Caso Purga: Cárcel, multas, decomiso de bienes y pérdida de derechos por 20 años para Muentes, Gallardo y Marfetán
La Corte Nacional de Justicia dio lectura, este 3 de marzo de 2025, en una audiencia que tomó más de seis horas, a la sentencia por este caso, en el que estaban procesados funcionarios judiciales, en el presunto delito de delincuencia organizada.
Procesados por el caso Purga y sus abogados en la audiencia de juicio en la Corte Nacional, el 20 de febrero de 2025.
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Acogiendo la solicitud de la Fiscalía, la Corte Nacional de Justicia dictó este 3 de marzo de 2025 una sentencia de 13 años y cuatro meses de prisión en contra del exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Pablo Muentes; la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo; y el exjuez del Guayas, Johann Marfetán, en el llamado caso Purga que los investigó por supuesta delincuencia organizada.
Los jueces nacionales los consideraron a la cabeza de una estructura que operó en el sistema de justicia de la provincia del Guayas. "Habrían dirigido y ejecutado un plan estructurado para controlar el sistema de justicia en la provincia de Guayas", según el Ministerio Público.
Durante la lectura de la sentencia, que duró seis horas y media, el tribunal -conformado por los jueces Felipe Córdova, Marco Aguirre y Daniela Camacho, quien asumió como jueza ponente-, consideró que los procesados actuaron "con la voluntad de poner en peligro el bien jurídico protegido, de la seguridad pública" y que su accionar fue "doloso".
El tribunal calificó a Muentes, Gallardo y Marfetán como "culpables y autores directos por haber ejercido el mando, la dirección y la planificación de la organización criminal", respectivamente.
Además se les impuso una multa de 20 salarios básicos unificados, el decomiso de todos los bienes que les fueron incautados durante la investigación y la pérdida de sus derechos de participación por el lapso de 20 años.
Mientras que Reinaldo Cevallos, Guillermo Valarezo, Ramos Lino, Nelson Ponce, Henry Taylor, Juan Riofrío y Ruth Solano, fueron calificados como "autores directos por haber colaborado con el grupo de delincuencia organizada".
El tribunal también acogió el pedido de la Fiscalía y sentenció con la pena privativa de libertad de nueve años y cuatro meses a los funcionarios Cevallos, Valarezo, Ponce, Taylor, Riofrío. Para ellos, además, se dispuso una multa de 20 salarios básicos unificados y la pérdida de los derechos de participación por 15 años.
También acogió el tribunal el pedido de la Fiscalía de un año y 4 meses de cárcel para Alberto L. y Ruth S. por su cooperación eficaz en la causa. Se dispuso para ellos una multa de 20 salarios básicos unificados, el decomiso de los bienes que les fueron decomisados en la investigación y la pérdida de de los derechos de participación por un tiempo de 15 años.
Los jueces de la Corte Nacional en su sentencia ratificaron el estado de inocencia de Fausto A., Andrea P., y Saúl M., para quienes dispusieron su inmediata libertad y el levantamiento de las medidas cautelares impuestas y la devolución de los bienes que les hayan sido incautados.
También se dispusieron medidas reparatorias integrales, entre ellas la publicación de la sentencia y la colocación de una placa en la Corte de Justicia del Guayas que señale "la administración de justicia es gratuita". La Fiscalía había pedido que la leyenda indique: "La justicia no es negociable ni está al servicio del poder".
Con la sentencia se acogió también el pedido que realizó el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, quien había solicitado que se considere en la sentencia la condición agravante de los procesados, quienes se desempeñaban como funcionarios públicos cuando cometieron los actos ilícitos que configuraron el delito de la delincuencia organizada.
La jueza ponente Daniela Camacho argumentó la existencia de la delincuencia organizada como delito por el que se juzga a los procesados. “La delincuencia organizada se manifiesta con una estructura de mayor jerarquía que la delincuencia común”, señaló la jueza.
Además explicó que este delito se configura cuando reúne a un número de integrantes que realizan actividades ilegales con permanencia en el tiempo, sus miembros tienen funciones concretas y buscan conseguir un beneficio a los integrantes de la estructura.
La jueza Camacho expuso la vinculación entre Pablo Muentes, Fabiola Gallardo y Johan Marfetán. “Se ha demostrado que Fabiola G. Pablo M. y Johan M. tenían una relación que era tal que Fabiola y Johan asistieron a la boda de la hija de Pablo realizada en Cartagena de Indias, Colombia en junio de 2023”, y mencionó que prueba de ello constan los registros de las habitaciones y el hotel en el que se hospedaron para ese evento.
En la sentencia también se señaló la relación que tenía Mayra Salazar con Muentes, quien le cancelaba un sueldo mensual de USD 2.500 para que “le ayude a Fabiola G. en su campaña para ser la presidenta de la Corte de Justicia del Guayas y que sea su mano derecha y para que se forme un troll center en contra del Banco del Pacífico”.
La participación de los procesados también quedó probaba en la sentencia en lo concerniente al caso del Banco del Pacífico, ante el cual Pablo Muentes había demandado la inexistencia de una deuda y logró que el juez Reinaldo C. emitiera una sentencia que obligaba a la entidad bancaria a pagar al exasambleísta el monto de USD 3.983.040, el 5 de mayo de 2023. Cinco días después, el juez Reinaldo C. fue nombrado como juez temporal de la sala penal.
"Se infiere que Fabiola G. acordó con Reinaldo C. que emita un auto de ejecución para beneficiar al líder de la organización criminal Pablo M. Fabiola G. realizó la entrevista para acreditar sus credenciales y aprobar informes técnicos para que se lo considere para la sala especializada penal, lo que en efecto ocurrió", señala la sentencia.
El líder era Pablo M. -se leyó en la sentencia- quien pretendía obtener beneficios económicos para que se declare la inexistencia de una deuda que había contraído junto con su esposa ante el Banco del Pacífico y Fabiol G. quería adecentar el piso de la corte de justicia que había ofrecido en su campaña.
“Se encuentra probado que la cúpula de la organización estaba liderada por Pablo M. y Fabiola G., quien ejercía la dirección, y la planificación de Johann M.”, recalcó la jueza durante la lectura de la sentencia.
En la audiencia se mencionó los peritajes realizados a las comunicaciones entre Mayra Salazar y Pablo Muentes, y también con Johann Marfetán, en las que acordaban pagos de remuneraciones y la ejecución de las directrices que disponía el exasambleísta.
El tribunal en su sentencia también analizó la injerencia de algunos de los procesados en la diligencia que guardó relación con el cabecilla de la organización Choneros, Adolfo Macías, alias Fito, quien había sido trasladado de la cárcel regional a La Roca, pero tras una resolución judicial dejó esa prisión de máxima seguridad.
En la sentencia se consideró otro hecho de corrupción judicial relacionado con una acción de protección planteado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército en contra de la Empresa Metropolitana de Obras Públicas de Quito (Emmop), entidad que buscaba declarar como contratista incumplido al Cuerpo de Ingenierios por una obra de repavimentación en la capital
Para ello, la sentencia consideró como hechos probados las reuniones mantenidas por Fabiola G. con Juan R., del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, citas que más adelante permitieron que dicha acción de protección sea aceptada y no se produzca la declaración de contratista incumplido. Esto a cambio de que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército realice la remodelación del piso del Salón de los Presidentes de la Corte Provincial del Guayas.
El caso purga surgió como consecuencia de la investigación del caso llamado Metástasis, que investigó la injerencia del narcotráfico en la política. El caso purga se inició tras una serie de allanamientos realizados por la Fiscalía el 4 de marzo del 2023.
En el operativo fueron detenidos doce personas entre ellos un exasambleísta y jueces de la Corte de provincia del Guayas, sobre quienes la Fiscalía recopiló evidencias para su acusación. Entre las evidencias constaron documentos, testimonios y otras pruebas derivadas de dispositivos electrónicos en las que la Fiscalía vinculó a los procesados.
Durante el proceso fue clave el testimonio de la exrelacionista pública de la Corte de Justicia del Guayas, Mayra Salazar, quien señaló durante su audiencia que trabajaba para Fabiola G., pero que también debía reportar sus actividades al exasambleísta Pablo M.
“Recibía un sueldo de USD 2.500 mensuales en efectivo en el centro de operaciones, la casa de Pablo M.”, fue una de las declaraciones de Salazar y, además, se le pidió que manipule el sorteo del caso del Banco del Pacífico.
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