Granda puede ser la vía para que el caso Bucaram-Salcedo vaya la Corte Nacional

La audiencia se realizó el 13 de octubre de 2020, duró tres horas, pero se suspendió sin una resolución.

La Fiscalía pidió vincular al caso por delincuencia organizada en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) al exdirector de la entidad, Paúl Granda.

Sin embargo, a través de su abogado, el exfuncionario dijo que para que se lo vincule el caso debería pasar a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) porque, cuando estaba al frente del IESS tenía rango de ministro y, por ende, fuero de CNJ.

El juez Ronald Guerrero resolvió suspender la audiencia. Y solicitó a la Presidencia de la República una certificación sobre el supuesto rango ministerial de Granda. Con base en ese documento se tomará una decisión.

¿Vacío legal?

Según el Código Orgánico de la Función Judicial, 17 funcionarios tienen fuero nacional para casos penales que se sigan por acciones en el ejercicio de sus funciones:

• Presidente de la República
• Vicepresidente de la República
• Asambleístas
• Consejeros de Participación Ciudadana y Control Social
• Jueces de la Corte Nacional de Justicia
• Vocales del Consejo de la Judicatura
• Defensor del Pueblo
• Contralor General del Estado
• Fiscal General del Estado
• Defensor Público General
• Procurador General del Estado
• Ministros y Secretarios de Estado
• Secretario de la Administración Pública
• Superintendentes
• Consejeros del Consejo Nacional Electoral
• Jueces del Tribunal Contencioso Electoral
• Jueces de las Cortes Provinciales

En la lista no aparece el director o delegado del Presidente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero Granda dice que sí entra en la lista porque ese cargo tiene rango ministerial.

Sin embargo, esa distinción tampoco está en ninguna norma.

La Ley de Seguridad Social establece que el Presidente del Directorio del IESS es el representante del Presidente de la República.

Esta delegación se hace a través de un decreto ejecutivo al igual que el nombramiento de los ministros de Estado. Pero, en los decretos para estos nombramientos no se informa del rango ministerial como sí ocurre en otros decretos para nombrar asesores y consejeros.

Además, el Presidente del IESS no tiene otras particularidades que si tienen los ministros. Por ejemplo, no es susceptible de juicio político.

En abril de 2020, cuando estallaron los casos de corrupción en el IESS y en el Ministerio de Salud, la Asamblea emitió una resolución para iniciar el enjuiciamiento político de Catalina Andramuño, entonces titular de Salud; pero para Granda solo se hizo un exhorto para su remoción.

En el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, que fue actualizado por última vez el 30 de abril de 2020 y en el que están detallados todos los funcionarios con rango ministerial, tampoco consta la dirección del IESS.

Todo el proceso se cambia

En caso de que la Presidencia certifique el fuero de Granda, la Fiscalía debe solicitar la vinculación a la Corte Nacional de Justicia.

Esta entidad sorteará a uno de sus jueces penales para que conozca el proceso. El magistrado oficiará la vinculación y dispondrá las medidas preventivas para el exdirector del IESS.

Gabriel Ponce, abogado penalista, aclara que el hecho de que el caso pase a la Corte Nacional de Justicia no anula lo actuado hasta el momento ante el Tribunal de primera instancia de Guayaquil.

Pero, todo lo posterior se hará ante la Corte Nacional.

Al momento, la instrucción fiscal del caso lleva 76 días. Es decir, estará vigente hasta el 28 de noviembre. Los días que resten desde la vinculación de Granda los asumiría el juez nacional y él también sería el encargado de recibir el dictamen fiscal y decidir a quien llama a juicio.

Al momento, en la causa hay 15 procesados. Entre estos resaltan tres hijos del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz: Jacobo, Michel y Abdalá 'Dalo'. Así como Gabriela Pazmiño, esposa de este último.

También está Daniel Salcedo, quien está detenido preventivamente en Quito. Y buscaba candidatizarse a la Asamblea por el partido de los Bucaram. Así como su hermano Noé.

Según la teoría de la Fiscalía, los Bucaram, Salcedo y varios exfuncionarios del IESS, específicamente de los hospitales Los Ceibos y Teodoro Maldonado, operó una red de corrupción.

El caso empezó por asociación ilícita pero luego cambió a delincuencia organizada.

El Ministerio Público ha establecido que la organización criminal favorecía a grupos y empresarios de la red convenios de pago que iban desde los USD 200.000 hasta USD 1 millón, esquivando los controles de compras públicas.