Ley de Solidaridad lleva siete días vigente y Comisión ya propone reforma para corregir error sobre indulto

Los legisladores de Acción Democrática Nacional (ADN), en el pleno de la Asamblea Nacional, celebraron la aprobación de la Ley de Solidaridad Nacional, el 7 de junio Especialmente, los miembros de la Comisión de Desarrollo Económico, que se encargaron de su trámite.

Sin embargo, apenas 10 días después de su aprobación y siete días después de que la normativa entró en vigencia, la misma Comisión intenta corregir un error que cometieron en el texto, incluyendo una reforma penal adicional en el proyecto urgente de Ley de Integridad Pública que está en trámite.

Se trata de la nueva figura del "indulto diferido". Inicialmente, el presidente Daniel Noboa lo planteó como un indulto 'anticipado'. Pero los asambleístas la cambiaron y aumentaron: se trata de una medida previa a la sentencia, que suspende la prisión preventiva y entrará a regir una vez que la sentencia se encuentre ejecutoriada.

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El problema radica en que la reforma penal, que incluía el nuevo indulto presidencial diferido en la lista de las formas de extinción de las penas, mantuvo la figura como “indulto anticipado". Es decir, mientras no se corrija ese error, hay una discordancia entre la nueva Ley de Solidaridad y la última reforma al Código Integral Penal (COIP).

Es por eso que la misma Comisión de Desarrollo Económico decidió incluir una nueva reforma penal, al artículo 72 del COIP, para cambiar el “indulto anticipado” por un “indulto presidencial con efecto diferido en el marco del conflicto armado interno”.

Por lo que habrá que esperar a que esta nueva ley urgente entre en vigencia para que las normas expedidas por el Legislativo tengan coherencia.

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Este polémico nuevo indulto solo se podrá otorgar por razones humanitarias o de interés público excepcional y deberá estar sustentado en los elementos recabados por la Fiscalía, que apunten a que no se trató de delitos contra la administración pública, genocidio, tortura, desaparición forzada, secuestro y homicidio por razones políticas.

Pero La Ley aclara que este indulto especial no será obstáculo para la investigación penal, ni para una eventual declaración de responsabilidad del Estado, por ejemplo, en violaciones del derecho humanitario.