Los cuatro principios para entender las economías criminales en el Ecuador

En días recientes, el gobierno anunció que 2026 será el año de combate a las “economías criminales”. No obstante, más allá del enunciado, aún no se han definido con claridad los contenidos de esta estrategia ni los factores estructurales que alimentan estas economías. En su lugar, las señales apuntan a la reiteración de medidas ya conocidas, que evidencian un problema profundo, las estrategias actuales siguen sin comprender cómo funcionan las economías criminales en el Ecuador.

Este enfoque parte de una simplificación problemática. Las economías criminales no son únicamente la suma de delitos, sino sistemas complejos de generación de rentas.

En el Ecuador, esto se refleja en la diversificación de actividades ilícitas, desde el narcotráfico que utiliza puertos como nodos logísticos, hasta la expansión de la extorsión en ciudades y economías locales, o la minería ilegal en territorios periféricos. Todos ellos habilitados por la corrupción que permea el sistema de justicia penal.

Diversos organismos internacionales, centros de pensamiento y la academia coinciden en que una de las estrategias más eficaces para reducir la criminalidad organizada consiste en afectar sus fuentes de ingresos. Es decir, intervenir sobre las economías que generan actividades ilícitas como el narcotráfico, el contrabando, los delitos ambientales o la extorsión. Sin embargo, este objetivo está lejos de ser atendido.

Los grupos criminales operan bajo lógicas económicas. A diario toman decisiones sobre en qué mercados participar, cómo producir, transportar y distribuir bienes ilícitos, y qué riesgos asumir. Actividades como el tráfico de cocaína o la extracción ilegal de oro están condicionadas tanto por la escasez de recursos como por los riesgos asociados a la persecución penal. Estos factores moldean los incentivos, la competencia y, en muchos casos, la violencia entre actores criminales.

En este contexto, reducir la rentabilidad de estas economías exige comprender los factores que las habilitan. Al menos cuatro principios resultan clave:

Primero, el costo de oportunidad: los grupos criminales eligen entre distintas actividades ilícitas según cuál ofrece mayores retornos con menores riesgos; por ejemplo, migrar del narcotráfico hacia la extorsión en contextos de mayor control territorial.

 Segundo, los beneficios marginales: ciertas economías, como el secuestro extorsivo o el cobro de “vacunas”, pueden expandirse rápidamente cuando cada nueva operación genera ingresos adicionales con costos relativamente bajos. 

Tercero, los incentivos derivados de la debilidad institucional: la limitada capacidad para detectar y sancionar el lavado de activos permite que grandes volúmenes de dinero ilícito se integren en sectores legales, reduciendo el riesgo real para los actores criminales. 

Y cuarto, las fallas de mercado: intervenciones estatales mal diseñadas — como controles focalizados o respuestas exclusivamente coercitivas— pueden elevar las barreras de entrada, concentrar el mercado en menos actores y, en consecuencia, aumentar su rentabilidad.

Estos principios determinan, en gran medida, la dinámica y rentabilidad de las economías criminales en el Ecuador. Desde esta perspectiva, no existe una relación directa entre medidas como la restricción de libertades, el uso intensivo de la fuerza o los estados de excepción y una reducción sostenida de dichas rentas. Por el contrario, estas medidas suelen actuar sobre los síntomas y no sobre las estructuras económicas que sostienen la criminalidad, ya que no afectan de manera significativa los flujos financieros, no desarticulan las cadenas de valor y, en algunos casos, pueden incentivar procesos de concentración y corrupción.

Si el 2026 pretende ser realmente el año de combate a las economías criminales, el enfoque debería desplazarse hacia el fortalecimiento de capacidades estatales orientadas a afectar estos principios. Esto implica, como mínimo, consolidar unidades policiales especializadas en investigación financiera, fiscales formados para investigar el lavado de activos y la extinción de dominio, analistas formados en la UAFE, mecanismos efectivos de control patrimonial sobre funcionarios públicos y un sistema judicial independiente y eficaz. Más que intensificar el uso de la fuerza, el objetivo debe ser alterar los incentivos económicos que sostienen estas actividades.

En economía, el tiempo es un recurso escaso. Persistir en diagnósticos imprecisos o en respuestas reactivas solo amplía el margen de adaptación de los grupos criminales. Por ello, más que anuncios, el país requiere coherencia en la acción estatal y políticas públicas basadas en evidencia, construidas a partir de una comprensión rigurosa de cómo operan las economías criminales en el Ecuador. Sin este enfoque, cualquier esfuerzo por enfrentarlas seguirá siendo parcial, costoso y, en el mejor de los casos, temporal.