Corte: Segunda parte de la consulta y Estado de excepción ya tienen jueces ponentes

La jueza de la Corte Constitucional (CC), Karla Andrade Quevedo, fue designada por sorteo como ponente del segundo paquete de preguntas para la consulta popular entregado por el Ejecutivo.

El sorteo se llevó a cabo la noche del 9 de enero, luego de que el gobierno de Daniel Noboa ingresara, de forma digital, las nueve preguntas adicionales que anunció el viceministro de Gobierno, Esteban Torres.

En estas se consulta sobre la extradición, la extinción de dominio, erradicación de la minería ilegal, indultos para servidores de las fuerzas del orden que hayan neutralizado a sospechosos de delitos, y el trabajo por horas, entre otros.

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A partir de ahora, la Corte Constitucional tiene 20 días para emitir un dictamen de control constitucional. Si en ese tiempo no hay pronunciamiento, se entenderá como aprobadas las preguntas.

El primer cuestionario enviado por Daniel Noboa, el 2 de enero pasado y que fue cuestionado desde varios sectores sociales y políticos, está en conocimiento de la jueza Teresa Nuques.

En este, se incluyen algunas reformas legales que podrían ser tratadas directamente por la Asamblea Nacional sin necesidad de consulta popular. También, se incluye una pregunta sobre el permitir el funcionamiento de casinos en el país.

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Estado de excepción también bajo control constitucional

En tanto que, el juez Enrique Herrería, fue designado como ponente para hacer el control constitucional del Decreto Ejecutivo No 110, emitido el 8 de enero, con el que se declaró el estado de excepción, en todo el país.

Este implica la declaratoria de emergencia en todo el territorio nacional, incluyendo los centros de rehabilitación social en los que, a la fecha de emisión del decreto, se registraban incidentes que no han cesado.

También incluye la declaratoria de toque de queda en todo el país.

Todavía está pendiente el trámite del Decreto Ejecutivo No. 111, firmado por Noboa el 9 de enero, en el que reconoce que en el país existe un conflicto interno armado y ubica a 22 bandas delictivas como grupos terroristas y, por lo tanto, como objetivo militar de las Fuerzas Armadas.

Ese documento todavía no ha llegado a la Corte.