Más remisiones de deudas y multas se proponen en el primer debate del proyecto de Ley de Áreas Protegidas

La Asamblea Nacional debatió este 2 de julio el informe preliminar del proyecto de Fortalecimiento de Áreas Protegidas, que recibió críticas desde la Revolución Ciudadana (RC) y halagos de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN).

El correísmo sostiene que la inclusión, a última hora, de una nueva denominación para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Snap), como Empresa Pública, abre la puerta a que las zonas protegidas puedan ser privatizadas.

"Tampoco se está garantizando el derecho que tienen las comunidades y pueblos ancestrales a la consulta previa", aseguró Diego Salas que es integrante de la Comisión de Desarrollo Económico, que trata la propuesta.

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La ambientalista y legisladora de RC, Verónica Íñiguez, aseguró que al dejarse de lado la consulta previa se deja la puerta abierta para el desarrollo de actividades extractivistas de recursos no renovables.

También, para la construcción de proyectos turísticos y hasta inmobiliarios en zonas consideradas como áreas protegidas y que la normativa actual lo impide.

Defensa oficialista

Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, negó que se esté dejando de lado la consulta previa e informada, porque además está contemplada en la Constitución.

Además, reiteró que el proyecto, tratado por la mesa legislativa impide, a toda costa, cualquier tipo de actividad en las denominadas zonas intangibles. 

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Según ADN, la propuesta está destinada estrictamente a la protección de las áreas protegidas y al fortalecimiento de la figura del guardaparque al que se propone profesionalizar. 

Un objetivo especial, según Valentina Centeno, es luchar contra la minería ilegal y el tráfico de combustibles que estaría aprovechándose del territorio protegido para desarrollar actividades al margen de la ley.

'Aprovechando la ley'

Viviana Veloz, de Revolución Ciudadana, cuestionó una supuesta falta de "unidad de materia" en el proyecto sobre Áreas Protegidas, que se encuentra en la Comisión de Desarrollo Económico.  

Sobre todo, por la disposición incluida en el informe de primer debate para la remisión del pago de intereses, intereses por mora, costas judiciales y otros cargos derivados de operaciones crediticias con la Corporación Financiera Nacional (CFN).

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La expresidenta de la Asamblea dijo que si se quiere mantener esta idea, se debe transparentar la lista de quienes se beneficiarían de este perdón de deudas y poner un candado para que los beneficiados no sean funcionarios del Ejecutivo, sus familiares o incluso asambleístas. 

El legislador de ADN, Steven Ordóñez, dijo "tengo que aprovechar la ley" para hacer nuevas propuestas, aunque estas no necesariamente guarden concordancia con la unidad de materia.

Ordóñez, legislador por El Oro, fue más allá en su propuesta y pidió que en el informe de segundo debate se incluya una transitoria para la remisión de multas para los transportistas, a los que calificó como uno de los sectores más importantes del país.

También propone en la ley una "regulación" a la tasa de recolección de basura que se cobra con la factura de luz. A Ordóñez no le parece que una empresa que paga USD 10.000 por energía eléctrica pague USD 900 por el servicio de recolección.

Luego de dos horas, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, suspendió el debate que se prevé se reanude en la tarde de este 2 de julio.