La Procuraduría entregó a la Corte Nacional de Justicia un listado con 87 inmuebles y 44 vehículos de 17 de los 20 sentenciados del caso Sobornos. Si no pagan la reparación al Estado, esos bienes serán embargados y rematados.
Apenas fue notificada con la sentencia del Caso Sobornos, la Procuraduría empezó a rastrear los bienes de quienes fueron condenados por haber sido parte de una estructura ilegal que movió recursos en beneficio del movimiento político Alianza PAIS, entre 2012 y 2016.
¿El objetivo? Adelantarse a una posible negativa de los 20 culpables de cohecho para pagar la reparación integral al Estado de USD 14,7 millones ordenada por la justicia.
El primer paso fue ubicar bienes inmuebles en todo el país. Pero, esta tarea supuso también el primer inconveniente: Ecuador no tiene un registro nacional de propiedades.
La Procuraduría tuvo que hacer la consulta al Registro de la Propiedad de cada uno de los 221 cantones de Ecuador.
Para empezar, se ofició a las entidades de seis cantones:
- Quito.
- Salinas.
- Guayaquil.
- La Libertad.
- Atacames.
- Esmeraldas.
En sus registros se encontraron 131 propiedades que tienen participación de 17 de los 20 condenados como propietarios, copropietarios o usufructuarios.
A continuación el detalle de esas propiedades:
Además, la Procuraduría pidió la Agencia Nacional de Tránsito una certificación de posesión de vehículos de los 20 involucrados. La entidad respondió que ocho personas tienen a su nombre 44 vehículos.
En esta primera búsqueda la Procuraduría logró rastrear 131 bienes, entre inmuebles y vehículos.
¿Es suficiente?
Aunque todavía no se ha calculado el posible valor de estos bienes, el procurador Íñigo Salvador cree que la mayoría de los sentenciados sí tiene suficientes propiedades como para cumplir con el pago de la reparación al Estado.
En la práctica, en varios casos, el cálculo no es tan alentador.
Por ejemplo, el expresidente Rafael Correa tiene dos propiedades en el listado preparado por la Procuraduría.
La primera es una casa en un exclusivo sector de la capital. Si bien en 2018 el expresidente traspasó esa casa a nombre su hijo menor, Correa y su esposa todavía figuran como usufructuarios vitalicios de la propiedad, es decir, la pueden usar de por vida.
Fabricio Correa, hermano del expresidente Rafael Correa, ha asegurado que esa casa está valorada en USD 160.000.
Rafael Correa, quien ahora está radicado en Bélgica, también es copropietario de un departamento en una populosa zona de Guayaquil. No se conoce un posible avalúo.
El expresidente debe pagar USD 778.224 por el caso Sobornos 2012-2016. Es decir, cada propiedad debería tener un valor cercano a los USD 390.000 para que se pueda cubrir con ellas el costo de la reparación, lo cual parece poco probable.
Otro caso es el del exvicepresidente Jorge Glas, quien debe pagar la misma cantidad que Correa.
En la lista de la Procuraduría Glas aparece con ocho propiedades: es copropietario de dos departamentos, dos estacionamientos y un secadero, en un conjunto residencial en Quito.
Y también es usufructuario vitalicio de tres propiedades en Atacames, que están a nombre de sus hijos.
Según la última declaración jurada de bienes de Glas, los dos departamentos en Quito están valorados en unos USD 144.000. Pero, de eso solo le corresponde la mitad. No se conoce el valor de los bienes en Atacames.
Además de la reparación por el caso Sobornos, Glas también tiene pendiente la reparación por el caso Odebrecht, que supera los USD 5 millones.
El siguiente paso
Horas después de que feneció el plazo para que los sentenciados pagaran voluntariamente, el 6 de noviembre de 2020, la Procuraduría presentó el pedido de ejecución de la sentencia a la Corte Nacional.
El objetivo es hacer que los procesados cumplan con sus obligaciones.
20 personas, encabezadas por el expresidente Rafael Correa, fueron sentenciadas por formar parte de una estructura de cobro y ofrecimiento de sobornos a cambio de la adjudicación de obras con el Estado.
- 17 autores mediatos, autores y coautores deben pagar USD 778.224, cada uno.
- Dos cómplices deben pagar USD 368.632, cada uno.
Ahora, el Tribunal debe verificar si alguien ya pagó. La Procuraduría conoció, de manera extraoficial, que solo una persona cumplió hasta el momento.
Luego, con quienes no cancelaron su deuda, se intentará llegar a un acuerdo de pago al contado o mediante una fórmula. Y, en el último de los casos, se planteará el embargo de los bienes y su remate para cubrir la deuda.
Además, de la lista de bienes recopilada por la Procuraduría, Salvador solicitó a los jueces que pidan información al resto de cantones. Y también a las Superintendencias de Bancos y de Economía Popular para saber si cuentan con capitales en bancos y cooperativas.
Otro paso será rastrear bienes en el extranjero. Para esto, sin embargo, se requiere la contratación de firmas extranjeras de abogados o de empresas especializadas, un paso que aún no ha sido dado.
En el Código Orgánico General de Procesos (Cogep), que es el que norma el proceso de ejecución de una sentencia, no hay un plazo determinado para completar la recuperación.
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