De cara a la Constituyente, la Asamblea Nacional le debe una disculpa al pueblo

Buena parte de los ecuatorianos que apoyaron a Daniel Noboa para su rotundo triunfo electoral estuvieron convencidos de que, con la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional, para hacer los cambios que el país requiere con apremio, no necesitaría ir a una Asamblea Constituyente, con lo cual se evitaría ofrecer la revancha en las urnas al perdedor de los comicios e inventor de la teoría de la “tinta voladora”.

Creyentes firmes en la democracia, sus valores y principios, pensaron que, para dar al Ejecutivo las herramientas legales necesarias para gobernar en tiempos recios, los asambleístas legislarían con presteza, apegados a las normas, los reglamentos y la Constitución.

Pero qué va.

Con los egos agrandados por la victoria y exhibiendo una superioridad moral digna de mejor causa, al haber legislado inobservando hasta sus propias normativas, le han infringido un grave daño al país, cuyos efectos estamos sufriendo todos, ahora.

La Asamblea Nacional de mayoría oficialista es una de las causantes para que la relación entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional se haya tensado a limites peligrosos, al punto de que el país, que lleva más de un mes de sobresaltos políticos, el fin de semana último contuvo la respiración por temor a que alguna decisión apresurada pudiera poner en riesgo hasta la democracia.

Quedará en los registros de la infamia política que, el 20 de septiembre de 2025, un piquete de policías ingresó a la sede del organismo y desalojó a los jueces y funcionarios de la Corte Constitucional por una supuesta amenaza de bomba que resultó ser falsa.

Aprobar leyes económicas urgentes saltándose el requisito de unidad de materia; abordar asuntos que ameritaban distintos procedimientos y hasta introducir, de manera solapada, nuevos textos para segundo debate, que tocaban temas sensibles, sin haber sido previamente discutidos, provocaron demandas de inconstitucionalidad ante la Corte que dio paso a las mismas y después a emitir dictámenes que las dejaron sin efecto.

¡Ardió Troya!

Pero aquellos que manejan la matriz de opinión del oficialismo y reparten a sus operadores en forma de consignas, hasta volverlas virales; en lugar de referirse a quienes encendieron las llamas de la hoguera, enfilaron, con vileza, contra la Corte Constitucional, a la que convirtieron en el enemigo público a vencer.

Sin el temple necesario para propiciar un diálogo de poder a poder, con Carondelet, capaz de decir No cuando la ocasión y el tema lo ameritaban; la Asamblea Nacional ha exhibido una adhesión que raya en la sumisión, idéntica a la que se vivió y repudió durante la década perdida.

Todo esto en medio de la orfandad política que viven los ecuatorianos, por la ausencia de líderes reconocidos y organizaciones partidistas que defiendan al país y exijan la sujeción a las leyes, como ocurre en las democracias occidentales normales; ya que los pocos que aún quedan no dan la cara por temor, miedo o vergüenza. O por todo junto a la vez.

Afortunadamente, una legión de constitucionalistas y penalistas, que siguen las decisiones de los poderes del Estado, alertaron de la inobservancia y hasta la contradicción con la Carta Magna de las leyes aprobadas por una Legislatura donde gente improvisada, sin siquiera asesorarse sobre los delicados temas que tratan, y carentes de valor para abstenerse de apoyar materias que ignoran, aprobaron semejantes mamotretos.

Con esa alerta se abrió el debate y buena parte del país se enteró que lo que producía la Asamblea en materia legislativa se apartaba de la legalidad, aunque hay que decir que también hubo abogados que han justificado esas leyes y otros que han hecho de la ambigüedad su escudo, sin dar certezas en temas constitucionales de extrema sensibilidad, que imponen precautelar la supremacía de la Constitución.

La confirmación de que esas leyes estaban mal elaboradas provino de las propias Asesorías Jurídicas de la Asamblea y de la Presidencia de la República, cuyos abogados, al comparecer ante la Corte Constitucional, dieron respuestas que produjeron escalofríos por el ínfimo nivel argumentativo y su falta de coherencia.

Las Asesorías Jurídicas de estos dos poderes del Estado provocan angustia hasta en los legos en la materia, y uno solo puede imaginar que Hans Kelsen se retorcería en el infinito y Maquiavelo y Montesquieu se asombrarían al descubrir un país en el que sus teorías sobre la estructura del Estado y el estudio del Derecho Constitucional no han servido para nada.

Esto no habría sucedido si cada una de las leyes hubiesen sido tramitadas con la rigurosidad y la responsabilidad que imponen el ser legislador, por lo que el Gobierno no hubiese confrontado con la Corte Constitucional, ya que las leyes hubiesen pasado el control constitucional sin problema.

Pero hay más.

De cara a lo que se viene, causa desazón imaginar que la Asamblea Constituyente podría ser integrada con varios de estos mismos asambleístas que han elaborado estas leyes abstrusas, y que ellos serían quienes redacten una nueva Carta Magna.

Entonces, uno se pregunta qué hicimos como sociedad para merecernos esto.

La desazón alcanza ribetes de temor cuando se toma conciencia de que para elegir asambleístas constituyentes se aplicará el método D’Hondt para asignación de escaños, que privilegia las mayorías en desmedro de las minorías.

Ese método fue aprobado por la Asamblea que preside Niels Olsen, para cuya votación se juntaron noboístas y correístas, por lo que no es ficción suponer que estos dos grupos coparían la nueva Asamblea Constituyente.

Es la teatralización de la política. Una verdadera tragedia griega. Otra vez, la “tinta voladora”.

Ante semejante tétrico escenario, ¿no creen ustedes que, por lo menos, la Asamblea Nacional le debe una disculpa al pueblo ecuatoriano?