Militares del caso Malvinas solicitan hábeas corpus para revocar prisión preventiva, invocando Ley de Solidaridad
Los abogados de las familias de las víctimas califican el pedido como “impertinente” y participarán en audiencia prevista para este 17 de junio. Son 11 de los 16 militares los que buscan la libertad.
La primera reconstrucción de los hechos del caso Las Malvinas, se realizó 16 de marzo del 2025 en el sur de Guayaquil y en la parroquia rural de Taura, de Naranjal, en Guayas.
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Redacción Primicias
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Un grupo de los militares procesados por la desaparición forzada y asesinato de cuatro menores de edad en Guayaquil, en lo que se conoce como el Caso Malvinas, presentaron este lunes 16 de junio de 2025 una solicitud de hábeas corpus con el objetivo de revocar la medida de prisión preventiva que pesa sobre ellos desde diciembre pasado. Son 11 de los 16 militares imputados los que buscan la libertad.
El pedido se sustenta en la recién aprobada Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, que permite el indulto presidencial a miembros de la fuerza pública en determinados casos, aunque con efectos diferidos tras la sentencia.
La defensa de los militares invoca la Ley de Solidaridad vigente -publicada en el Registro Oficial el 10 de junio de 2025-, "una norma procesal penal que prohíbe la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva a procesados cuando sean miembros activos de las Fuerzas Armadas y el hecho investigado tenga relación" con su deber legal, en el marco del conflicto armado.
La acción constitucional de habeas corpus será conocida en Cotopaxi porque los detenidos están privados de la libertad en el Centro de Rehabilitación Sierra Centro, conocido como la cárcel de Latacunga. La defensa de los 11 militares pide se aplique el principio de favorabilidad por causa sobreviniente que según su interpretación "torna en ilegal y arbitraria" la medida de prisión.
CDH lo considera impertinente
En la demanda se aduce que los militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) "neutralizaron y aprendieron" a cuatro personas en Guayaquil, en el marco de sus labores en el conflicto armado interno, a quienes liberaron en el cantón Durán.
El recurso, que será tratado este martes 17 de junio a las 14:30 en audiencia ante la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi, ha generado reacciones de rechazo entre los representantes legales de las familias de las víctimas.
“Sí, fue una sorpresa”, señaló el abogado Abraham Aguirre, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), que patrocina a las familias de las víctimas. Por su parte, Fernando Bastías, otro de los abogados de las familias, fue más tajante: “Es impertinente totalmente. Mañana intervendremos en la audiencia”.
Para el próximo 10 de julio está prevista la audiencia preparatoria de juicio en el caso por presunta desaparición forzada contra los 16 militares y un oficial de alto rango, un coronel, vinculado como presunto cómplice.
Ley recientemente aprobada
La solicitud de hábeas corpus se basa en la Ley de Solidaridad Nacional, aprobada por la Asamblea el pasado 7 de junio con 84 votos a favor, que permite al presidente indultar a miembros de la fuerza pública una vez que exista una sentencia judicial, por razones de interés público o humanitarias.
Sin embargo, la norma ha sido cuestionada por diversos sectores sociales y organizaciones de derechos humanos que advierten sobre su posible uso para encubrir violaciones graves a los derechos humanos.
El Caso Malvinas se remonta al 8 de diciembre de 2024, cuando Josué Arroyo, Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, todos de entre 11 y 15 años de edad, fueron detenidos de forma ilegal por efectivos de la Fuerza Aérea en el sur de Guayaquil. Posteriormente, los menores desaparecieron y días después se confirmó su asesinato: el caso conmocionó al país por la edad de las víctimas.
Desde el 31 de diciembre, los 16 uniformados implicados permanecen en prisión preventiva. Cuatro de ellos se acogieron a un programa de colaboración eficaz, fueron trasladados a otra cárcel y revelaron tratos crueles y denigrantes previo a que los cuatro menores de edad fueran abandonados desnudos en una zona rural de Taura (Naranjal, Guayas), a más de 40 kilómetros del sitio de la detención.
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