¿Qué pasa con la Conaie? Las pugnas internas, las presiones políticas y la coyuntura golpean al movimiento indígena

Las acusaciones y medidas contra las organizaciones sociales en los gobiernos anteriores dejaron huella. Y el movimiento indígena no es la excepción. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) intenta recuperar la fuerza de otrora, pero las condiciones internas y externas lo dificultan.

El presidente Daniel Noboa tomó la polémica decisión de eliminar el subsidio al diésel el 12 de septiembre, a puertas del fin de semana. Y tomó desprevenida a la Conaie, que acababa de cambiar de mando apenas un mes antes.

El nuevo titular del movimiento indígena más representativo del país, Marlon Vargas, apenas empezaba su gestión, a la sombra de la influencia que llegó a tener su antecesor, Leonidas Iza. Pero, a la vez, también quedan las secuelas de una pugna interna que hundió electoralmente al brazo político de la organización, Pachakutik.

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Y es así que el llamado a la movilización y a un paro nacional recibió una respuesta dispersa, que no logra despegar del todo. Especialmente porque no se vislumbra un liderazgo nacional y las voces de las comunidades que salen a protestar quedan opacadas con a la respuesta estatal.

Como consecuencia, el temido fantasma de otro paro nacional, como los de 2019 y 2022, que acorralaron a dos presidentes, va desvaneciéndose. Aunque los focos de manifestación, especialmente en Imbabura, tampoco dejan que desaparezca del todo.

La situación de la Conaie

Los resultados de los dos paros nacionales anteriores hicieron que la Conaie recupere su liderazgo como un actor social y político, con grandes réditos electorales: la bancada legislativa más numerosa de la historia de Pachakutik, que los ubicó como la segunda fuerza del país, y una votación presidencial que casi le consigue un puesto en la segunda vuelta de 2021.

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Pero, como suele suceder en las esferas de poder, los líderes del momento no supieron capitalizar ese descontento social que concentraron temporalmente. Y empezaron las pugnas internas y la división de sus bases.

Y con el tiempo las dos puntas del movimiento indígena enfrentaron uno de sus momentos más tensos, que dejó en evidencia una honda división entre los nuevos liderazgos y las voces históricas del movimiento indígena, lo que paralizó al partido y lo dejó prácticamente fuera de las elecciones extraordinarias de agosto de 2023.

Ya en 2025, apenas siete meses antes de dejar la presidencia de la agrupación, el mismo Leonidas Iza, aceptó que no pasaban por un buen momento y que, pese al trabajo realizado, no habían logrado unificar su estructura. Incluso, dijo, había provincias donde no querían esa unificación.

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Desde entonces, la dirigencia no ha podido esconder lo evidente, aunque lo niegue en sus discursos: la fragmentación del movimiento. Y el último gran ejemplo es la respuesta al llamado del nuevo consejo de gobierno de la Conaie a un paro nacional.

La convocatoria de Vargas no ha sido recibida como antaño y, con los diversos problemas internos, ni siquiera él mismo ha podido estar en los puntos más política y socialmente conflictivos. Pese a ser un líder amazónico, varias comunidades de la región decidieron no plegar al paro nacional. 

Esto obligó al dirigente de la Conaie a trasladarse a Pastaza para incentivar las movilizaciones y llamar a un levantamiento en la región. Sin embargo, no ha sucedido lo mismo en el resto del territorio. Aunque otros dirigentes locales, en apariciones aisladas, como en Tungurahua y Cotopaxi, amenazaron al Gobierno con acciones si no devuelve el subsidio al diésel.

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En medio de este escenario, el país ha sido testigo de movilizaciones puntuales, con cierres de vías, especialmente en Imbabura, Cotopaxi y Pichincha. Pero ninguna de las advertencias, como la de tomarse Latacunga, han llegado a su clímax. Mientras que en la mayoría del Ecuador la vida transcurre sin contratiempos, más allá de las crisis que se arrastran en general.

La respuesta del Gobierno

Por otro lado, está el discurso del presidente Daniel Noboa y sus ministros, que reaviva las acusaciones de gobiernos pasados contra el movimiento indígena y los manifestantes. Nuevamente, el Ejecutivo apuesta por los beneficios económicos temporales, la negativa al diálogo y las acusaciones de terrorismo, e incluso acusaciones insostenibles de supuestos vínculos con el crimen organizado.

Después de eliminar el subsidio al diésel, el Gobierno lanzó una enorme campaña de comunicación para difundir los 18 beneficios económicos que otorgaría a los grupos poblacionales, según sus cálculos, que se verían afectados por la medida. Los principales fueron para los transportistas, que tienen la mayor y más rápida capacidad de paralizar el país. Los siguientes fueron para los agricultores, muchos de ellos indígenas.

El Primer Mandatario también dejó claro que está dispuesto a responder cada palabra y acción de descontento en su contra. Afirmó que por cada marcha en su contra, su Gobierno organizará primero una contramarcha. Y respondió a la declaración de persona no grata en ciertas comunidades que, si lo quieren expulsar de sus territorios, él los expulsará de todo el país, como si fuese una posibilidad o tan siquiera legal.

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Y, justamente en esa línea, el presidente Noboa decretó el traslado de la sede presidencial a Latacunga, para desincentivar el avance de cualquier manifestación hacia Quito y militarizar Cotopaxi, corazón del movimiento indígena.

Pero no solo ahí. Esa constante militarización de los territorios se ha desviado del conflicto armado declarado por el Gobierno a los focos de manifestaciones populares y para custodiar las sedes móviles del poder Ejecutivo. Todo gracias a los cambios normativos que permiten una mayor intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos internos.

A esa lista se suman las denuncias de excesos en el uso de la fuerza, así como prácticas de amedrentamiento, como el traslado de un grupo de detenidos en Otavalo a la cárcel de Esmeraldas y Portoviejo, donde apenas un día antes quedó en evidencia que el Estado no controla el centro penitenciario, tras la masacre de 17 reclusos.

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Además, están las denuncias directamente políticas de la Conaie sobre el bloqueo de las cuentas bancarias de sus dirigentes nacionales y de sus organizaciones regionales y locales, así como la reciente suspensión de la frecuencia de TV MICC, el primer canal de televisión indígena del país, del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC).

El argumento de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), para tomar dichas "medidas provisionales de protección", es el de mantener el “orden y la seguridad nacional”. El canal comunitario transmitía su señal en los cantones Latacunga, Salcedo, Ambato, Cevallos, Quero, Pelileo y Tisaleo.

Esto contradice abiertamente las declaraciones de Chapultepec y Salta, instrumentos internacionales que garantizan la protección de la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo libre e independiente, ratificadas por el mismo Noboa en marzo de 2024.