Esta vez el paro de la CONAIE no será lo mismo

Otra vez la CONAIE le propone al país un paro como respuesta a las medidas económicas que el gobierno ha asumido. Otra vez la consigna es exigir la derogatoria del decreto que elimina el subsidio al diésel. Otra vez, bajo el razonamiento indígena, los resultados deberían ser los mismos que en las pasadas dos movilizaciones, la de 2019 y la de 2022. Ahora, al igual que en los episodios de conflictividad ya mencionados, la presión en las calles debería llevar a que el gobierno claudique, dirán ellos. Actores y entorno sociopolítico se mantienen constantes y, por tanto, el desenlace tendría que ser igual o muy similar. Ese escenario parece ser el que maneja ahora mismo la CONAIE.

Sin embargo, la realidad del 2025 es distinta. Por ejemplo, Lasso tenía alrededor del 20% de popularidad al inicio de las movilizaciones y Moreno menos del 10%. Noboa parte con cerca del 50% de apoyo. En ese aspecto, la mirada ciudadana respecto a una medida de hecho como la que propone el movimiento indígena probablemente será distinta. Si en el 2019 y 2022 la población blanco-mestiza podía ver con simpatía la expresión popular en las calles quizás eso sea menos elocuente ahora. La protesta se hace movilizando diversos sectores pero también con la aquiescencia de los observadores pasivos. Aquellos que vitorean o rechazan desde las redes sociales o desde la cotidianeidad también son importantes y ahora parecerían no estar mayoritariamente del lado de la CONAIE.

Noboa tiene mayor capacidad de decisión política que Lasso y Moreno. Más allá de los afectos o desafectos que genere el presidente, lo que sí ha demostrado es que reacciona de forma más ágil y dinámica que sus dos predecesores. Ese rasgo del nuevo gobernante puede ser decisivo al momento de monitorear, administrar el conflicto y buscar alternativas frente a la movilización de la CONAIE, sobre todo si se dirige hacia la ciudad de Quito. A diferencia de lo ocurrido en 2019 y 2022, Noboa despliega recursos de forma más coordinada, disuade y persuade en cuanto recibe amenazas y, en definitiva, genera un escenario en el que luce con ventajas de diverso orden en relación a la CONAIE.

• ¿Quiénes asesoran al presidente?

Un sector de apoyo clave que tuvo el movimiento indígena en 2019 y 2022 fue la Revolución Ciudadana. Provista de una narrativa que en ese momento resultaba fresca y actualizada a la realidad del país, la capacidad de convocatoria de esa organización política fácilmente podía verse involucrada con las demandas propias de la CONAIE. Esa valoración ha cambiado. Revolución Ciudadana afronta una serie de desvaríos entre su militancia y una falta de acuerdos en torno a su agenda política que ha diezmado, en alguna medida, su credibilidad frente a una porción de la ciudadanía. Si de aliados para la protesta se trata, el caudal de recursos que la Revolución Ciudadana puede proveer ahora mismo quizás dejaría a la CONAIE con más pérdidas que ganancias.

Las movilizaciones de 2019 y 2022 hacia Quito, epicentro simbólico del poder, tenían al frente de la ciudad a dos alcaldes en condiciones políticas diversas a la del actual burgomaestre. En 2019, Yunda tenía una agenda que iba en la línea de las protestas y, como consecuencia de ello, por acción u omisión, la ciudad fue tomada rápidamente. En 2022, Guarderas carecía de apoyo ciudadano y su legitimidad estaba en tela de duda por la forma como se dio el proceso de sucesión. En esas condiciones, su capacidad de afrontar la avalancha de acciones y peticiones era prácticamente nula. No pasa lo mismo con Muñoz. El alcalde tiene frente a sí dos retos y su posición frente a las movilizaciones será decisiva para su futuro político.

Si el alcalde se muestra permisivo con los intentos de la CONAIE de llegar a Quito, la revocatoria del mandato, que parece haberse diluido al momento, podría reavivarse. No solo eso, si esa es la actitud con la que asume Muñoz las movilizaciones, y aun cuando la revocatoria del mandato no prospere, sus posibilidades de éxito frente a una posible reelección podrían verse diezmadas considerablemente. En Quito hay un sector importante de la ciudadanía que condenó los destrozos que sufrió la ciudad en 2019 y 2022 y eso el alcalde lo tomará en cuenta. Esa es una herida que no ha terminado de cerrarse.

• Prioridades presidenciales

Finalmente, las demandas que ahora mismo plantea la CONAIE, salvo el tema ambiental - que ni siquiera está en la palestra de la opinión pública por la propia gestión del movimiento indígena sino de grupos organizados de la sociedad blanco-mestiza -, no plantean mayores novedades respecto a las que dieron forma a las movilizaciones de 2019 y 2022. La exigencia de reducción del IVA de 15% a 12%, por ejemplo, ni siquiera es parte de la discusión nacional y colocarlo en la agenda más que aportar a la estrategia indígena lo que hace es obscurecerla. El rechazo a la consulta popular y a una eventual asamblea constituyente, al menos de momento, no tiene una definición clara de apoyo o rechazo por parte de la ciudadanía. Por ello, esa demanda puede ser interpretada como una decisión de la CONAIE de oponerse al cambio político y bajo esa lectura el gobierno podría reducir la legitimidad de la protesta indígena.

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Asumir que lo ocurrido en 2019 y 2022 puede reeditarse fácilmente en el 2025 puede ser un error de cálculo político de la CONAIE. La organización indígena no cuenta con la fortaleza de esos años y tanto actores como entorno han variado considerablemente. Aunque los eventos atípicos siempre son posibles, la impresión inicial es que esta vez el paro de la CONAIE no será lo mismo.