El Gobierno certificó que Granda tenía rango de ministro y, ahora, la justicia debe decidir si el caso por delincuencia organizada en el IESS debe ser llevado a la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
Entre el 24 de mayo de 2017 y el 4 de mayo de 2020, Paúl Granda fue parte del Gabinete Presidencial como Ministro de Transporte, Secretario de la Gestión Política y Presidente del Consejo Directivo del IESS.
Esa fue la respuesta que Juan Sebastián Roldán, secretario de Gabinete de la Presidencia, presentó al juez Ronald Guerrero, tras ser consultado si Granda tuvo rango de ministro en su paso por el IESS.
Además, Johana Pesántez, secretaria jurídica de la Presidencia, con base en una respuesta del Ministerio de Trabajo, certificó que Granda tenía grado 8 en la escala de nivel jerárquico superior, es decir, rango de ministro.
La respuesta de la Función Ejecutiva llega luego de que la defensa de Granda pusiera en duda la competencia del juez Guerrero para procesarlo. Argumentan que el caso debe seguirse ante la CNJ porque que Granda, al haber tenido rango de ministro, tiene fuero nacional.
Los abogados de Granda esperan que la respuesta de la Presidencia sea suficiente para demostrar que tiene fuero de Corte Nacional y que debe ser procesado ante esa instancia por las acciones que haya cometido en el ejercicio de sus funciones.
Ahora, el juez Guerrero debe convocar a una nueva audiencia para decidir si esa respuesta es suficiente. Si la decisión es a favor de la tesis de Granda, la Fiscalía debe pedir a la CNJ día y hora para que se realice la audiencia de formulación de cargos.
Y todo el proceso se seguirá llevando, desde lo que resta de la instrucción fiscal, ante la Sala Penal de jurisdicción nacional.
El caso
Según la Fiscalía, durante la administración de Granda, en el IESS funcionó una estructura delincuencial, específicamente en los hospitales Los Ceibos y Teodoro Maldonado, de Guayaquil.
El Ministerio Público ha establecido que la organización criminal favorecía a grupos y empresarios de la red con convenios de pago que iban desde los USD 200.000 hasta USD 1 millón, esquivando los controles de compras públicas.
La investigación se abrió el 31 de julio de 2020 y estará activa hasta el 28 de noviembre de 2020.
Al momento, en la causa hay 15 procesados. Entre estos resaltan tres hijos del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz: Jacobo, Michel y Abdalá ‘Dalo’. Así como Gabriela Pazmiño, esposa de este último.
También está Daniel Salcedo, quien está detenido preventivamente en Quito. Y buscaba candidatizarse a la Asamblea por el partido de los Bucaram. Así como su hermano Noé.
El 8 de octubre de 2020, la Fiscalía solicitó a la justicia vincular al caso por delincuencia organizada a Granda.
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