Columnista invitado
Después del No: ¿cómo reconstruir una estrategia de seguridad más allá de las bases militares extranjeras?
Investigador de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado (GI-TOC) y profesor especializado en seguridad y economía criminal. PhD en Estado de Derecho y Gobernanza Global.
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El contundente “No” a las bases militares extranjeras no solo cerró la puerta a una propuesta gubernamental: abrió un debate urgente sobre el rumbo de la política de seguridad en el país. La consulta popular evidenció que gran parte de la ciudadanía no confía en que la instalación de fuerzas militares extranjeras sea la respuesta adecuada frente al crimen organizado. También expuso una fractura entre la narrativa oficial que presentó esta iniciativa como la “única” solución posible, y las expectativas de una sociedad que exige políticas más transparentes, integrales y efectivas ante la peor crisis de seguridad de nuestra historia.
Para el gobierno, la aprobación de esta pregunta era crucial, pues la vinculó a la lucha contra el crimen transnacional, advirtiendo incluso que su rechazo favorecería a los delincuentes. Sin embargo, el resultado fue categórico: unas seis millones de personas, cerca del 60% de los votantes rechazó la propuesta.
Las razones detrás de este rechazo se explican, sobre todo, por dos factores. Primero, durante la campaña por el “Sí”, la ciudadanía esperaba información clara sobre los objetivos, condiciones y alcances de las bases militares. En lugar de ello, recibió una narrativa sustentada en el miedo y la polarización, con mensajes contradictorios que aumentaron la desconfianza sobre a quién beneficiaría realmente la presencia militar extranjera. Segundo, la represión durante el paro en Imbabura, con dos personas fallecidas, 473 heridos y más de 200 detenidos, sumada a la narrativa oficial de criminalización de la protesta, generó preocupación sobre la necesidad de establecer límites democráticos a la acción militar. No sorprende que en esa provincia casi el 70% haya votado por el “No”.
El gobierno debe asumir los resultados de la consulta como una oportunidad para corregir el rumbo. La insistencia en la mano dura y la militarización permanente ha mostrado límites claros. La semana pasada, la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado publicó el Índice Global de Crimen Organizado 2025, un documento con resultados alarmantes para el país. Por tercer año consecutivo, Ecuador registra un deterioro significativo tanto en los niveles de criminalidad como en su capacidad institucional para contenerla.
Según el índice, Ecuador se ubica entre los cinco países con mayor criminalidad del mundo. Este posicionamiento se explica por la expansión de economías ilícitas como el tráfico de cocaína, la extorsión, el tráfico de armas y la minería ilegal, que se consolida como una fuente clave de financiamiento para grupos criminales. A esto se suman las cifras de violencia, donde una persona es asesinada cada hora y la proyección de homicidios para este año alcanza los 50 por cada 100.000 habitantes, la tasa más alta registrada en la historia del país.
El informe también destaca un grave debilitamiento institucional. Ecuador figura entre los Estados que más rápidamente han reducido su capacidad de respuesta frente al crimen organizado, debido a fallas estructurales en la justicia penal, ausencia de liderazgo político y falta de políticas públicas coherentes en seguridad. Además, persiste una preocupante opacidad gubernamental, con escasos mecanismos de rendición de cuentas sobre estrategias y resultados.
Frente al rechazo ciudadano y al deterioro de los indicadores, el gobierno necesita replantear su estrategia con urgencia. Las respuestas no vendrán del exterior, sino de las propias instituciones estatales. Hasta junio de este año, una parte significativa del presupuesto destinado a seguridad no había sido ejecutado. Tampoco se observan mejoras en la reducción de homicidios intencionales ni avances en la recuperación del control territorial. Esto obliga a preguntarse si los actuales cuadros responsables de interior y defensa son los más idóneos para alcanzar las metas planteadas.
La consulta popular dejó en claro que la ciudadanía comprende que la violencia no se resolverá mediante la presencia de tropas extranjeras. El debate pendiente es cómo reducir la criminalidad fortaleciendo instituciones transparentes, un sistema de justicia eficaz y políticas públicas que prioricen la prevención, la inteligencia y la protección de la ciudadanía. Los desafíos estructurales están a la vista con masacres en las calles, reclutamiento forzado de menores, circulación masiva de armas de fuego, impunidad y corrupción institucionalizada.
El gobierno recibe así una lección fundamental, el crimen organizado que amenaza al país no se enfrentará con atajos ni soluciones simplistas, sino con una política criminal integral, sostenida y capaz de sacar al Ecuador del top cinco mundial de criminalidad. El “No” ciudadano no fue un rechazo a la lucha contra el crimen, sino un llamado a conducirla con mayor inteligencia, dentro del marco constitucional y con un enfoque que sitúe a las personas en el centro de la seguridad. En un país golpeado por la violencia, esta es la hoja de ruta mínima para recuperar la legitimidad, la eficacia estatal y, sobre todo, la confianza de la sociedad.