Un país previsible: ya sabemos quién será el nuevo Fiscal

Ecuador es un país previsible. Acá los sobresaltos son solamente de forma, no de fondo. Por esa razón, se sabe ya que el próximo fiscal será alguien sumiso a quien detente coyunturalmente el poder político.  Todo lo que media entre el momento de la posesión ante la Asamblea Nacional y el concurso de méritos y oposición no es sino parte de la parafernalia necesaria para dar un manto de legalidad a lo que ya está cocinado desde hace tiempo. No importa el nombre, eso siempre es lo de menos. Eso es puramente contingente, lo sustancial es que quien asuma la fiscalía se manejará al ritmo que le imponga el mandamás de turno.

Basta ver la historia reciente para confirmar que lo dicho no es una especulación sino simple y llanamente una predicción. Pruebas al canto. Un exfiscal aparece, pocos años después de ejercer el cargo, avivando la convención de un partido político. Una exfiscal asume, al día siguiente de concluir su mandato, una representación diplomática del gobierno en funciones. El mismo gobierno al que, hasta la víspera, esa exfiscal tenía la potestad de indagar penalmente. En ambos casos, los personajes se han expuesto públicamente sin ambages, sin inmutarse, sin sonrojarse ni dar explicación alguna. Acá hay hechos y nada más que eso. Hechos que sirven de sustento para pensar que ahora, con la elección del nuevo fiscal, no hay motivos para pensar que las cosas sean distintas.

Por lo dicho, conocer el perfil de los que conforman el comité de selección del nuevo fiscal o indagar en el pasado reciente de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, es algo profundamente irrelevante cuando se sabe que la designación está dada. Se cae de madura. Acá es cuestión de esperar unos meses, mientras se dan las negociaciones políticas de rigor, y tendremos ya a quien se encargará de proponer indagaciones previas con dedicatoria, ordenar allanamientos al son del vaivén político o de pedir prisiones preventivas como respuesta a los mensajes enviados desde Carondelet. No hay argumento alguno para pensar que las cosas podrían suceder de otra forma.

• ¿Crisis política?, ¿crisis judicial?

Con el escenario descrito, se entiende perfectamente que gente honesta y que podría hacer un gran papel como fiscal haya decidido dar un paso al costado. No es cuestión de evadir el escrutinio público. Es simplemente una razón de aseo personal. De asepsia, dirían los médicos. No tiene mucho sentido perder tiempo y energías en un concurso en el que desde el día uno se sabe quién va a ganar, insisto, independientemente del nombre del ungido. ¡No vale la pena exponerse a un grupo de mequetrefes que solamente están a la espera de la orden para proceder con la designación! Las cosas como son. Esa es la realidad de un país previsible como el nuestro. No se trata de pesimismos sino de leer nuestro contexto político-institucional.

A pesar de lo dicho, algunos actores y sectores han señalado que el concurso es transparente y, por tanto, que de allí saldrá un fiscal con todas las credenciales para asumir esa enorme responsabilidad. Hipocresía o contubernio con el poder político de turno, esas son las razones que avalan esa visión. Otros, de su lado, más bien por candidez, apuestan a veedurías ciudadanas y otros mecanismos informales de control. Aunque esto último es valioso y debe ser resaltado como un ejercicio cívico, en realidad no va a llevar a nada que no sea que quienes así se expongan sean perseguidos a través de los diversos y sofisticados medios de los que disponen los nuevos herederos del poder para acallar a quienes osen mínimamente levantar algún tipo de crítica

. ¿Hay algo que hacer? Siempre hay opciones. La primera quizás es observar que el problema de la fiscalía es estructural y que un punto de partida está en devolver la capacidad de designación a los actores políticos, con todos los inconvenientes que de allí se derivan. Con muy pocas excepciones, los países presidencialistas eligen sus fiscales como consecuencia de la interacción de ejecutivo y legislativo y no hay razones para pensar que los concursos de méritos y oposición generen mejores resultados. Sin embargo, reformas de este tipo, u otras, como generar una carrera de fiscales o que la policía judicial esté íntegramente bajo la supervisión de la fiscalía, a muy pocas personas les interesa propiciar. A la mayoría de los actores políticos y a buena parte de los abogados penalistas, alterar las dinámicas actuales limitaría su negocio corrupto. Para ellos, es mejor que las cosas sigan como hasta ahora.