Por no llevar el grillete electrónico, Fiscalía pedirá prisión de Aquiles Alvarez en caso Triple A

Mientras el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, se encuentra detenido con fines investigativos por el caso Goleada, la Fiscalía pidió este martes 10 de febrero de 2026 que el tribunal que maneja el caso Triple A señale una fecha para pedir su prisión por no usar grillete electrónico.

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Por el caso Goleada, el alcalde fue detenido durante un allanamiento a su domicilio durante la madrugada y trasladado a Quito junto a dos de sus hermanos, directivos del Club Barcelona SC y también detenidos, y ocho personas más, entre ellos gerentes de empresas municipales y de compañías vinculadas al caso Triple A.

El caso Goleada, según informó la Fiscalía, investiga el delito de lavado de activos y defraudación tributaria, mientras que el caso Triple A se refiere a la comercialización ilegal de combustibles en la frontera norte, caso en el que el alcalde ha sido llamado a juicio.

En el allanamiento por el caso Goleada, realizado este 10 de febrero, los policías de la Unidad de Lucha Contra el Crimen Organizado (ULCO) reportaron a la Fiscalía que se constató que el alcalde Aquiles Alvarez no portaba el grillete electrónico, dispositivo de seguridad que había sido dispuesto por el tribunal en el caso Triple A.

En un correo electrónico, cerca del mediodía, la ULCO remitió el parte policial del allanamiento del caso Goleada a la fiscal Ruth Amoroso, de la Unidad de Investigación Selecta Especializada en Transparencia de la fiscalía general del Estado, en el que señalan ‘la novedad suscitada’ en relación con el grillete electrónico.

Ante ello, Amoroso solicitó al Tribunal de Garantías Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado que “se señale día y hora para la revisión de medida respecto del ciudadano Aquiles David Alvarez Henriques”.

En el parte policial del allanamiento del caso Goleada, los agentes policiales señalan que ingresaron a la residencia del alcalde, en la urbanización Blue Bay, en la Isla Mocolí, para acatar en contra del funcionario “una orden de detención por 24 horas con fines investigativos”.

“Al momento de ingresar al inmueble y llegar hasta el dormitorio en el que se encontraba el ciudadano Alvarez Henriques Aquiles David se pudo visualizar que no se encontraba portando el grillete electrónico, constatando que se encontraba sobre el piso junto a la cama”.

Reporte policial.

Posteriormente -señala el documento- “en presencia del señor Fiscal, (el alcalde) procede a colocarse el dispositivo electrónico. Acto seguido se hizo las verificaciones con el ECU-911 con la finalidad de conocer si existió un reporte de alerta referente a la manipulación del grillete electrónico, tomando contacto con la operadora de turno de la cabina de Policía Nacional mencionando que no existe ningún reporte y que tampoco tenía conocimiento el SNAI sobre la alerta de manipulación del grillete electrónico”.

Durante el procedimiento, los agentes aprehensores pidieron la revisión del sistema y constataron que “tampoco existía registro sobre la alerta en el turno anterior comprendido desde las 22:00 del lunes 9 de febrero de 2026 hasta las 06:00 del martes 10 de febrero de 2026. Por lo que se solicita que dicha novedad sea puesta en conocimiento de la Fiscalía”.

Por su parte, Ramiro Garcia, abogado de Alvarez aseguró que el alcalde no llevaba el dispositivo porque se lo sacó para cargar la batería. “Normalmente el grillete se carga como el celular, en la noche, no es que se duerme con él”, defendió Ramiro García. 

Además, el abogado argumentó que Aquiles Alvarez "ha cumplido a cabalidad" las medidas cautelares impuestas en el caso Triple A y que el alcalde se presentó ante la Fiscalía el lunes 10 de febrero, por lo que aseguró que no hay un incumplimiento de las medidas.

La fiscal Amoroso presentó, además del parte del allanamiento, los extractos de las resoluciones judiciales en las que la Fiscalía, además de Petroecuador y la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (Arch) pidieron en septiembre de 2025 la prisión del alcalde, solicitud que fue rechazada por el tribunal.