“Desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados”

Primicias, en su edición del 19 de julio, nos entrega la escalofriante información de que el pasado mes de junio ha sido el más violento de la historia del país, registrando 592 personas asesinadas. Y, a la vez, qué contrasentido hemos vivido entre febrero y junio de 2024 al contemplar con horror la lucha intestina de la narcopolítica por apoderarse de las instituciones del Estado, en particular del poder judicial. La famosa guerra de Daniel Noboa Azín parece ir perdiendo en la vanguardia y en la retaguardia.

“Desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados”: poderosa frase del Talmud —código rabínico del judaísmo—, que atraviesa la historia humana de los últimos milenios cobrando descarnada vigencia en el Ecuador contemporáneo, desde que esa blasfemia del Derecho y de la Moral, que es la Constitución de Montecristi, consagrara “EL GOBIERNO DE LOS JUECES” dotados de facultades sobredimensionadas de un supuesto Neoconstitucionalismo. Estos, a pretexto de “justicia constitucional”, han puesto sus fallos y las garantías jurisdiccionales: Acciones de Protección y Habeas Corpus, al servicio del narcotráfico, de la corrupción política y de su impunidad; es decir, de ese monstruo de poder, dinero y vicio que devora el país. Sistema que no se salva con las excepciones existentes.

Esta falsaria carta magna, que consagra mamarrachos constitucionalizados —como es ese “principio de ciudadanía universal y de libre movilidad de todos los habitantes del planeta”, que nos ha invadido con parias, ladrones, criminales y descomunales mafias extranjeras— ha ido convirtiendo a la administración de justicia ecuatoriana en una puerta giratoria de la delincuencia nacional e internacional, por la cual, los pillos, salen más rápido de lo que entran.

Lo dicho explica, con recurrentes evidencias, por qué la narcopolítica batalla por tomar posiciones de dominio en la Asamblea Nacional y en los organismos preponderantes del Estado. Siendo el último bastión por caer la Fiscalía General, perseguida con demencial insistencia y saña por jaurías que lo atropellan todo, principalmente la vergüenza, la ética y la estética.

La Constitución del 2008 ¡entiéndase! es un código inmoral que ampara el delito y glorifica el saqueo del Estado. Sería fácil, para un gobierno responsable deshacerse de ella con una mínima lectura de las necesidades colectivas y, en unidad de acto, eliminar el veneno de sus mandatos, como es ese alacrán en la bragueta de la República que es el Consejo de Participación Ciudadana o ese refugio de Frankenstein que es el Consejo de la Judicatura, entre otros. Un gobierno que entienda que, al estar desprovisto de capital institucional, no puede jamás tener un mínimo esquema de gobernabilidad ni ofrecer nada a la nación.

La generación que nos gobierna o que pretenda gobernarnos desde 2025, para no merecer la maldición talmúdica de ser desgraciada ante la Historia, debe condenar sin matices esta Constitución y derogarla.