El CNE envilece la política y desafía a la Corte Constitucional

Cuando se pensaba que un país agobiado por la violencia incesante no podía soportar un sobresaltado adicional, el autoprorrogado Consejo Nacional Electoral (CNE) envilece la política al manipular su propio calendario electoral y anunciar que las elecciones seccionales, pactadas para el 14 de abril de 2027, se adelantan 77 días, y se realizarán el 29 de noviembre de 2026, aduciendo predicciones hidrometeorológicas sobre un potencial severo fenómeno El Niño, presentado por la Secretaría de Gestión de Riesgos, que depende del Ejecutivo.

Nadie habría imaginado semejante operación política solo horas después de haber puesto fuera de registro —al cuarto intento y con dos vocales suplentes principalizados— a Unidad Popular (de izquierda) y al movimiento Construye (centro derecha), por supuesto incumplimiento del número de adherentes, por lo que su participación electoral estaría en riesgo.

También lo está el mayor contradictor político, el movimiento correísta Revolución Ciudadana que, aunque muchas de sus ex figuras se han enquistado en el Gobierno de Noboa, fue proscrito por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), a petición de la Fiscalía, y hoy debe buscar casillero para estar en las elecciones.

El riesgo de que varios movimientos no intervengan —Pachakutik ha dicho que estaba reorganizando sus directivas— alimenta las sospechas de que la decisión del CNE obedecería más a cálculos políticos que a cuestiones técnicas; al tratarse de un organismo cuya mayoría ha demostrado un abyecto alineamiento con el poder de turno, lo que les ha permitido sobrevivir más allá del tiempo legal.

Las sospechas cobran sentido tras la renuncia irrevocable del director del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), Bolívar Erazo, el mismo día del anuncio del CNE, sin dar mayor explicación que remarcar que él es un técnico. ¡Suficiente!

En esta nueva encrucijada democrática, los constitucionalistas reprochan al CNE por violentar la Carta Magna, que dispone que las elecciones sean cada cuatro años y porque no hay ley que permita anticipar elecciones ya convocadas, como también sostiene el Partido Social Cristiano que, además, prevé que el TCE ratificará la arbitrariedad.

Por eso, contemplar a Atamaint y a Pita hacer malabares lingüísticos al no poder mencionar la ley que les faculta alterar el calendario electoral, y decir que si alguien se siente perjudicado acuda al TCE debe sacar los colores al propio Maquiavelo, por el grado superlativo de cinismo.

Todo el mundo sabe que ese es un organismo más próximo a ser un bazar fenicio que un Tribunal Contencioso.

En tal escenario, que Atamaint desafíe a la Corte Constitucional al recordarle que hay antecedentes que señalan que, en época electoral, la máxima autoridad es el CNE, lo que ratificaría que una operación de alto calado estratégico está en marcha, en instantes que hay autoridades seccionales investigadas, allanadas, encarceladas y amenazadas.

El Código de la Democracia impone que las autoridades entren en funciones el 14 de mayo del año de la elección, pero ahora se elegirán el 2026 y se posesionarán el 2027.

La presidenta del CNE, para quien las leyes parecen ser meras referencias, anunció en Teleamazonas que los votos de las elecciones del 29 de noviembre de 2026 se contarán en enero de 2027, pero después rectificaron y dijeron lo harán el día de la elección. ¿Quién maneja la agenda?

Hechos análogos, con certeza, habrá llevado a Joseph Stalin a decir que en una elección “gana quien cuenta los votos”.

Y no es todo.

Solo imaginar la debilidad política extrema que soportarán alcaldes y prefectos en funciones al tener autoridades elegidas seis meses antes de asumir marcándoles el paso, conmueve.

Se volverán unos donnadies porque no se les permitirá firmar contratos ni hacer obras relevantes, no solo para evitar tengan éxito sino por el odio sempiternos que en Ecuador se profesan antecesor y sucesor en un cargo, lo que terminará haciendo enorme daño a las ciudades y provincias.

En semejante escenario, solo el presidente Noboa considerará tener legitimidad —que la tiene, obviamente— para tomar decisión en las ciudades y así la autonomía se difuminará.

Todo esto porque el país tiene un CNE autoprorrogado que envilece la política y desafía al Tribunal Constitucional.

¡De llorar!