La Asamblea aprueba la Ley de Solidaridad Nacional de Daniel Noboa para combatir a las economías criminales

La noche del sábado 7 de junio de 2025, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó (con 84 votos a favor, 1 blanco, 10 abstenciones y 46 en contra) la Ley de Solidaridad Nacional del presidente Daniel Noboa, el nuevo nombre dado por la Comisión de Desarrollo Económico a la ley urgente enviada por el Ejecutivo para combatir las economías criminales.

La sesión estuvo marcada por una carga simbólica y política: el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, abrió la jornada con un minuto de silencio por los cuatro comerciantes secuestrados y hallados sin vida en una cisterna en Guayaquil, así como por los policías que capturaron a los sospechosos del caso y que luego fueron liberados.

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La aprobación se da en un contexto de aguda crisis de seguridad. Desde que el presidente Daniel Noboa declaró el conflicto armado interno en enero de 2024, el país enfrenta un recrudecimiento de la violencia, producto de la confrontación con organizaciones criminales transnacionales vinculadas al narcotráfico.

Las tasas de muertes violentas han alcanzado niveles sin precedentes: según proyecciones citadas en el Pleno, Ecuador cerraría el año con más de 53 homicidios por cada 100.000 habitantes, muy por encima del promedio latinoamericano.

El proyecto, que tuvo aprobación unánime en la comisión con votos tanto del oficialismo como de la oposición, fue defendido por la asambleísta Valentina Centeno (ADN), presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico.

Durante el debate, Centeno afirmó que la ley responde al clamor ciudadano por seguridad y una reacción firme del Estado. Destacó que entre 2023 y 2025 Ecuador ha perdido USD 250 millones por delitos relacionados al robo de combustibles, razón por la cual se incorporó un capítulo específico sobre hidrocarburos.

La normativa establece nuevas reglas procesales, como ampliación de plazos para casos de flagrancia, obligatoriedad de prisión preventiva para delitos relacionados con crimen organizado y la especialización de jueces y fiscales por tipo de delito.

“Aquí lo que buscamos es una respuesta contundente de las fuerzas del orden y también de los operadores de justicia”

Valentina Centeno, asambleísta ADN.

Debate marcado por las cifras de violencia

El asambleísta Steven Ordóñez (independiente) subrayó el respaldo multipartidista al proyecto: “¿Cómo no voy a apoyar esta ley si mi provincia, El Oro, está entre las más golpeadas por la violencia?”, dijo. Además, resaltó que el artículo 17 de la ley dispone que los recursos incautados al crimen organizado se destinen al refuerzo de las fronteras.

Sergio Peña, exasambleísta de la Revolución Ciudadana ahora independiente, defendió su voto favorable al proyecto: “La seguridad no tiene color político. Cuando te roban, no te preguntan si eres correísta o de ADN”.

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Raúl Chávez (RETO–RC), aunque apoyó la ley, llamó a medir su impacto real y propuso crear una comisión multipartidista para supervisar su aplicación: “Ya aprobamos seis leyes similares desde diciembre de 2023 y no hemos tenido los resultados esperados. Si las cifras no bajan, algo está fallando”.

El asambleísta Otto Vera (PSC) fue enfático: “Las estadísticas son graves. Si seguimos haciendo lo mismo, los resultados serán los mismos. El delincuente tiene que saber que hay un Estado fuerte que lo va a perseguir”.

Críticas y demandas al Ejecutivo

Desde la Revolución Ciudadana, Noemí Cabrera cuestionó la efectividad de las acciones del Gobierno: “El presidente Noboa ofreció seguridad con el Plan Fénix y hasta ahora no vemos resultados. Aumentaron el IVA en un 3% prometiendo fortalecer a la Policía, pero los delitos no han bajado”.

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También señaló que otras leyes aprobadas por la Asamblea, como la de prevención del lavado de activos, aún no cuentan con reglamento, lo que, a su criterio, frena su implementación.

La encrucijada de Pachakutik

Un punto de tensión fue saber cómo votarían los asambleístas de Pachakutik, cuyo Consejo Político Nacional amenazó con expulsar de la bancada y de la oposición a los que apoyasen esta Ley.

El asambleísta José Luis Nango (Pachakutik) dijo que los asambleístas sí pueden hacer historia, que nadie le puede callar. "Me levanto con el deber de hablar en nombre de la provincia de Pastaza (...) una provincia que hoy sufre los efectos del conflicto armado", enfatizó, mostrando su apoyo a la ley, a pesar de la amenaza de sus bases. "Hoy enfrentamos una amenaza que supera al Estado", agregó.

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Nango expresó que como miembros de Pachakutik han sido críticos de este proyecto de ley y que con las observaciones lograron que el texto no vaya en contra de quienes defienden su derecho a la resistencia. 

A la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Carmen Tiupul, le dijo que no se amilane ante las amenazas recibidas. "Hoy veremos de qué lado de la historia estamos, espero que votemos pensando en ellos", acotó refiriéndose a los ciudadanos. 

Finalmente, seis asambleístas votaron a favor de la ley, dos se mostraron en contra y uno no asistió.