Concurso para Fiscal solo registra tres inscritos, ¿cuándo se conocerá a todos los candidatos?

Pese a los cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso y a cinco días para que concluya la fase de postulaciones, el Consejo de Participación Ciudadana publicó este 26 de febrero el primer corte de los inscritos para el concurso de Fiscal General del Estado.

Hasta el momento hay tres profesionales del Derecho que han completado el trámite y constan como inscritos: dos en la provincia de Pichincha y uno en El Oro. El organismo no proporcionó los nombres de los dos hombres y una mujer que ya compiten por ser Fiscal General.

La fase de postulaciones arrancó el 18 de febrero y se extenderá hasta la media noche del martes 3 de marzo. Se prevé que el número de participantes se incremente sustancialmente hasta ese día. Según el Consejo de Participación, 31 formularios han sido activados.

Varios gremios y organizaciones de la sociedad civil cuestionan el mecanismo y la parcialidad del concurso, debido a supuestos cambios de última hora en la reglas del juego. Incluso, se ha llegado a sugerir la suspensión del proceso.

El Consejo de Participación Ciudadana salió este 26 de febrero a defender lo actuado. La entidad aseguró que la Comisión Ciudadana de Selección se ha reunido de forma pública para adoptar decisiones y que las resoluciones están exhibidas en la web del organismo.

Cambio en el reglamento

Sobre la última actualización al reglamento del concurso en junio de 2025, el Consejo de Participación asegura que se la hizo por pedido de algunos gremios de abogados y que se concretó antes de la convocatoria, lo que desvanecería cualquier acusación de favoritismo.

Uno de los cambios polémicos fue la eliminación de la prohibición para que abogados que han patrocinado a personas procesadas por delitos graves como narcotráfico, puedan postularse y participar.

Una de las que votó a favor de esas reformas reglamentarias fue Piedad Cuarán, consejera de Participación Ciudadana.

El jueves 26 de febrero, Cuarán justificó su decisión bajo el argumento de que la limitación anterior constituía una restricción desproporcionada para el derecho al trabajo.

"Sancionar el ejercicio profesional legítimo vulnera principios constitucionales como la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley, por lo que la reforma era necesaria", escribió en la red social X.