Donald Trump marca el pulso político en América Latina con amenazas y presión militar
Al final del año 2025, Estados Unidos aceptó oficialmente que su objetivo es mantener el continente "lo suficientemente bien gobernado" y garantizar su acceso a ubicaciones estratégicas. Es parte de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Donald Trump.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una conferencia de prensa el 3 de enero de 2026.
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AFP
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Latinoamérica tuvo un 2025 más movido de lo usual en el ámbito político. Presidentes y expresidentes cuestionados, investigados y hasta sentenciados. Hubo cambios de rumbo, en procesos planificados o forzados. Y, ahora, la sombra de un conflicto bélico cubre a la región después de 30 años de paz: este 3 de enero de 2026, Estados Unidos atacó Venezuela y detuvo al presidente Nicolás Maduro.
2025 arrancó con la expectativa de la política exterior del reelecto republicano, Donald Trump, que llegó con una agenda muy distinta a la de su primer periodo. Y dos de sus primeras medidas golpearon fuertemente a los latinoamericanos.
Primero, el congelamiento de los fondos de cooperación y ayuda internacional, que provocaron miles de despidos y el fin de cientos de programas sociales a lo largo del continente, con el desmantelamiento de la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid).
Esto provocó descontento en muchos aliados de Washington y alejó a la Casa Blanca de las poblaciones que veían al país norteamericano como un benefactor, desde los 60, cuando John F. Kennedy creó la Usaid, que había servido justamente para mantener influencia en todo el globo.
Esto provocó la interrupción de programas de alimentos, de acceso a agua, de salud para luchar contra el VIH o proveer vacunas; suspensión de becas, de proyectos de desarrollo comunitario y apoyo a víctimas de abusos; fin del financiamiento a proyectos gubernamentales, de educación, justicia, gestión de riesgos.
A esto le siguieron las drásticas políticas antimigratorias: como el cierre de la frontera sur de Estados Unidos; las redadas y deportaciones que suman más de 600.000 personas expulsadas; las constantes denuncias de violaciones del debido proceso y de derechos humanos en las detenciones.
Como consecuencia, hay miles de familias latinoamericanas han sido separadas violentamente, menores de edad que se han quedado solos en Estados Unidos y miles de ciudadanos que regresan a sus países a empezar desde cero, causando presión en las economías locales.
Todo esto causó molestia en los gobiernos de la región. Sin embargo, los únicos que hablaron de la crisis provocada por el nuevo huésped de la Casa Blanca fueron aquellos mandatarios ubicados hacia la izquierda del espectro político: Gustavo Petro, Gabriel Boric, Claudia Sheinbaum, Lula da Silva, Nicolás Maduro.
Aunque la mayoría responden a las declaraciones y amenazas de Trump con cautela, ya que ninguno quiere una enemistad declarada con el republicano, como ha sucedido con Maduro y Petro. El primero ya fue detenido y afontará un proceso legal en Estados Unidos y el segundo una embestida diplomática.
Esto ha hecho que, más allá del péndulo regional, entre gobiernos de izquierda y derecha, muchos mandatarios tomen posturas, sea frente a las medidas de Washington o a los excesos del Palacio de Miraflores, en Caracas.
Y el mismo Trump despejó las dudas sobre su interés en Latinoamérica en el segundo semestre del año, cuando empezó a condicionar el respaldo de su administración a los resultados electorales de cada país. Por ejemplo, amenazó con dejar de apoyar a Javier Milei en Argentina si su partido perdía las legislativas y dijo que haría lo mismo con Honduras si no ganaba Nasry Asfura (finalmente, ganó).
El Departamento de Estado también dijo que esperaba una mejora en las relaciones con Chile, tras las elecciones de diciembre, haciendo un guiño al candidato derechista, José Antonio Kast.
Mientras que el nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, que le quitó el poder a la izquierda después de dos décadas, visitó el Departamento de Estado en Washington, como candidato, y ahora en el poder reabrirá oficinas estadounidenses clave en su país.
Algo similar pasó con los gobiernos de El Salvador y Ecuador, reelectos antes que Trump, que también cerraron filas con el republicano e incluso ofrecieron sus territorios como destino de los migrantes expulsados del país norteamericano.
Ya para diciembre, la Casa Blanca reveló sus planes concretos: “Queremos garantizar que el Hemisferio Occidental permanece lo suficientemente bien gobernado y razonablemente estable para impedir y desalentar la migración masiva a Estados Unidos".
El texto forma parte de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional y pone su principal foco geopolítico en el continente americano. "Queremos que los gobiernos cooperen con nosotros contra los narcoterroristas, los carteles y otras organizaciones criminales transnacionales", afirma.
La administración de Trump pretende evitar las "incursiones hostiles extranjeras" y busca gobiernos aliados que apoyen las cadenas de suministros fundamentales; "queremos garantizar nuestro acceso continuado a localizaciones estratégicas clave”, proclama la Estrategia de Seguridad. En esos planes podían haber estado las Islas Galápagos, en Ecuador, pero la derrota del referendo de Daniel Noboa en las urnas lo impidió.
Esa visión de la Casa Blanca advierte un retorno de doctrina Monroe del siglo XIX, que abrió una era de intervencionismo de Washington en América Latina, dirigido en su mayor parte contra gobiernos y simpatizantes de izquierda, y regresa con características trumpistas.
La campaña militar en torno a Venezuela es una de ellas, con bombardeos a supuestos barcos del narcotráfico en aguas de Sudamérica, con el despliegue del portaaviones más grande del mundo en el Caribe y hasta una operación militar para detener a Maduro.
Todo esto ha sido respaldado por los gobiernos con cercanía o intereses en expandir las relaciones con la Casa Blanca, sea por iniciativa propia o por amenazas, como la de tomarse el Canal de Panamá. Pero ha sido esquivado por los demás, como el brasileño Lula da Silva y la mexicana Claudia Sheinbaum.
Sin embargo, más allá de las preocupaciones extremas y numerosas, derivadas de Estados Unidos y sus planes, Latinoamérica es víctima de sus propias autoridades y crisis.
Haití suma un año más sin elecciones ni gobierno definitivo; Perú buscará su octavo presidente en ocho años; Bolivia, Brasil, Perú y Ecuador tienen judicializados a sus exmandatarios; Nicaragua, Cuba, Venezuela y El Salvador siguen bajo regímenes autoritarios y dictatoriales.
A esto se suman los desastres naturales, problemas ambientales, las crecientes deudas externas, la corrupción, la inseguridad, la violencia de género, la pobreza y el desempleo. Por ejemplo, Latinoamérica es la región del mundo con mayores desigualdades en los ingresos y una de las más desiguales en términos de riqueza.
El 10 % de los más ricos en Latinoamérica concentran el 57 % de los ingresos, mientras que el 50 % de los más pobres se tienen que contentar con el 8 % del total, según el Informe sobre la Desigualdad Global, del Laboratorio de las Desigualdades Mundiales (WIL).
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