Caso Triple A: hay tres pedidos para que juez dicte prisión contra Aquiles Alvarez
Por el presunto delito de comercialización ilegal de combustible, un juez dispuso que el alcalde de Guayaquil utilice el grillete electrónico. El funcionario alegó que una condición médica le impide usar el dispositivo.

Imagen referencial del alcalde Aquiles Álvarez junto a una de las gasolineras investigadas en el caso Triple A.
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Tres solicitudes para que un juez le dicte prisión preventiva acechan al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, por haber incumplido la orden judicial que lo obligaba a usar grillete electrónico. Esa fue la medida cautelar que el juez le impuso en el trámite del caso Triple A, en el que se investiga un supuesto delito de comercialización ilegal de combustibles.
A casi 20 días de la audiencia de vinculación, en la cual el juez Renán Andrade le dispuso utilizar el dispositivo, el funcionario no ha cumplido la medida cautelar alegando que el grillete no es compatible con una condición cardiológica que fue certificada por el especialista Alfonso Zambrano.
En un documento dirigido al juez, Alvarez dijo que padece “un cuadro clínico de hipertensión arterial sintomática y taquicardia paroxística” y que, además, tiene “antecedentes cardiológicos de miocardiopatía hipertrófica” originada por una “obesidad en paciente con cirugía metabólica”.
El certificado médico fue presentado el pasado 16 de abril. Ese mismo día, José Obando, director de Penas no Privativas de Libertad, Dispositivo de Vigilancia Electrónica y Reinserción del Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI), notificó al juez que el alcalde no se había presentado para la colocación del grillete, lo cual “configura el incumplimiento de la disposición judicial”.

El alcalde ofreció en su escrito al juez que los exámenes cardiológicos que respaldan su estado de salud serían presentados el lunes 21 de abril, pero esto tampoco se cumplió. En su lugar, Alvarez presentó ese día un pedido judicial para que se le realice un peritaje médico.
“Señor Juez, solicito que, en caso de usted considerarlo necesario, se constate a través de un perito la veracidad de lo señalado en el certificado médico”.
Aquiles Alvarez
Esa petición del peritaje fue comunicada por el juez a la Fiscalía para que se pronuncie en un plazo de 72 horas. Esta entidad respondió en dos días, el 23 de abril, señalando que “no hay necesidad” de que el juez requiera una respuesta de la Fiscalía.
Y, el fiscal Carlos Alarcón solicitó al juez que fije la fecha para una audiencia de revisión de las medidas cautelares dispuestas a Aquiles Alvarez y le recalcó que “se ha incumplido su disposición”. Recordó también en la audiencia de vinculación la Fiscalía solicitó la prisión preventiva del funcionario.
“No se ha presentado ante las dependencias para la colocación de los dispositivos de vigilancia electrónica, partiendo de esta premisa es importante indicar que esta Fiscalía solicitó en la respectiva audiencia la medida contemplada en el artículo 522 numeral 6 (prisión preventiva)”, señaló el fiscal Alarcón.
Los otros dos pedidos de prisión
La Fiscalía no es la única que está pidiendo que se realice una audiencia para cambiar las medidas contra Aquiles, también lo ha solicitado la Empresa Pública Petroecuador.

A través de un escrito al juez, el viernes 25 de abril los abogados del gerente general subrogante de la petrolera, Roberto Concha, argumentaron el incumplimiento del uso de grillete electrónico como razón para que se le aplique al alcalde una medida de mayor rigor que garantice su presencia en el proceso judicial.
Y, un tercer pedido lo hizo la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), entidad que solicitó que el juez disponga la prisión preventiva contra Aquiles Alvarez, tal como pidió la Fiscalía en la audiencia en que se vinculó al alcalde, “como consecuencia de haber incumplido su orden” de colocarse el grillete.
El coordinador de Asesoría Jurídica de la ARCH, Leonardo Cofre, señaló que además el alcalde está incurriendo en el delito de “incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente”, que se sanciona con pena privativa de libertad de uno a tres años, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), y que se encuentra “configurado claramente el presupuesto de desacato”.

“Es evidente que se ha incumplido lo dispuesto por su autoridad”, señala Cofre y pide que el juez ejecute “la petición realizada por Fiscalía, esto es que se ordene la prisión preventiva”.
El alcalde insiste en su condición médica
Mientras estas tres entidades piden la fecha de audiencia para que se dicte prisión preventiva, el alcalde solicitó la audiencia para que se le exonere del uso del grillete por su condición médica y porque argumenta que está acatando la disposición judicial de presentarse periódicamente los lunes y viernes en la Fiscalía de Guayaquil, y que esta medida garantiza su comparecencia en el proceso judicial.
Ante el pedido de Aquiles Alvarez, el juez fijó para el martes 27 de mayo de 2025 la audiencia, sin embargo, tanto el alcalde como la Fiscalía, Petroecuador y la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos han solicitado que se adelante la fecha.
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