En seis años, solo el 2,4% de los casos penales de Ecuador terminó en sentencias condenatorias

El sistema judicial ecuatoriano navega en un mar de expedientes represados. Al revisar la evolución de la criminalidad y la respuesta estatal en los últimos seis años, las cifras de la Fiscalía General del Estado dibujan una curva ascendente que se quebró abruptamente en los dos últimos años.

Entre 2020 y 2025, el ente acusador recibió un total de 1.993.211 noticias del delito. La carga procesal creció de manera sostenida, pasando de 259.204 casos en el año de la pandemia a 315.510 en 2021 y 346.407 en 2022, hasta alcanzar su pico histórico en 2023 con 374.848 investigaciones abiertas.

Sin embargo, tras ese techo estadístico, el ingreso de nuevas causas experimentó un retroceso inesperado. Para 2024, las noticias del delito descendieron a 356.845 y n para 2025 muestra una baja continua hasta los 340.397 casos. 

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Este fenómeno no responde necesariamente a una pacificación de las calles, sino a una mezcla de factores técnicos y sociales. Según Pablo Encalada, abogado penalista y exfiscal, una explicación técnica radica en que la Fiscalía ha empezado a aplicar con mayor frecuencia el principio de oportunidad, desestimando de entrada denuncias que corresponden al ámbito civil o privado y que no ameritan mover el aparato penal.

No obstante, existe una lectura diferente detrás de esta reducción. Richard Villagómez, exjuez nacional y catedrático, atribuye el descenso a la "desazón" y la falta de credibilidad de la ciudadanía en el sistema de justicia.

Para el ciudadano común, explica Villagómez, denunciar se ha convertido en un "calvario" que exige tiempo y recursos, para finalmente recibir una respuesta negativa o el archivo de la causa. Esta desconfianza se alimenta de la percepción de que los hechos delictivos siguen ocurriendo con la misma o mayor intensidad que en 2023, pero la gente simplemente prefiere no acudir a la institucionalidad.

La crisis de credibilidad que ahuyenta a los denunciantes no es infundada; coincide con el destape de las mayores tramas de corrupción judicial en la historia reciente del país. En los últimos dos años, desde diciembre de 2023, la Fiscalía ha revelado cómo el crimen organizado infiltró las cortes a través de  casos como Metástasis, Purga y Plaga.

Estas operaciones expusieron redes que beneficiaban a criminales como el narcotraficante Leandro Norero, evidenciando tarifas para fallos judiciales y la participación de altos funcionarios, incluido el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán.

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El deterioro institucional es palpable. El Consejo de la Judicatura, la entidad encargada de la disciplina, ha destituido a 100 servidores judiciales, incluidos 53 jueces y 11 fiscales, muchos de ellos vinculados a estos casos de conmoción nacional.

Incluso la Unidad Judicial Especializada en Corrupción y Crimen Organizado fue allanada en enero de 2025 por sospechas de corrupción en sus jueces. En este contexto, Encalada agrega que el Consejo de la Judicatura es la institución con menos credibilidad del país, lo que lleva a la ciudadanía a evitar el sistema para no "meterse en un problema mayor".

La saturación es tal que la Función Judicial opera con un déficit de jueces y recursos. Villagómez estima que los jueces trabajan al 60% de su capacidad debido a las constantes suspensiones y remociones. 

La sombra de la impunidad

La sombra de la impunidad se extiende sobre el sistema judicial ecuatoriano como una mancha indeleble. Al desagregar el universo de casos procesados entre 2020 y 2025, la cifra más abrumadora no es la de las condenas, sino la del estancamiento: 1.049.821 expedientes permanecen atrapados en la fase de investigación previa.

Este número, que representa el 52,67% del total de la carga procesal del período, evidencia un cuello de botella donde la justicia simplemente se detiene. 

En esta etapa preprocesal, que es reservada y donde la Fiscalía debe reunir elementos de convicción, se quedan varadas más de la mitad de las denuncias de los ecuatorianos, confirmando que el sistema no logra depurar ni procesar el volumen de causas que recibe.

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El contraste con la efectividad del sistema es alarmante. De los casi dos millones de noticias del delito ingresadas en el período 2020-2025, apenas 48.760 han terminado en una sentencia condenatoria, lo que equivale a un raquítico 2,45%. 

Para Encalada, si bien es normal en el mundo que muchos casos terminen en archivo, un porcentaje de sentencias tan bajo revela una falta de eficiencia alarmante, sugiriendo que el sistema penal opera más como una excepción que como una regla de justicia. 

Villagómez refuerza esta lectura al señalar que en el camino de la judicialización se pierden inmensos recursos y esfuerzos para no obtener el resultado apropiado, dejando en evidencia que ni la Policía ni la Fiscalía logran abastecer la demanda ciudadana.

Al revisar las cifras, otros rubros llaman la atención y ayudan a entender el destino de las denuncias que no prosperan. Los archivos aceptados suman 431.451 casos, el 21,65% del total, seguidos por los archivos solicitados con 301.739 casos, un 15,14%. 

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Sumados, los archivos superan el 36%, lo que indica que una tercera parte de las denuncias termina en nada, muchas veces por falta de pruebas o porque el hecho no constituye delito. 

Encalada explica que esto responde, en parte, a una "pedagogía" de los políticos de llevar todo a la Fiscalía, saturando los despachos con conflictos que deberían resolverse en otras instancias, lo que obliga a aplicar salidas como el archivo o el principio de oportunidad para no colapsar.

Villagómez advierte que existe un criterio subjetivo y político para priorizar ciertas causas en desmedro de otras, lo que, sumado a la falta de talento humano y laboratorios, genera una especie de justicia selectiva.

Los delitos más investigados

Al desmenuzar la carga procesal de la Fiscalía, tres delitos se muestran como los protagonistas de la inseguridad y la violencia: el robo, la violencia psicológica contra la mujer y la intimidación. 

Estos tres tipos penales encabezan la lista de los más investigados entre 2020 y 2025. Sin embargo, al revisar su estado procesal, las cifras revelan que la denuncia de estos delitos es casi una garantía de impunidad. 

El robo, con 506.240 casos en el sexenio, es el delito rey por volumen, pero su tasa de resolución es ínfima: el 63,67% de todos los expedientes, es decir, 322.342, siguen estancados en investigación previa.

La situación de 2020 es la prueba más clara del colapso del sistema. Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), la fase de investigación previa no puede durar más de uno o dos años, dependiendo de la pena. 

Sin embargo, cinco años después, 22.782 denuncias de robo ingresadas en 2020 -un año de encierro y pandemia- continúan abiertas en esta etapa preliminar. Para el abogado Pablo Encalada, esto confirma que los plazos legales no se respetan nunca en la práctica, pues los fiscales, desbordados, simplemente dejan que los casos "duerman" porque no tienen tiempo para gestionarlos o archivarlos.

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El panorama para 2025, aunque aún dentro de los plazos legales, es aún más desalentador, mostrando que el sistema  judicial apenas se mueve para los delitos contra la propiedad. De los 85.619 casos de robo reportados en este último año, 81.390 permanecen en investigación previa y solo 345 han logrado una sentencia condenatoria. 

Si la impunidad en el robo es alarmante, en los delitos contra la integridad personal es prácticamente absoluta. La violencia psicológica contra la mujer y miembros del núcleo familiar acumula 161.462 casos en seis años, pero apenas 188 han terminado en condena, lo que representa un microscópico 0,11%. 

Al observar el comportamiento de estos delitos en 2020, el represamiento persiste. De las 28.001 denuncias por violencia psicológica de ese año, 6.149 siguen en investigación previa, violando los tiempos procesales. 

Asimismo, los casos de violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar, actos de odio e incendio no han conseguido casi ninguna sentencia en estos seis años, y todos los casos (que suman 62) están en investigación previa o en proceso de archivo. 

Los crímenes relacionados con las vacunas: extorsión e intimidación también tienen un índice alto de impunidad, más del 95% de casos en investigación previa o con archivo solicitado o aprobado.

Y en la estafa, el porcentaje de sentencias llena a apenas el 0,15%. Mientras que en asesinato, uno de los delitos en los que debería haber menos subregistro, porque no se necesita una denuncia sino que la Fiscalía debe actuar de oficio, las sentencias llegan a apenas el 2%. En este delito, el 81% de los casos se mantiene en investigación previa.

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La comparación más llamativa de la justicia ecuatoriana surge al contrastar el robo con el tráfico de drogas. Mientras el robo, el delito que más golpea al ciudadano de a pie, tiene una tasa de sentencias condenatorias de apenas el 1,72%, el tráfico ilícito de sustancias alcanza un 24,66% de efectividad en condenas. 

La diferencia es abismal y se explica, según los expertos, por la mecánica de la detención: el narcotráfico casi siempre se procesa en flagrancia, lo que facilita la condena inmediata.

Otros delitos en los que la Fiscalía ha logrado un importante porcentaje de sentencias son, por ejemplo, el relacionado con armas de fuego, municiones y explosivos no autorizados (fabricación, comercialización y transporte), aunque en los seis años se han recibido apenas cinco casos, de los cuales el 40% (3 procesos) ya tiene sentencia.

 Villagómez explica que esta disparidad también responde a una decisión de política criminal que ha priorizado la guerra contra las drogas, desatendiendo la seguridad ciudadana y el patrimonio.