Hace un año, la Fiscalía conformó la Fuerza de Tarea para investigar delitos contra la administración pública durante la pandemia por Covid-19. La entidad indaga 160 casos de corrupción.
Los casos de corrupción durante la pandemia fueron escandalosos. Desde insumos médicos y fundas para cadáveres, hasta canastas de víveres fueron comprados con sobreprecio.
En mayo de 2020, la Fiscalía designó a funcionarios de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y a expertos en contratación pública y análisis financiero para conformar la Fuerza de Tarea.
Además de la Fiscal General, Diana Salazar, esta dependencia está integrada por:
- Tres fiscales de la Unidad de Transparencia.
- Cinco fiscales de la Unidad de Lavado de Activos.
- Cuatro fiscales provinciales.
- 24 fiscales de apoyo, uno por cada provincia.
En un año, este equipo, que se dedica a investigar casos contra la administración pública registrados durante la pandemia, ha abierto 160 procesos por delitos como peculado, delincuencia organizada y tráfico de influencias.
De estos, 145 están en investigación previa, 11 han pasado a instrucción fiscal, tres están en evaluación preparatoria a juicio y uno en etapa de juicio.
Al menos 286 personas están siendo procesadas, de las cuales 32 están detenidas, mientras que cuatro ya han sido juzgadas y tienen una sentencia.
En los casos más sonados están involucrados Daniel Salcedo, su hermano Noé y la familia Bucaram.
Pero los delitos que tienen que ver con corrupción llegan a altas autoridades del Estado, según las investigaciones de la Fiscalía, por lo que deben ser conocidos por las cortes Nacional y Provincial de Justicia por tener fuero de corte.
Germán Rodas, de la Comisión Anticorrupción, señala que “la unidad generó muchas expectativas, pero no vemos que se concreten las cosas, hay muchos casos abiertos y se siguen investigando”.
La fiscal Diana Salazar dijo en una reunión de Ministros Fiscales de las Américas que han “afrontado la crisis con falta de autonomía institucional y déficit de personal”.
Agregó que “si los estándares establecen una tasa de 8 fiscales por cada 100.000 habitantes, en Ecuador apenas rozamos los 5, lo que satura la carga laboral de los equipos”.
Para Rodas, la primera muestra de transparencia que debe dar el siguiente gobierno es “entregar el presupuesto necesario a Fiscalía, la Asamblea debe reformar las normas vinculadas a la contratación pública, la función Judicial debe ser expedita, rápida y es fundamental proteger a los denunciantes”.
Además considera que se deben crear las comisiones necesaria para investigar la ruta del dinero que se ha perdido producto de la corrupción.
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