ADN critica los 'sueldos dorados' durante el debate de la ley de los gobiernos locales, y Pachakutik anuncia que votará en contra

La Asamblea Nacional inició este 20 de febrero el segundo y definitivo debate de la Ley de Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Decentralizados (GAD), que generó polémica entre quienes la defienden y lo que la rechazan.

El encuentro convocado por el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, se desarrolla en un lugar poco usual para una sesión del Pleno y la aprobación de leyes: la Universidad Tecnológica Ecotec, en Guayas.

El eje central de propuesta, que fue enviada por el presidente Daniel Noboa como económica urgente, es que los gobiernos locales deberán invertir el 70% de sus ingresos en inversión y el 30% en gasto corriente, algo que ya consta en la normativa vigente.

La bancada de Acción Democrática Nacional (ADN) y el propio gobierno defienden el proyecto, bajo el argumento de que "esa regla está invertida en muchísimos municipios en los que se destina el 70% y el 80% en gasto corriente y apenas el 20% o el 30% en inversión", dijo el 19 de febrero el asambleísta Esteban Torres.

Los sectores de la oposición política, con Revolución Ciudadana (RC) a la cabeza, en cambio, sostienen que la ley provocará un recorte en las asignaciones presupuestarias en los gobierno locales, lo que impactaría directamente a la política social de municipios y prefecturas.

Un grupo de asambleístas correístas encabezó este viernes 20 de febrero una marcha de rechazo al proyecto, por la vía que conduce a la universidad en donde se desarrolla el Pleno.

Un grupo de personas se ubicó en los exteriores del centro de estudios para manifestar su rechazo a la ley. En el lugar se desplegó un cordón de seguridad conformado por efectivos de la Policía Nacional, quienes se ubicaron entre los manifestantes y los accesos al recinto. Hasta las 10:30 no hubo incidentes.

El oficialismo necesita, al menos, 77 votos para poder aprobar esta reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización que ha dividido a alcaldes y prefectos del país, entre los que lo apoyan y rechazan.

Defensa del oficialismo

El debate arrancó con la intervención de la legisladora oficialista, Valentina Centeno, que dijo que esta disposición del 70-30 ya esta vigente desde 2011 y tiene lógica que se destine más recursos para dotar a las ciudades de agua potable, vialidad y otros servicios básicos, mientras que menos dinero al pago de sueldos de funcionarios o festividades.

En el caso del agua potable, según Centeno, los ecuatorianos que tienen acceso a este servicio básico, estarían recibiendo agua de mala calidad lo que pone en riesgo la salud de los ciudadanos. 

"Esto, mientras los alcaldes sigues destinando recursos para conciertos", señaló la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, que elaboró el informe para segundo debate del proyecto.

Centeno dijo que en ninguna parte del proyecto se prohíbe o retira recursos para que los municipios puedan invertir en infraestructura educativa, pero que lo hagan de forma eficiente.

Según datos del Ministerio de Finanzas, en promedio, los municipios del país destinarían el 64% en gasto corriente y alguno superarían el 100% de sus ingresos, dijo la asambleísta de ADN.

Centeno reveló que en algunos municipios, como el de Quito, hay directores con "sueldos dorados" que ganan hasta USD 4.300. Mocionó la aprobación integra del proyecto.

Sergio Peña dijo que en apenas dos meses de 2026 los municipios ya han gastado más de seis millones de dólares en festividades. 

"Guaranda USD 499.000 para fiestas; Guayaquil USD 494.000 adjudicados; Paute USD 394.000; Bolívar USD 355.000 adjudicados", señaló Peña por mencionar algunos municipios.

Rechazo de la oposición

El legislador correísta Diego Salas, que es parte de la Comisión de Desarrollo Económico, presentó un informe alternativo de minoría. Reconoció que los gobiernos locales sí deben gastar mejor y que su propuesta no defiende el despilfarro ni la propaganda.

Aseguró que la reforma oficialista no mide la calidad y porcentajes de gasto. Además, que se pone en "modo castigo" si el gobierno considera que un municipio no cumplió con los porcentajes bases. 

Sostuvo que eso pone en peligro a los programas sociales de las ciudades y provincias. También, cuestionó la recategorización de lo que se considerará gasto corriente incluyendo a la contratación de equipos técnicos o fiscalización "empujando a dos caminos igual de malos: maquillar los rubros para llegar a la partida o endeudarse para cumplir solo con el papel".

Conminó a los asambleístas "que se deben a sus provincias" a que voten en contra de esta propuesta del gobierno.

Mariana Yumbay, de Pachakutik, rechazó que se trate esta como una ley urgente y aseguró que la reforma al Cootad es regresiva en derechos, porque viola la autonomía de los Gobiernos Autónomos, incluso la Constitución.

La legisladora de Pachakutik dijo que envió una serie de observaciones a la Comisión de Desarrollo Económico, pero que no han sido acogidas. Por eso, adelantó que los tres asambleístas del movimiento indígena votarán en contra.