Los países que han decretado guerras contra el crimen organizado y el narcotráfico tiene algunos elementos en común: militarización de la seguridad, escalada de violencia, violaciones de derechos humanos. México y Colombia fracasaron, El Salvador es el único caso de 'éxito', bajo un régimen autoritario y un estado policial.
En Latinoamérica no es nueva la estrategia estatal de darle poder a las Fuerzas Armadas para que enfrenten al narcotráfico, después de la decisión de un gobierno de turno. Así lo hicieron, por ejemplo, Colombia, México y más recientemente El Salvador.
Además del crecimiento del narco, los otros ingredientes en esos casos fueron: un sistema judicial corrupto, un cuerpo policial infiltrado, una mejor imagen y mayor capacidad de los militares y la influencia de Estados Unidos en la guerra contra las drogas.
Ecuador tiene un escenario similar e inició por el mismo rumbo el 9 de enero, cuando el presidente Daniel Noboa declaró un conflicto armado interno contra 22 grupos delictivos, considerados como terroristas, y que ahora son un objetivo militar.
Y, aunque en el ordenamiento jurídico ecuatoriano no exista la posibilidad de mantener un "estado de guerra", la frase ha sido asimilada y replicada con facilidad por las autoridades, no solo del Ejecutivo. Ahora, los discursos de guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado abundan.
En los 10 primeros días de este conflicto, los policías y militares han realizado más de 26.000 operativos, con 2.369 detenidos (158 por terrorismo), cinco "terroristas abatidos", dos policías fallecidos e incautaciones de miles de armas, drogas, dinero y vehículos.
Mientras tanto, el crimen organizado también ha respondido con balaceras, secuestros, motines en las prisiones, retención de guías penitenciarios, 25 atentados contra infraestructura pública y privada y decenas de alertas de bomba, posteriormente descartadas.
A la par, el gobierno de Noboa sigue tomando medidas para intentar financiar esta 'guerra y a la vez busca apalancarse también en la cooperación internacional.
Sin embargo, ¿qué pasó en otros países de la región que militarizaron la 'guerra' contra el narcotráfico? A continuación, PRIMICIAS hace un breve recuento:
Colombia
Recolectores de hoja de coca trabajando en un campo cerca del municipio de Olaya Herrera, departamento de Nariño, Colombia. Foto del 12 de mayo de 2023. Joaquín Sarmiento / AFP
La producción y procesamiento de cocaína en Colombia empezó a crecer a partir de la década de los 60, a la par del conflicto armado interno. Pero la 'guerra contra las drogas' empezó en abril de 1984, después de que el capo Pablo Escobar mandó a asesinar al ministro de Justicia y el Gobierno expidiera una Ley de Extradición de Narcotraficantes.
Desde entonces, han seguido naciendo leyes y estrategias para luchar contra el narcotráfico, a la par de los procesos para buscar la paz con las guerrillas. Sin embargo, pese a ello, Colombia se convirtió en el mayor exportador de cocaína del mundo.
Ya en 1999, durante el gobierno de Andrés Pastrana, arrancó el conocido Plan Colombia, con el cual, entre 2001 y 2016, Estados Unidos invirtió USD 10.000 millones en ayuda militar, como parte de una estrategia antinarcóticos.
Pero, durante la ejecución del plan, los cultivos de coca aumentaron, el narcotráfico se fragmentó y se hizo más difícil de combatir, y se abrieron otras fuentes de financiamiento de los grupos armados (como la minería ilegal).
Aunque se redujeron los homicidios, se agudizó el problema de los desplazamientos forzados y se incrementaron las violaciones de derechos humanos (y casos de falsos positivos). Pero, según las autoridades colombianas, el plan fue exitoso, especialmente, en el fortalecimiento de la fuerza pública, principalmente de los militares.
Pero esto no detuvo el cultivo de coca, que ha ido creciendo y, para finales de 2023, Colombia tenía 230.000 hectáreas de coca y seguía siendo el primer productor mundial. El 65% se concentran en los departamentos de Nariño y Putumayo, fronterizos con Ecuador, y en Santander, fronterizo con Venezuela.
Es por eso que el izquierdista Gustavo Petro decidió cambiar radicalmente la política antinarcóticos, después del fracaso de la militarización de la lucha contra el narcotráfico.
El Mandatario decidió frenar las extradiciones de los capos que negocien con el Estado y dejen las actividades delictivas, priorizar la erradicación manual y sustitución voluntaria de los cultivos de coca, no más fumigación con glifosato, entre otras.
México
El nacimiento de la mayoría de carteles en México se remonta a finales de la década de los 70. Y en diciembre de 2006, el presidente Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico y ordenó a las Fuerzas Armadas acabar con el crimen organizado, para poner fin a la violencia y recuperar territorios dominados por el narco.
En 2007, Estados Unidos entró en escena con la Iniciativa Mérida, un "paquete de ayuda financiera destinada al combate del cultivo, producción y consumo de drogas(...) a través del fortalecimiento institucional,(...) que incluye el fortalecimiento de las capacidades tácticas, técnicas y de inteligencia por parte de las Fuerzas Armadas".
Sin embargo, Calderón no contaba con una estrategia definida, lo que ocasionó una creciente ola de violencia nunca antes vista. Solo en los dos primeros años, los homicidios subieron un 34%. Pero la militarización se mantuvo.
Y, para el cuarto año de gobierno, las autoridades reconocieron no haber conseguido su propósito. Lejos de ello, los carteles se volvieron más sanguinarios y en 2010 empezaron las masacres a civiles. Para finales de los seis años de gestión de Calderón, el número de homicidios se había duplicado, a más de 121.000.
En 2012, el presidente Enrique Peña Nieto decidió mantener esa guerra, pero focalizar la presencia de los grupos militares en los estados más violentos. Y, pese a la desarticulación de la mayoría de carteles y la captura o baja de decenas de capos y líderes criminales, el objetivo de la militarización, de reducir la violencia, siguió sin cumplirse.
Además, las capturas de figuras como 'El Chapo' Guzmán conllevaron una guerra por territorios y también al interno por el control de los carteles. Durante ese gobierno incrementaron la extorsión y los secuestros.
Hubo reiteradas denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de los militares o policías. Y los casos de desapariciones y fosas con cuerpos no identificados se convirtieron en noticia constante.
A finales de enero de 2019, el presidente Andrés López declaró el fin de la guerra contra el narco. Pese a ello, el actual gobierno rompió el récord de homicidios y, hasta inicios de septiembre de 2023, ya acumulaba más de 165.000 asesinatos. Sin contar que los cárteles han continuado expandiéndose.
El Salvador
Fotografía cedida por El Gobierno de El Salvador que muestra pandilleros de la Mara Salvatrucha y Barrio 18 durante una requisa en el Centro Penal de Quezaltepeque, en El Salvador, el 29 de marzo de 2022. EFE
El caso de El Salvador es más reciente y es conocido como guerra contra las pandillas o el terrorismo, que se inició con la llegada del presidente Nayib Bukele, en marzo de 2022. Sin embargo, desde junio de 2019, el Mandatario había arrancado con un plan de control territorial.
Desde 1990, las violentas pandillas empezaron a asentarse y crecer en el país centroamericano, que a raíz de 2000 estuvo hundido en la violencia, con una de las tasas de asesinatos más alta de la región.
El control de las pandillas era casi total; las extorsiones y asesinatos eran algo cotidiano. Pero, después de las primeras fases del plan gubernamental, el 9 de septiembre de 2020, Bukele irrumpió en la Asamblea Nacional con las Fuerzas Armadas y amenazó a los diputados.
En 2021, con una mayoría legislativa se hizo también con el poder Judicial. Y en marzo de 2022, la Asamblea oficialista aprobó un estado de excepción, que se ha prorrogado mensualmente, por 19 ocasiones hasta la fecha.
Con esa herramienta legal, la fuerza pública salvadoreña puede arrestar a cualquier persona sin explicarle el motivo de la detención en el sistema penitenciario, especialmente en la megaprisión inaugurada a principios de 2023.
Según las cifras oficiales, hay más de 72.000 detenciones desde entonces, mientras que las organizaciones humanitarias dan cuenta de más de 5.000 "víctimas directas" de atropellos a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias.
A esto se suman los muertos durante los operativos, las desapariciones y denuncias de tortura en las cárceles sobrepobladas. Pero El Salvador pasó de una tasa de 103 muertes violentas por cada 100.000 habitantes en 2015 a una de 2,4 al cerrar 2023. Y las pandillas han sido desarticuladas.
El presidente Bukele goza de la popularidad más alta de la región, pero su régimen le ha costado al país arrestos masivos que se han llevado a miles de personas inocentes a prisión, la erosión de las libertades civiles y el descenso del país hacia un Estado policial cada vez más autocrático.
Pese a todo, Bukele se encamina a la reelección este año, con una intención de voto del 71% y con el anuncio de que su siguiente 'guerra' será contra los funcionarios corruptos, para los cuales ofreció también construir una cárcel especial.
Contenido Patrocinado
Banco del Pacífico cumple 52 años a favor de la evolución financiera
Contenido Patrocinado
Ciencias computacionales, opciones infinitas en un mundo digital
Lo último