"¿Por qué no nos hemos reunido" y "Le voy a explicar con peras y manzanas", así fue la discusión de dos asambleístas en la Comisión de Fiscalización
Durante la elaboración de un informe, sobre la actuación irregular de jueces y fiscales que habrían beneficiado a presuntos delincuentes, hubo reclamos y roces verbales entre asambleístas de ADN y el correísmo.

La Comisión de Fiscalización se reunió en formato virtual el 17 de octubre de 2025.
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Asamblea Nacional.
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Un intenso debate por la nula actividad de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea se produjo este 17 de octubre de 2025, durante el conocimiento y aprobación del informe sobre la investigación de las actuaciones irregulares de operadores de justicia que habrían beneficiado a grupos criminales.
El cruce verbal virtual se produjo entre el presidente de la mesa legislativa, Ferdinan Álvarez, de Acción Democrática Nacional (ADN), y el legislador de la Revolución Ciudadana (RC), Fricson George.
El reclamo del correísta fue que ese informe se elaboró hace 65 días, por lo que consideraba que, en este momento, estaba descontextualizado.
Además, hizo la observación de que la comisión no se reunía desde hace cinco semanas, tiempo en el que no ha tratado ni ese ni otros temas.
"¿Necesito que me explique por qué no nos hemos reunido", cuestionó George que pedía que el informe sea analizado con mayor amplitud y se recojan las observaciones que proponía la RC.
Álvarez, por su parte, defendió el documento asegurando que George no estaba presentando ningún aporte al informe, y que su equipo técnico "faltó a los entrenamientos", en alusión al pasado como jugador de fútbol del asambleísta del correísmo.
"Le voy a explicar con peras y manzanas por qué la comisión no se ha reunido", dijo el presidente de la mesa de Fiscalización, algo que fue tomado por George como un intento de menoscabarlo.
El exjugador de Barcelona le recordó que si bien no era abogado, tenía una licenciatura en comunicación y cursaba una maestría.
Para continuar con la temática del fútbol, el asambleísta de RC le dijo a Álvarez que un equipo de fútbol gana cuando los 11 integrantes del equipo juegan por una misma causa, pero que cuando uno solo quiere hacer el trabajo, pierde.
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La discusión entre Álvarez y George concluyó sin que se resuelva el 'misterio' de porque, en algo más de un mes, la Comisión de Fiscalización no se había reunido para aprobar el informe o abordar otros temas que merecen ser fiscalizados.
ADN y sus aliados se imponen
La fiscalización, que intentaba determinar responsabilidades políticas en torno a las actuaciones de los operadores de justicia y los fallos de jueces a favor de los delincuentes, derivó en un informe de recomendaciones para intentar enfrentar la corrupción del sistema.
Ana Herrera, de la Revolución Ciudadana, dijo que muchas de las sugerencias que constan en el informe, ya son parte de la normativa vigente, y lo que se debe es exigir su aplicación. También dijo que contienen algunos errores que deben ser corregidos.
Mientras que la vicepresidenta de la Comisión, Nataly Morillo, defendió la claridad y coherencia con la que aseguró se hizo el informe. Afirmó que la votación dejaría en claro quiénes están a favor de la seguridad en el país y quiénes no.
El documento fue aprobado con los votos de los seis legisladores de ADN y sus aliados, que son parte de la mesa. Los cuatro asambleístas correístas que la completan, votaron en contra.
Recomendaciones del informe
Este proceso de fiscalización inició en junio de 2025, a propósito de los casos de jueces y fiscales que por sus decisiones permitieron que delincuentes, muchos atrapados en delito flagrante, recuperen su libertad.
En ese contexto acudieron las autoridades del Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Judicatura (CJ) y hasta la Contraloría.
De sus testimonios, en los que relataron los problemas y las carencias de cada entidad para su funcionamiento se deprendieron siete recomendaciones:
Plataforma única de inteligencia de seguridad
- La comisión sugiere la implementación de un sistema informático que recoja en tiempo real datos de partes policiales, medidas cautelares, sumarios administrativos y hasta auditorias patrimoniales y que la plataforma sea interoperable entre las entidades relacionadas con la seguridad y justicia.
Reformas a varios cuerpos legales
- También, se plantea cambios a leyes como el Código Orgánico Integral Penal (Coip) o la Ley que regula la Función Judicial, con el objetivo de promover el endurecimiento de penas a funcionarios involucrados en actos de corrupción o delitos.
- Además, se plantea cambios legales para que la custodia de los arrestos domiciliarios pase de manos de la policía a entidades como el SNAI u otra unidad especializada.
Digitalización y trazabilidad de expedientes
- Establecer firma electrónica y cadena de custodia digital en partes policiales y actas de comparecencia. Implementar un sistema digital de validación de partes policiales con alertas en tiempo real.
Fortalecimiento de mecanismos de control interno
- Crear un cuerpo interno anticorrupción en la Fiscalía con facultades sancionatorias provisionales. Y reducir los tiempos de ejecución de auditorías especiales a un máximo de 6 meses para casos estratégicos, con prioridad en aquellos vinculados a seguridad y justicia
Plan de depuración y capacitación continua
- Programas periódicos (de preferencia semestral o anual) de poligrafía, toxicológicos y evaluaciones de desempeño para jueces, fiscales y policías. Crear un programa integral de depuración con evaluación periódica de integridad, pruebas de polígrafo y análisis patrimonial.
Fomento de la transparencia y participación ciudadana
- Plataforma pública única de seguimiento de casos complejos y sumarios disciplinarios, es decir una sola para todas las instituciones públicas. Mecanismo de denuncia anónima con protección legal para quienes reporten interferencias o cohechos.
Mejora de la gobernanza interna e interinstitucional
- Formalizar un protocolo permanente de coordinación con Fiscalía y UAFE para garantizar que los Informes de Responsabilidad Penal sean judicializados en menos de 30 días desde su emisión. Establecer un canal de comunicación en tiempo real para activar medidas cautelares sobre contratos en ejecución con riesgo de corrupción o afectación a la seguridad nacional
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