Abdalá Bucaram reclama que fue ilegalmente destituido por 'loco', pero olvida que el pueblo aprobó su salida

El expresidente Abdalá Bucaram Ortiz intenta conseguir una revisión de la historia de su destitución, ocurrida el 6 de febrero de 1997 cuando el Congreso Nacional lo declaró incapaz mentalmente para seguir gobernando. A la distancia, fue una sabrosa ironía que los diputados utilizaran el apodo que Bucaram disfrutaba en usar, el 'Loco que Ama', para plantear su separación del cargo.

Abdalá Bucaram lleva años en esta aventura legal en la que pide una reparación moral (afirma que no le interesa el dinero). El 26 de octubre de 2015, acudió en persona ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, y presentó una denuncia en contra del Estado ecuatoriano por su destitución de la Presidencia, hace 18 años atrás en ese entonces.

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Esto pidió Bucaram a la CIDH, como violaciones a sus derechos como persona:

• Que la CIDH declare responsable al Estado ecuatoriano de las violaciones de los artículos 1.1, 5, 8,9, 25, de la Convención Americana de Derechos Humanos
• Que la Comisión obligue al Estado investigar a los involucrados de su destitución

El 11 de agosto de 2025, la CIDH por fin ha reaccionado a esta denuncia. Se pide a la Cancillería de Ecuador explicar bajo qué norma fue declarado “loco” el expresidente. El Gobierno tiene tres meses prorrogables para enviar esta explicación, que debería hacerla la Asamblea Nacional tras buscar en sus archivos.

La clave de la denuncia de Bucaram, como puede intuirse, está en la causal de destitución. El legislador socialcristiano Franklin Verduga presentó la moción de declarar al Presidente de la República incapaz mentalmente y destituirlo. A las 22:10 del 6 de febrero, Bucaram fue depuesto, con 44 votos a favor, 34 en contra y dos abstenciones.

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Desde entonces, siempre se ha debatido si la actuación del Congreso Nacional se apegó a la Constitución. Los legisladores que votaron a favor son conocidos como los "psiquiatras", pues jamás hubo un certificado médico que validara la incapacidad mental de Bucaram.

Hasta aquí, es lo que Abdalá Bucaram viene reptiendo. Pero esta historia tuvo otro epílogo que también forma parte de la controversia legal y del que sus partidarios se han olvidado: todo lo actuado por el Congreso Nacional en febrero de 1997 fue legitimado por el pueblo ecuatoriano. Un pequeño detalle.

En efecto, el 25 de mayo de 1997 se realizó un referéndum en que el pueblo ecuatoriano contestó 13 preguntas para destrabar la aguda crisis política de Ecuador, causada por el propio Bucaram como actor protagóico (otro detalle que parece olvidar, convenientemente) y que desembocó en protestas callejeras y pugnas con los actores políticos, que al final lo expectoraron del poder. Bucaram no se fue entre aplausos.

Estas fueron las preguntas relacionadas a la destitución de Bucaram en el referéndum:

• ¿Ratifica usted el mandato popular de las jornadas de febrero ejecutado en las decisiones del Congreso Nacional que, entre otras resolvió cesar en las funciones de Presidente Constitucional de la República al Abog. Abdalá Bucaram y designar en su reemplazo al Dr. Fabián Alarcón Rivera, Presidente Constitucional Interino por el periodo fijado por la función legislativa?
• ¿Está usted de acuerdo con la resolución del Congreso Nacional que, al cesar en sus funciones al expresidente Constitucional de la República Abog. Abdalá Bucaram, eligió como Presidente Constitucional Interino de la República al Dr. Fabián Alarcón Rivera, hasta el 10 de agosto de 1998?

Con el 60.95% de apoyo para la primera pregunta, y con el 54.92% de apoyo para la segunda, el pueblo legitimó y consumó la salida de Abdalá Bucaram y la Presidencia de Fabián Alarcón. 

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Por supuesto, esto generó otro debate, que ahora se ha reactualizado por la pugna del Ejecutivo con la Corte Constitucional: ¿la voluntad nacional —expresión de la soberanía popular— está sometida al poder judicial? En otras palabras, estamos ante el fascinante dilema de privilegiar el poder judicial sobre el poder de gobierno, o vicecersa.

Otra derivación del vertiginoso gobierno de Bucaram fue: ¿qué pueden hacer los mandantes para frenar legalmente a un presidente desbocado? La figura de la revocatoria del mandato quiso resolver mediante normas jurídicas este asunto, inspirado en el caso de Bucaram.

En todo caso, Bucaram está feliz de que la paquidérmica CIDH, una década después de presentada la demanda, haya puesto en acción los engranajes del proceso. De nuevo, ha reiterado que no quiere dinero, sino la satisfacción de que le den la razón. Ya podemos oírlo exclamar: "¿Y ahora, y ahoooraaa...?" cuando reciba el veredicto.