Así se gestó el caso que llevó a la cárcel a Aquiles Alvarez | Las pruebas, los antecedentes y el impacto de 'Goleada'

Según la Fiscalía General del Estado, el caso Goleada se sustenta en la existencia de un “entramado societario complejo” que habría servido para evadir controles estatales y ejecutar operaciones comerciales irregulares, principalmente relacionadas con la comercialización de combustibles y maniobras para defraudación tributaria. 

La Ministerio Público señala que el pedido de prisión preventiva responde a la necesidad de evitar interferencias en la investigación -en la "necesidad de neutralizar riesgos procesales"- y de frenar la actuación de una presunta estructura que habría "corrompido a funcionarios y evadido el control de instituciones estatales en torno a la comercialización de combustible". 

A la audiencia de formulación de cargos del caso Goleada -entre la media noche del martes 10 y la tarde del miércoles 11 de febrero de 2026- no se permitió el acceso a la prensa, por lo que no fue posible conocer si la Fiscalía estableció algún vínculo con el Municipio de Guayaquil o con el club de fútbol Barcelona, pues su presidente y otros directivos también fueron procesados.

El agente fiscal es Dennis Villavicencio, quien cobró notoriedad pública al reemplazar a Carlos Alarcón -actual fiscal general encargado- en el denominado caso Nene, proceso en el que fue enjuiciado el hijo de la exvicepresidenta Verónica Abad. 

Durante los allanamientos ejecutados la madrugada del 10 de febrero en Guayaquil y Samborondón resultaron aprehendidas 11 personas. Entre ellas figuran Aquiles Alvarez y sus hermanos Antonio y Xavier Álvarez, los tres ahora con prisión preventiva y con sus cuentas bancarias inmovilizadas.

También quedaron con prisión preventiva César Bravo, representante de la firma FuelCorp y coordinador del Municipio de Guayaquil, y Fernando Peñaherrera, quien se desempeñó como notario suplente y consta como representante de la empresa Ternape Petroleum. Se trata de dos empresas involucradas en el caso Triple A. Estos cinco implicados principales fueron llevados a la cárcel.

Para otros cinco procesados -incluido el primo del alcalde, David Alvarez-, se dispuso presentaciones periódicas y prohibición de salida del país. Mientras que Pedro Juan Hidalgo, empresario del sector de la comercialización de combustibles, cumplirá arresto domiciliario (a la espera de un informe de seguridad). A los 11 procesados se les inmovilizaron sus cuentas bancarias.

La Fiscalía presentó 20 elementos de convicción con información financiera, vínculos empresariales, documentos, la explotación de dispositivos electrónicos y supuestas operaciones relacionadas con el municipio -en los allanamientos se decomisaron celulares, computadoras, documentos y dinero-.

Uno de los pilares de la acusación, según la defensa de los hermanos Alvarez, son alrededor de 150.000 páginas de chats de WhatsApp, obtenidos de dispositivos entregados por una persona que se desempeñaba como gerente financiero y directivo de una de las empresas involucradas. 

Ramiro García, abogado de los Alvarez, sostuvo que esos diálogos contienen conversaciones “coloquiales” sobre trámites de negocios y han sido interpretados de forma errónea por la Fiscalía. También dijo que el caso se origina en una denuncia anónima y en un peritaje a esos chats, y que la investigación tendría los elementos del proceso previo conocido como Triple A. 

Aquiles Alvarez ya enfrentaba el proceso Triple A, por la presunta comercialización ilegal de combustibles, causa en la que fue llamado a juicio y sometido a medidas cautelares; entre ellas, la prohibición de salida del país, presentaciones periódicas y el uso de un grillete electrónico. 

El Servicio de Atención a Privados de Libertad (SNAI) señaló, tras la detención de Alvarez el 10 de febrero, que los dispositivos de vigilancia electrónica no pueden ser retirados ni manipulados, luego de que la Fiscalía informara que el Alcalde no portaba el grillete que le fue colocado en julio de 2025. El grillete registró 33 alertas de "pulsera quitada". La defensa expresó que, al momento de la acción policial, Alvarez estaba dormido en su casa y que el dispositivo electrónico se estaba cargando.

La detención del Alcalde y su entorno en el nuevo proceso han generado reacciones públicas, denuncias de supuesta persecución política y un impacto en el Municipio y en Barcelona SC, dirigido por los hermanos Alvarez. En contexto, 2026 es un año preelectoral de cara a las elecciones seccionales de febrero de 2027 y el proceso contra el alcalde puede incidir en dignidades claves. 

Con la prisión preventiva, el caso entra en la etapa de instrucción fiscal. En este periodo, de hasta 90 días, la Fiscalía continuará recabando y valorando pruebas, mientras que la defensa podrá presentar elementos de descargo. La medida cautelar es revisable en instancias posteriores y estará sujeta a los plazos que determine la autoridad judicial.

Si las acusaciones prosperan hasta un potencial llamado juicio este tipo de procesos suele tomar hasta un año. El delito de delincuencia organizada está tipificado en el artículo 369, incisos 1 y 3, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), y contempla una pena privativa de libertad de hasta 30 años.

El Municipio de Guayaquil activó los mecanismos de subrogación. Tras la detención y una licencia de 15 días solicitada por Alvarez, la vicealcaldesa Tatiana Coronel (del Movimiento RETO, afín al alcalde) asumió como alcaldesa subrogante en ausencia temporal del titular. La prisión preventiva no es motivo automático de pérdida del cargo -se requiere una sentencia firme-, aunque entre las causales de remoción sí consta el mal manejo de fondos municipales y el incumplimiento de disposiciones legales.