Bases militares: La Asamblea demora el proceso para convocar a la ciudadanía al referendo

Durante su última gira internacional, el presidente Daniel Noboa anunció que el referendo para eliminar la prohibición de bases militares extranjeras en Ecuador "será a finales de año". Se trata de una propuesta suya para luchar contra el crimen organizado transnacional.

El texto original fue remitido a la Asamblea el 17 de octubre de 2024, después de que la Corte Constitucional (CC) determinó que el proceso para cambiar el artículo 5 de la Constitución es a través de la Asamblea y posteriormente una ratificación en las urnas.

La intención es modificar el texto vigente, que dice: "Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras".

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Sin embargo, pese a que el oficialismo y sus aliados abrieron el paso a la propuesta y aprobaron su segundo informe el 5 de junio, el proceso quedó estancado en el mismo Legislativo. 32 días después, la Secretaría de la Asamblea no ha despachado el documento.

Esto podría deberse a que, una vez que Niels Olsen, titular del Legislativo y pieza clave de Acción Democrática Nacional (ADN), está esperando a conveniencia del Gobierno. Lo que coincide con el anuncio del Primer Mandatario en Italia.

Los plazos

Y es que el proceso de reforma parcial a la Constitución tiene plazos máximos, especialmente después de que terminó el debate en la Asamblea. La Constitución establece que "una vez aprobado el proyecto de reforma constitucional se convocará a referéndum dentro de los 45 días siguientes".

Sin embargo, la misma Carta Magna y la Ley de Garantías Jurisdiccionales también establecen un control de la Corte a estos procesos. Y el segundo momento de control es para analizar la convocatoria a referendo, los considerandos, las preguntas y los anexos.

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Es decir, una vez que el Legislativo remita el documento a la Corte Constitucional y el juez sorteado conozca el texto, el pleno tendrá el término de 20 días para pronunciarse al respecto. Y si no lo hacen, se entenderá que hubo dictamen favorable.

En ese momento, empezarán a correr los plazos para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ejecute la votación, como ha sucedido en referendos previos. Son 15 días para la convocatoria a la ciudadanía y un plazo de máximo 60 días para llevarlo a cabo.

Así, si la Asamblea hubiese remitido el texto a la Corte al día siguiente de su aprobación, como es usual, los ecuatorianos hubiesen llegado a las urnas a más tardar a mediados de septiembre. Pero, la Secretaría del Legislativo se encuentra "haciendo aún ajustes al texto que enviarán a la CC", sin una fecha la vista para entregar el documento.