En dos casos de corrupción -IESS y Kits alimenticios- invocar o rechazar el fuero de Corte Nacional de Justicia (CNJ) significó un retraso en las diligencias judiciales.
Según la legislación ecuatoriana, los casos penales se tratan en tres instancias:
- El juicio, ante un juzgado de primer nivel.
- La apelación, ante las cortes provinciales.
- La casación, ante la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
Sin embargo, en ese funcionamiento hay excepciones: se trata de los procesos con ‘fuero’ especial.
Hay 17 tipos de funcionarios que tienen ‘fuero nacional’ y todas las instancias del proceso penal se tratan ante la CNJ. Y otros 11 que tienen ‘fuero provincial’ y las dos primeras instancias se llevan ante las cortes provinciales y la última ante la Nacional.
El recientemente finalizado caso Sobornos -que investigó el financiamiento ilegal del movimiento Alianza PAIS, por ejemplo, se desarrolló solo ante la CNJ. Rafael Correa estaba involucrado como expresidente y, por ende, todo el proceso tenía fuero nacional.
El caso Rebelión, que trata sobre el paro de octubre de 2019, en cambio, involucra a Paola Pabón. Al ser prefecta de Pichincha, tiene fuero provincial, y el caso se está llevando ante la Corte de esa provincia.
En la práctica, más allá de los cambios en los jueces que tratan los casos, los procesados con fueros especiales no tienen ninguna ventaja en cuanto a posibles penas, duración del proceso, plazos y medidas cautelares.
Sin embargo, en las primeras semanas de noviembre de 2020, dos casos de corrupción que involucran a funcionarios del gobierno de Lenín Moreno han provocado polémica sobre si los funcionarios tienen o no fuero.
Si bien estas alegaciones no deberán cambiar en nada el resultado de los procesos, si han provocado la dilación de las diligencias y han retrasado las eventuales sentencias.
Los casos
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Caso Kits Alimenticios
Imagen referencial de la entrega la kits alimenticios por parte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, el 7 de mayo de 2020. @Riesgos_Ec
La exdirectora del Servicio de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, y otras cinco personas más son procesadas por supuesto tráfico de influencias.
Son investigados por supuestas irregularidades en la contratación de kits alimenticios para entregar a la población, durante la emergencia por Covid.
La Fiscalía solicitó a la Corte Nacional día y hora para formular cargos en este caso. Es decir, desde el inicio el proceso se llevó como si Ocles tuviese fuero nacional.
El caso fue sorteado a la jueza Daniella Camacho. Ella efectuó la audiencia de formulación de cargos, dispuso medidas cautelares y dirigió otras audiencias de vinculación y de revisión de medidas.
En ninguna de esas audiencias, ni la defensa de Ocles ni las de los demás procesados alegaron falta de competencia de la magistrada por ausencia de fuero de la exfuncionaria.
Ya en la instalación de la audiencia preparatoria de juicio, luego de que concluyó la fase investigativa, uno de los procesados puso en escena ese reclamo. Camacho lo aceptó y dispuso que el caso regrese a un tribunal de primer nivel.
Pero el pedido de Stalin Raza, abogado de Mauricio Carvajal, uno de los procesados, fue más allá. Pidió la nulidad de todo lo actuado en el proceso y que la instrucción fiscal se reinicie.
Esto hubiese retrasado el caso, al menos, cuatro meses. Sin embargo, Camacho no dio paso a solicitud y el nuevo tribunal retomará el proceso desde la preparatoria de juicio.
Pero, incluso con esa decisión, el caso se ha retrasado. Una semana después de que la audiencia se suspendiera, todavía no se ha definido que magistrado, y de que jurisdicción, asumirá el caso.
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Caso IESS
Fachada del hospital Teodoro Maldonado Carbo del IESS, en el sur de Guayaquil, el 11 de septiembre de 2020. Cortesía Fiscalía
En el caso de Paúl Granda, expresidente del Directorio del IESS, en el proceso por delincuencia organizada en esa institución la alegación sucedió a la inversa, pero causó el mismo efecto.
Es decir, Granda alegó que sí tenía fuero y quería que el caso vaya a la CNJ. Y terminó dilatando el caso.
El caso tenía 16 procesados, ninguno de ellos con fuero ni nacional ni provincial. Pero, a pocas semanas de que termine la instrucción fiscal, la Fiscalía solicitó la vinculación de Granda.
El día de la audiencia de vinculación, la defensa del exfuncionario argumentó que él tenía fuero nacional y que todo el caso tenía que migrar a la Corte Nacional.
El juez Ronald Guerrero, de un tribunal penal de primer nivel, antes de vincular a Granda consultó a la Presidencia de la República si, en efecto, el expresidente del IESS tenía fuero nacional. La respuesta fue positiva.
El caso fue trasladado a la Corte Nacional y fue sorteado al juez Wilman Terán. Sin embargo, él también se inhibió de conocerlo, ya que, pese a la certificación de la Presidencia, la dirección del IESS no aparece en el Código Judicial entre los casos que ameritan fuero.
Finalmente, el caso volvió al tribunal del juez Guerrero, Granda fue vinculado y la instrucción fiscal continúa. Pero todo el trámite, a raíz de la alegación del exfuncionario, tuvo cerca de tres semanas de retraso.
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