Un fantoche para la Fiscalía General del Estado

Como si una maldición pesara sobre Ecuador, el Consejo de Participación Ciudadana y de Control Social (CPCCS), algunos de cuyos miembros arrastran su propio pasado escabroso, ha manejado el concurso para elegir fiscal general del Estado de tal manera, al punto de que habrían condenado al país a tener un fantoche al frente del Ministerio Público.

Otras acciones vinieron de las más altas Funciones del Estado que, con los nombres de sus delegados para escoger a tan alta autoridad, han dejado claro que el destino de un país, azotado por el crimen organizado, que necesita de un fiscal incorruptible, valiente y sin rabo de paja, les importa poco.

La maniobra de la mayoría del CPCCS para neutralizar el informe parcial de la Comisión de Veedores, que reveló irregularidades, fue patética, cuando dio el mismo valor al “informe individual” de un grupo de veedores integrado en un segundo momento al amparo del propio Consejo.

El representante de la primera veeduría, Hugo Arteaga, reveló que les cambiaron el reglamento que disponía acompañar durante todo el proceso, por uno que señala que solo observarán a partir de la elección de la Comisión Ciudadana de Selección; que se ingresó documentos fuera de tiempo y que se prorrogaron los plazos. 

La representante del segundo grupo integrado por unos 70 miembros, Yadira Cadena (abogada de Correa en el caso Balda), que no reconoce la autoridad de Arteaga, pese que allí están 324 veedores; asegura que el proceso fue transparente, y que quien se extralimitó en sus funciones fue Arteaga por lo que debería perder su calidad de veedor. 

Rompiendo toda lógica, el Consejo de Participación recibió los dos informes y, a pesar de ser contradictorios entre sí, los aprobó. 

Las maniobras del CPCCS y la designación de Cynthia Jacho como presidenta de la Comisión Ciudadana que elegirá al fiscal general habrían hecho huir como de la peste a los penalistas y profesionales de probidad notoria que habrían deseado concursar para el alto cargo.

El país pierde.

Que los 10 integrantes de la Comisión Ciudadana de Selección hayan nombrado a Cynthia Jacho, que obtuvo la calificación más baja en el concurso (17,5 sobre 50) y que tiene apenas dos años de experiencia como asistente legal y abogada junior en un estudio jurídico, no tiene explicación.

Tampoco que hayan puesto como vicepresidente de la Comisión a David Flores Brandt, investigado por denuncias de supuestos maltratos a 21 niños y adolescentes en la Casa Hogar General Enríquez Gallo, cuando fue subsecretario de Protección Especial. 

Pero lo que marca un punto de no retorno en la ética y la moral pública es que el Ejecutivo haya enviado a Flores Brandt como su representante y que Harold Burbano, cuando fue ministro de Inclusión, le haya dado un certificado de “acreditación de trayectoria y compromiso cívico”.

La Comisión que escogerá al fiscal la integran también el fotógrafo que envió como su representante el Consejo Nacional Electoral, que preside Diana Atamaint; la asesora de Luis Alberto Cabezas-Klaere, superintendente de Compañías, y la asistente de la jueza Daniella Camacho.

Una Comisión que escoja al fiscal general del Estado tendría que estar integrada por expertos en derecho Penal y otras materias; “pares” capaces de juzgar y valorar el conocimiento y la probidad de quien van a elegir. 

Pero qué va.

Con la Comisión integrada por el CPCCS se ha asegurado que ningún penalista de solvencia y trayectoria pública se arriesgue a participar en un concurso para ser evaluado por estos personajes; por eso, no falta quien crea que es lo que buscaban para así reservar el cargo para alguien de su agrado y conveniencia.

Algo de eso deber ocurrir y por ello se escucha decir que en Ecuador ya hay fiscal para los próximos seis años; y que solo falta el concurso.

Siendo así, lo más probable es que se trate de un fantoche. 

¡Para llorar a mares!