Asamblea entierra reformas sobre Seguridad Social y asignaciones a gobiernos locales
En la Asamblea no hubo votos para ratificar los proyectos de reformas sobre Seguridad Social y asignaciones a gobiernos locales, un año después de que recibieron veto total del presidente Daniel Noboa.

Asambleístas votan No a la ratificación de dos proyectos de Ley en el Pleno, el 17 de julio de 2025.
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Asamblea Nacional
Autor:
Redacción Primicias
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El proyecto de reforma a varias leyes para la estabilidad de la Seguridad Social en el Ecuador (Ley ESSE), y otro sobre asignaciones de recursos a los gobiernos locales fueron archivados definitivamente en la Asamblea Nacional este jueves, 17 de julio de 2025, un año después de que recibieron veto total del Ejecutivo.
En el primer caso, el Pleno de la Asamblea Nacional no aprobó la ratificación del Proyecto de Ley Reformatoria a Varias Leyes para la Estabilidad de la Seguridad Social en el Ecuador (Ley ESSE).
Según el Legislativo, la resolución se da por "contravenir principios legales vigentes, vulnerar competencias institucionales y poner en riesgo la sostenibilidad, confidencialidad y operatividad del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess)".
La votación registró 64 votos afirmativos, 71 negativos, una abstención y 15 ausentes. Se necesitaban de una mayoría calificada, es decir, de 101 votos, para su aprobación.
"Biess necesita autonomía"
Eckner Recalde, asambleísta del oficialismo, adujo que la propuesta legislativa, que fue aprobada el 06 de junio de 2024 por la Asamblea, ponía en riesgo la estabilidad del Biess, las pensiones, los créditos y el futuro de millones de afiliados y jubilados.
Recalde argumentó que el Banco del IESS no requiere supervisión externa, como planteaba el proyecto, pues ya cumple con su misión de invertir con seguridad, rentabilidad y responsabilidad. “El Banco no necesita un consultor extranjero; necesita autonomía y apoyo para seguir invirtiendo en el Ecuador”, enfatizó.
Asimismo, señaló que el proyecto pretendía otorgar a la Superintendencia de Compañías la facultad de definir operaciones financieras del Biess, lo cual consideró inconstitucional e ilegal. Recordó que las competencias en materia de banca pública están claramente establecidas y recaen en la Junta de Política y Regulación Financiera.
Otro aspecto cuestionado fue la exigencia de que el Biess publique el detalle de cada inversión, incluyendo montos, beneficiarios y contratos, lo que –dijo– vulnera el sigilo bancario y representa un riesgo para los fondos de los afiliados y jubilados. “Hacerlo abriría la puerta a la competencia desleal y a la manipulación de mercados”, advirtió.
Asignaciones a gobiernos locales
Asimismo, el Pleno de la Asamblea Nacional no se ratificó en el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varias Leyes Orgánicas para Asegurar la Asignación Directa y Oportuna de Recursos de los Ingresos Permanentes y No Permanentes a los Gobiernos Autónomos Descentralizados.
En este caso, el texto fue objetado totalmente por el presidente Daniel Noboa, el pasado 5 de junio de 2024.
La moción de ratificación presentada por la presidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Lucía Pozo (ADN), obtuvo 67 votos afirmativos, 68 negativos y 3 abstenciones, por lo que no fue aprobada.
Pozo argumentó que el contenido del proyecto contradice el artículo 118 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que establece la liquidación cuatrimestral para los ajustes correspondientes, por lo tanto, su aplicación resulta inviable.
Por su parte, el legislador Alfredo Serrano (PSC) sostuvo que los recursos pertenecen a los gobiernos seccionales. “Esa plata no le pertenece al Gobierno Nacional de turno”, afirmó. Recordó que, conforme al artículo 271 de la Constitución, las asignaciones deben ser “predecibles, directas, oportunas y automáticas”.
El proyecto de ley proponía que el Banco Central del Ecuador cree subcuentas especiales para el manejo de los depósitos de los gobiernos autónomos descentralizados, con la obligación de transferir automáticamente a dichas subcuentas los montos correspondientes dentro de los cinco primeros días de cada mes.
Para ello, se planteaba reformar el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; el Código Orgánico Monetario y Financiero; el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; y la Ley de Régimen Tributario Interno.
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