Caso Triple A: Fiscalía pide día y hora para vincular al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, en el proceso

Tres días después del allanamiento a gasolineras presuntamente involucradas en el caso Triple A, la Fiscalía General del Estado en Ecuador, a través de un oficio, pidió que se fije fecha para vincular en la causa al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez. 

Según se lee en el oficio de solicitud de vinculación, dirigido a una jueza especializada de delitos de corrupción y crimen organizado en Quito, la Fiscalía pide "señalar día y hora", para la audiencia de vinculación en contra de 10 personas.

Y entre ellas consta el alcalde Aquiles Alvarez, cuya empresa Copedesa también está siendo investigada en el caso Triple A. 

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En este caso, la Fiscalía indaga un presunto delito de almacenamiento, envasado, comercialización o distribución ilegal de combustibles. 

Tras conocer la solicitud de la Fiscalía, el alcalde Alvarez reaccionó en sus redes sociales indicando que acudirá a la audiencia una vez que conozca la fecha, no sin antes mencionar que se trataría de una supuesta persecución por parte del gobierno de Daniel Noboa. 

"Nos veremos en la audiencia, sin problema. A mí nadie me va a callar", escribió Alvarez en su cuenta personal de la red social X. 

El origen del caso Triple A

En diciembre de 2024, la Fiscalía ya realizó una audiencia de formulación de cargos por el caso Triple A. En aquel entonces se dictaron medidas cautelares contra cinco personas y cinco empresas, dos de ellas vinculadas a la familia de Alvarez. 

Los cinco procesados hasta ahora en el caso Triple A se desempeñaban como contadores o gerentes de estas empresas. 

De acuerdo con la Fiscalía, existirían diferencias considerables entre el volumen de combustible despachado y el facturado por varias estaciones y empresas como Copedesa. 

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Además, la institución sospecha que el diésel subsidiado habría sido desviado por las empresas involucradas a otros segmentos, para los cuales no está destinado ese beneficio.

En uno de los casos señalados, una estación de venta de combustible adquirió más de 7 millones de galones, cuando la misma tiene una capacidad de almacenamiento para cerca de 10.000 galones.

El caso Triple A se desprende de una denuncia presentada el 12 de julio de 2024, por parte de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, en la que se da cuenta de una irregular distribución y comercialización de combustibles, que provocaría un perjuicio al Estado ecuatoriano.

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En el Código Integral Penal, el delito de comercialización ilegal de combustibles es castigado con una pena privativa de la libertad que va de uno a cinco años.