¿Qué podríamos ganar (o perder) con una nueva Constitución?

Para que un nuevo diseño constitucional sea eficaz y estable se requiere una serie de condiciones. La primera es que responda a un proyecto político específico que claramente difiera del que está plasmado en la Constitución vigente. Ese proyecto debe delinear claramente la naturaleza del régimen democrático que se busca construir, el tipo de relación que se establecerá entre lo público y lo privado en el plano económico y la forma de interacción que se pretende propiciar entre los diversos espacios de la sociedad. En definitiva, para pensar en una nueva Constitución hay que diseñar previamente un guion que la oriente. La forma de selección de los integrantes de la asamblea, alcance, tiempos y demás detalles, vienen después. Primero lo primero.

Dado que ninguna Constitución es neutral pues, al igual que cualquier arreglo normativo, responde a la agregación de preferencias políticas dadas en una coyuntura específica, hacer un nuevo texto de ese tipo implica una serie de acuerdos previos entre diversos sectores sociales. Aunque en la mayoría de los casos hay un actor político que orienta el debate y las líneas maestras de la nueva Constitución, es imprescindible contar con una diversidad de respaldos que permitan que el proyecto llegue a feliz término. Lo contrario puede provocar que, sobre la marcha, la asamblea constituyente se entorpezca, camine más lento o, lo que es peor aún, termine sin generar un texto consistente.

La primera condición antecede a la segunda. No es posible, por tanto, establecer acuerdos sin contar previamente con un conjunto de propuestas que busquen alterar considerablemente el statu quo. Si lo que se pretende cambiar no implica variar de forma importante la Constitución vigente entonces lo óptimo es propiciar modificaciones menores por algunas de las vías que establecen los propios diseños institucionales. Proponer una asamblea constituyente, por tanto, es una decisión extrema e implica cambios notorios tanto en las preferencias de la sociedad como en la correlación de fuerzas políticas.

• Esta vez el paro de la CONAIE no será lo mismo

Al menos hasta el día de hoy, en Ecuador no se encuentran dadas las dos condiciones anotadas. A pesar de que el gobierno señala con insistencia que es necesario una nueva Constitución para cambiar el rumbo del país, no existe una propuesta estructurada que indique cuál es el modelo político, económico y social que se propone. Como consecuencia de lo dicho, tampoco se ha señalado claramente en qué medida lo que se plantea difiere de forma trascendental del texto acuñado por la otrora Alianza País y sus aliados en Montecristi. Lo que campea ahora mismo es una serie de lugares comunes, en unos casos, y de ideas sueltas, importantes desde luego, pero que por sí mismas no constituyen un proyecto de reforma político institucional que requiera ser materializada en una nueva Constitución.

Precisamente la ausencia de la condición anotada explica por qué no se observan mayores acuerdos ni coaliciones en torno a la necesidad de diseñar un nuevo acuerdo constitucional. Lo que se ve son actores o sectores que miran con buenos ojos la asamblea constituyente, pero por razones o intereses en ocasiones diametralmente opuestos. Algunos creen que esa arena de debate puede revitalizarlos políticamente mientras que otros la observan como un campo de legitimación popular. Ese tipo de confrontaciones, una vez superada la eventual aprobación ciudadana a una asamblea constituyente y la posterior elección de los representantes, llevará a que en esa arena de toma de decisiones políticas las tensiones afloren y los acuerdos escaseen.

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A un poco más de un mes del proceso electoral en el que el país decidirá si da paso a un nuevo proceso constituyente, el gobierno no ha resuelto la primera condición para que su empeño de nueva Constitución deje de ser percibido como un hecho coyuntural y pase a posicionarse como una necesidad nacional. Materia gris y estrategia deben caminar juntos y a prisa pues, de lo contrario, un revés en noviembre podría no solo afectar la capacidad de gobierno de Noboa sino también reactivar la legitimidad de la Constitución de Montecristi, plagada de incoherencias en lo político y anacronismos en lo económico.