Jueces denuncian falta de materiales y personal de aseo impago. Cuatro de los siete jueces provinciales detenidos pertenecen a la Sala Penal, que enfrenta crisis por la escasez de magistrados. Allí están pendientes los casos de Adolfo Macías, alias 'Fito', y de Daniel Salcedo.
La Corte Provincial de Justicia del Guayas carece de materiales, como papel y tinta de impresión. Los empleados del aseo permanecen impagos hasta por cuatro meses. Y la detención de siete jueces por el caso Purga agrava la escasez de magistrados.
Ese es el panorama que describen dos jueces provinciales, quienes hablaron con PRIMICIAS sobre la crisis institucional que atraviesa el organismo.
Se trata del epicentro una trama de delincuencia organizada para favorecer intereses individuales o incluso del narcotráfico en el sistema judicial.
“El Consejo de la Judicatura debe reemplazar cuanto antes las plazas faltantes. Ya han pasado ocho días desde las detenciones. Y el único que pierde es el usuario, porque aumentan las audiencias fallidas”, dijo un juez de lo penal, que pidió mantener su nombre en reserva.
Cuatro de los siete jueces provinciales detenidos en el caso Purga pertenecen a la Sala Penal, que enfrenta la mayor crisis por la escasez de magistrados.
Se trata de una sala provincial de 15 jueces (cinco tribunales) a la que por traslados y renuncias ya le faltaban dos integrantes antes de las detenciones. Ahora se ha quedado solo con ocho jueces, tras la renuncia reciente de otro magistrado, según el juez consultado.
“Si con 15 jueces (en Sala Penal) ya había problemas de letargo y audiencias fallidas, con ocho es mucho peor. Se terminan represando los casos”.
Juez de lo penal, Corte de Justicia de Guayas.
Además, asegura que en más de 10 años los sueldos de los jueces provinciales (entre USD 4.164 y USD 5.634 mensuales) no han sido revisados, lo que contribuye a que ciertos magistrados sucumban a la tentación de las redes de corrupción.
A la escasez de materiales y de personal de aseo impago se suma la informalidad de un conserje al que le pagan los propios funcionarios. Y solo tres policías resguardan cinco ingresos a la Corte, lo que compromete la seguridad, dijo.
Álvaro Román, presidente del Consejo de la Judicatura, dijo que se trabaja en un concurso para designar jueces en el que tendrán prioridad provincias como Guayas y Esmeraldas. Primicias
Hasta tres diligencias al mismo tiempo
A los jueces penales sobrevivientes del caso Purga les han asignado dos despachos. Y primero tratan de despachar los casos de los tribunales de los que son titulares. Pero a menudo se superponen con otras audiencias el mismo día y hora, denuncian.
“Del otro despacho me llevaron 20 acciones de protección. Casi a la misma hora toca atender apelaciones de prisión de preventiva, de casos de abuso sexual o habeas corpus. Aumenta la descoordinación y se amenaza la eficacia del sistema judicial”, dijo el juez.
En la Sala de lo Penal de la Corte de Justicia de Guayas están pendientes de resolución casos ligados con el narcocriminal Adolfo Macías, alias Fito, o con Daniel Salcedo, sentenciado por lavado de activos. También se conocen casos de prevaricato contra jueces.
Entre los jueces de la Sala Penal detenidos en el caso Purga y a la espera de juicio está María Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte, una de las líderes de la red de corrupción junto al exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes, según la Fiscalía.
“Es el momento para que quienes ejercemos el cargo con probidad y responsabilidad nos empoderemos. La crisis es una oportunidad para los buenos funcionarios judiciales”.
Juez de lo Civil, Corte de Justicia del Guayas.
En la sala de lo Civil, las aprehensiones también dejaron a dos jueces involucrados y sus plazas faltantes, de acuerdo a un magistrado de esa espacialidad, lo que “genera un desbalance”.
En esa sala había 12 magistrados para cuatro despachos. Y se baraja incluso trasladar a Guayas a magistrados de otras provincias.
“La institución se ha visto resquebrajada y debilitada. Estamos tocando fondo. Hay acciones constitucionales que han sido desnaturalizadas”, reconoció el juez de la sala especializada de lo Civil, quien pidió no ser identificado.
“La crisis de valores es social, pero no se debe generalizar, la generalización hace mucho daño”, alegó.
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