Columnista invitada
El precio del oro sucio: violencia extrema y territorios contaminados
Experta en prevención de crimen organizado. Docente de la UG, con más de 5 años de expertise en prevención de crimen organizado y lavado de activos. Licenciada en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. Máster en Seguridad.
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La minería ilegal de oro es un fenómeno en constante expansión a nivel mundial. Gran parte de este oro proviene de Sudamérica y de África, particularmente de Ghana, país que enfrenta graves problemas de contaminación de ríos con mercurio como consecuencia de la minería artesanal. Una vez extraído, el oro suele comercializarse en los Emiratos Árabes Unidos, Dubai es reconocida como la “ciudad del oro”, desde donde posteriormente se envía a Suiza. Desde allí, ingresa legalmente a Estados Unidos bajo la categoría de “oro suizo”, sin que se investigue su origen real. Esto es posible debido a la falta de trazabilidad del oro una vez refinado, ya sea en forma de joyas o lingotes. Cabe destacar que el oro nunca se comercializa en su estado natural, conocido como “pepa de oro”, sino que debe estar ya refinado para ser comercializado.
En Ecuador, al igual que en otros países, detrás de la minería ilegal de oro se encuentran grupos de delincuencia organizada. En particular, Los Lobos han logrado acaparar la mayoría de los proyectos mineros ilegales del país y mantienen también una presencia significativa en el norte de Perú. Este mercado se ha consolidado como uno de los más rentables para el lavado de dinero, ya que, a diferencia de las drogas, el oro es un producto legal. Además, su demanda se ha incrementado en el sistema financiero internacional, impulsada por la especulación y por las políticas fiscales irresponsables de distintos gobiernos.
En el país, la comercialización del oro ilegal se realiza principalmente a través de casas de compraventa, donde se registra un subreporte en las facturas: se declara un tonelaje inferior al realmente transado. De forma paralela, miembros de grupos criminales organizados contratan a terceros para transportar oro en forma de joyería hacia Suiza y Estados Unidos mediante vuelos comerciales. Este esquema resulta eficaz para el contrabando, ya que no existen límites de declaración para joyas, y las aerolíneas no suelen considerar estas operaciones como delitos conexos al lavado de activos ni a la financiación de grupos criminales transnacionales.
Según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, en su reporte semestral de 2025, la provincia del Azuay registra una tasa de homicidios de 1,56 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, el cantón Camilo Ponce Enríquez presenta una cifra alarmante: 239,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que lo convierte en el cantón más inseguro del Ecuador, superando incluso a Durán.
Estas estadísticas evidencian la estrecha relación entre la minería ilegal de oro y la violencia extrema. Este delito no solo provoca graves daños ambientales, sino que también se sostiene a través de mecanismos de coerción violenta contra las comunidades locales, que son obligadas a no denunciar ante las autoridades. La violencia, además, facilita la obtención de mano de obra barata en condiciones de trabajo forzado, lo que consolida el poder de los grupos criminales.
A la par, estas organizaciones delictivas mantienen vínculos constantes con los departamentos de catastro, mediante sobornos a los GADs municipales, lo que les permite operar con mayor impunidad. Esto es un “secreto a voces” debido a que todos los grupos delictivos cuentan con refinerías de oro cerca de alguna localidad, para evitar que la pepa de oro pueda ser trazabilizada. Actualmente en la Amazonía, diversos waoranis han denunciado ante la prensa que grupos criminales están ingresando a su territorio para realizar actividades de minería ilegal, mientras que ciertos agentes de la Policía Nacional, comprometidos con estos intereses, se abstienen de actuar para prevenir o sancionar el delito.
Lo más preocupante en este momento son las movilizaciones sociales en torno al proyecto minero Loma Grande y al uso del agua de Quimsacocha, demandas legítimas por parte de la sociedad civil. Sin embargo, el problema de fondo es que, en cuanto se suspenden las licencias ambientales, los grupos de delincuencia organizada (GDOs) ingresan al sector. Estos grupos siempre están detrás de los proyectos mineros: cuando identifican nuevas vetas, esperan el retiro de las empresas formales para ocupar el espacio e iniciar proyectos ilegales.
En el caso de Loma Grande, la explotación de oro requiere perforaciones de entre 120 y 180 metros, algo totalmente factible con la infraestructura y maquinaria que posee el grupo Los Lobos. A diferencia de una operación regulada, los proyectos ilegales son mucho más dañinos para el ambiente, pues contaminan el agua con mercurio y no cuentan con responsabilidad jurídica alguna. En este sentido, hubiera sido mucho más seguro para el entorno que la empresa Dundee Precious Metals (DPM) hubiera desarrollado el proyecto bajo un marco legal, en lugar de, potencialmente, dejarlo en manos de la minería ilegal. Si entra un grupo criminal no será posible poner sanciones legales cuando Quimsacocha sea contaminado y tampoco sería descabellado que justo por este fenómeno la inseguridad crezca en la provincia.