Aunque el presidente Daniel Noboa se ha referido en varias ocasiones al "estado de guerra", esta figura no existe en la normativa ecuatoriana. La declaratoria del conflicto armado interno le da la potestad a las Fuerzas Armadas de salir a las calles, pero no cometer abusos.
El decreto ejecutivo que reconoce la existencia de un conflicto armado interno, tras la ola de violencia en Ecuador, ha sido el centro del discurso gubernamental en estos días. Tras esto, el presidente Daniel Noboa ha endurecido su talante, sostenido sobre la figura de policías y militares.
El centro del discurso de Noboa está en la "guerra". En las entrevistas de este 10 y 11 de enero de 2024, el Mandatario ha repetido esta palabra con frecuencia. "Estamos en un estado de guerra y no podemos ceder ante estos terroristas", dijo en una entrevista en FM Mundo.
Sin embargo, el "estado de guerra" no existe en la Constitución ecuatoriana. Lo que sí hay es el conflicto armado interno, que se incluyó en el decreto de estado de excepción.
Esto significa que dentro de Ecuador hay dos bandos armados enfrentados: el Estado Ecuatoriano, con sus Fuerzas Armadas, y los "grupos terroristas y no estatales beligerantes" identificados por el Gobierno.
En manos de la Corte Constitucional están los decretos ejecutivos que declararon la existencia de este conflicto y la restricción de derechos (como el toque de queda). Esta institución deberá marcar los límites de la acción en el conflicto armado interno.
La acción de las Fuerzas Armadas
Tras la declaración del conflicto armado interno, las Fuerzas Armadas tienen la potestad de enfrentar directamente la amenaza, que en este caso son los 22 grupos identificados como terroristas. Y entran a jugar las reglas del Derecho Internacional Humanitario.
Sin embargo, esto no significa que los militares pueden salir a disparar contra cualquier persona sospechosa o detener a personas sin indicios. De hecho, los detenidos tienen derecho a un juicio justo antes jueces imparciales, a pesar de las advertencias que Noboa ha hecho a los jueces y fiscales.
Por ello, organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch ya han advertido que el Estado debe controlar posibles abusos de los uniformados.
Vemos con suma preocupación la crítica situación por la que atraviesa #Ecuador.
— Amnistía Internacional Américas (@AmnistiaOnline) January 10, 2024
Los #DerechosHumanos deben estar al centro y al frente de toda acción del Estado para salvaguardar la seguridad de las personas. pic.twitter.com/vcOtnYB6x1
Human Rights Watch incluso cuestionó la declaratoria de conflicto armado interno. “Intentar luchar contra el crimen como si se tratase de una parte en un conflicto armado nunca ha sido la respuesta adecuada”, afirmó la directora para América de HRW, Juanita Goebertus.
La alianza de organizaciones por los Derechos Humanos de Ecuador también alertó que la declaratoria es "anti técnica y acelerada". La organización advirtió que, en este contexto, "todos corremos riesgo de ser ejecutados y de que se creen falsos positivos".
🚨PRONUNCIAMIENTO
— Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos (@DDHH_Alianza) January 10, 2024
Como sociedad civil ecuatoriana, organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, nos solidarizamos con las víctimas de la violencia desatada en el Ecuador y exigimos al Estado abordar de forma estructural la problemática del crimen organizado. pic.twitter.com/jVd2yV1fkp
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