El desafío político de Ecuador está en fortalecer y depurar las instituciones de seguridad sin otorgarle demasiado poder a la fuerza pública.
Por Catalina Gil Pinzón
Cada mes que pasa se vuelve más visible la compleja situación de seguridad que vive Ecuador: masacres en cárceles, fortalecimiento de crimen organizado nacional e internacional, aumento de homicidios, armas de fuego ilegales circulando, un candidato presidencial asesinado, la televisión pública tomada en directo y millones de personas viendo. Todo suscita el recuerdo angustiante de que Ecuador va a pasar por la misma suerte de México y Colombia: otro más.
El mundo está mirando y hay presión. ¿Qué hará para no terminar como esos dos países? Mi consejo es que no sigan nuestro ejemplo, especialmente en dónde diferentes líderes, en ambos países, enfocaron sus discursos y concentraron su capital político.
La tarea más urgente que tiene Ecuador es recuperar el monopolio legítimo de la fuerza y esto implica fortalecer la capacidad y habilidad del Estado para gestionar la seguridad. Pero la gobernanza de este sector se vio afectada al eliminar y fusionar instituciones claves con competencia directa en este ámbito hace como siete años.
El resultado: debilitamiento y eliminación de recursos humanos calificados y profesionalizados, así como de capacidades técnicas, tecnológicas y financieras adecuadas. Además, como era de esperar, varias organizaciones criminales aprovecharon la oportunidad para avanzar en sus intereses y consolidar su poder.
Llegados a este punto crítico, el desafío político está en fortalecer y depurar las instituciones de seguridad y defensa sin caer en la tentación de otorgarle demasiado poder a la fuerza pública, sin las herramientas necesarias para ejecutarlo de manera eficaz y medida, y sin la debida supervisión y rendición de cuentas.
La experiencia en países como Colombia y México muestra que una fuerza pública con excesivo poder, poco control y ciego apoyo político termina acumulando gran poder político y económico, las hace propensas a más escándalos de corrupción y violaciones de derechos humanos y las vuelve menos eficiente en su labor: una suerte de cirujanos con un machete. Además, al estar más involucradas en el actuar administrativo del Estado, se les facilita bloquear cambios institucionales futuros. Y revertir ese poder brindado se volverá una tarea monumental.
Además de recuperar el monopolio de la fuerza con herramientas y mecanismos de control, espero que Ecuador sea más estratégico que Colombia y México y le apueste también al otro lado de la moneda: la justicia. No puede haber seguridad sin un sistema de justicia eficiente y eficaz.
Por eso, para reducir la violencia y contener la criminalidad organizada es insuficiente con enviar a militares a las calles y seguir sobre poblando las cárceles. Son acciones populares, pero también son contraproducentes porque escalan aún más la violencia y fortalecen grupos criminales como Ecuador ya ha comprobado: sus cárceles terminaron convirtiéndose en escuelas criminales.
Así que ojalá este país escoja el camino de fortalecer y optimizar el trabajo de fiscalías y jueces, de dejar de abusar de la figura de prisión preventiva, de pensar en medidas alternativas al encarcelamiento para delitos menores y no violentos, de despenalizar algunas conductas, de mejorar los sistemas penitenciarios y de invertir en programas de prevención de reincidencia.
Otro aspecto donde Ecuador puede marcar una diferencia significativa, al no seguir el ejemplo de México y Colombia, es evitar enmarcar todo (discursos, agenda, políticas de seguridad defensa y de justicia) dentro de la lucha contra el narcotráfico.
La tentación de hacerlo parece una respuesta natural en la medida en que buena parte de las acciones criminales observadas se relacionan con este mercado. Pero mantener la idea de que la guerra contra las drogas es la solución es casi insultante ante la gigantesca evidencia acumulada tras décadas de fracaso. No olvidemos que lo que pasa en Ecuador pasa bajo un sistema de prohibición internacional de las drogas. Sí, paradójico.
Entonces espero que Ecuador sea más cauto, y logre llegar a ese punto de hablar de seguridad y drogas en sus justas proporciones. Pero también que sea más atrevido, y solicite o haga evaluaciones de qué ha servido y qué no en esta materia en la región: un balance de dinero invertido en esta lucha versus impactos reales.
Ojalá que Ecuador sea a la vez más autónomo y no deje llevarse por la presión que seguro le impondrá Washington (donde ya debe haber mentes pensando en un Plan Ecuador), diseñando e implementando su propia agenda. Coordinada de igual a igual con quien sea oportuno, pero no impuesta. Ojalá que sea más valiente y se una a Colombia en su objetivo de promover un cambio de paradigma, porque no podemos seguir rigiéndonos por convenciones de control de drogas pensadas hace más de 60 años. Ojalá que Ecuador sea más sensato al centrar esfuerzos en el lavado de activos, donde realmente se puede afectar a las organizaciones criminales, y donde está un punto débil de la fuerza pública por la exposición a la corrupción. Y, por último, ojalá que sea más ingenioso y logre liderar regionalmente experimentos, estudios o mecanismos de regulación de ciertas sustancias.
Vertebrando todas estas decisiones está un discurso favorito en la región: la mano dura. Por medio de este enfoque se priorizan acciones como endurecer códigos penales, aumentar la presencia policial y militar en las calles, aumentar el encarcelamiento y detenciones preventivas, o leyes de emergencia que limitan las libertades civiles y amplían el poder de la fuerza pública. Nuevamente, atractivas pero poco efectivas. Hacen que los gobiernos terminen siendo puramente reactivos, casi nunca preventivos, en temas de seguridad.
Como resultado, el discurso y modelo de la seguridad parece que terminan siendo un show para mostrar la hombría (no es casualidad que sea un sector históricamente liderado por hombres) que desemboca en una escalada violenta sin fin.
Se ha convertido en un juego donde varios de nuestros líderes entran en la misma lógica de las organizaciones criminales (“papayaso que den y los vamos a dar de baja”). Donde en nombre de la seguridad se promueven líderes e ideas autoritarias, mientras se criminaliza y estigmatiza aún más a ciertos grupos, especialmente a los jóvenes. Recurrimos a la mano dura, pero poco reflexionamos por qué hay adolescentes de 16 años asesinando, y qué podría funcionar según la evidencia para que esto deje de suceder.
Así que espero que Ecuador lo haga mejor. Tiene una oportunidad de canalizar mejor la ira y frustración ciudadana. De mostrarnos que ser conscientes de la necesidad primaria, básica, de vivir en una sociedad con normas que cumplimos y hacemos cumplir no implica inevitablemente políticas de machete en mano dura, sino de bisturí en manos firmes. Que pasar de estado de excepción en estado de excepción no es una política de seguridad consistente. Como tampoco lo es la parálisis de acción o los lemas vacíos como “abrazos, no balazos”.
Ojalá que Ecuador desafíe la narrativa tradicional de seguridad sin caer en una inacción buenista y nos muestre que esta palabra también puede significar un derecho, protección, entornos de confianza, cuidado colectivo y prevención. Que la verdadera firmeza se encuentra en la implementación de políticas de seguridad integrales, sostenibles y específicas en ciudades, puertos y fronteras.
En definitiva, que Ecuador nos demuestre que no nos toca escoger entre democracia y seguridad. Que seguridad puede ir en armonía con el respeto de los derechos y las libertades. En ti confiamos, Ecuador.
Artículo publicado el 18 de enero de 2024 en El País, de PRISA MEDIA. Lea el contenido completo aquí. PRIMICIAS reproduce este contenido con autorización de PRISA MEDIA.
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