al Primeiro Comando da Capital o al Tren de Aragua —organizaciones que se originaron precisamente en contextos carcelarios—, existe un alto riesgo de que surjan más facciones del crimen organizado en nuestras cárceles, convirtiéndolas en verdaderos epicentros de grupos delictivos.

El gobierno del Ecuador parece estar más preocupado por obtener el aval de Estados Unidos con el fin de acceder a mayores recursos del Banco Mundial que por diseñar una estrategia propia y sólida contra el crimen organizado. Creer que disponer de más dinero será suficiente para mantener la tasa de popularidad y enfrentar este fenómeno es un error, ya que se trata de un negocio global que moviliza más capital que gran parte del comercio legal, precisamente porque sus productos y servicios son ilícitos. El gobierno necesita resultados de urgencia. Una alternativa más efectiva hubiese sido replicar las estrategias implementadas en su momento por el Estado de Nueva York para contener a la mafia italiana, como la intervención de comunicaciones, trabajo conjunto con el FBI o la CIA y la aplicación del RICO Act.

Sin embargo, da la impresión de que ambas administraciones actúan con base en propuestas arriesgadas. Donald Trump, en su libro El arte de la negociación, sostiene que si eres un poco extravagante o controvertido, la prensa inevitablemente hablará de ti. Tal vez esa es la lógica que están siguiendo debido a que una meta de Trump es obtener un Premio Nobel de la Paz.