Con nuevo retraso, Participación Ciudadana se acerca a la fase de postulación para nuevo Fiscal General

Ecuador debía tener un nuevo Fiscal General en funciones en abril de 2025. Sin embargo, siete meses después del plazo legal, el proceso de selección sigue en etapas preliminares. El período constitucional de Diana Salazar concluyó en abril de 2025 y, desde entonces, la titularidad de la Fiscalía ha entrado en una fase de inestabilidad administrativa.

Ante la salida de Salazar, Wilson Toainga, quien se desempeñaba como subrogante, asumió el despacho principal. No obstante, Toainga también presentó su dimisión tiempo después. Actualmente, el cargo está en manos de Carlos Leonardo Alarcón, quien actúa como Fiscal subrogante.

Esta situación obligará al Consejo de la Judicatura (CJ) a iniciar gestiones para nombrar un nuevo reemplazo en la línea de sucesión, es decir, un subrogante para el subrogante actual.

Mientras tanto, el retraso en el concurso de méritos y oposición es considerable y se sigue alargando. Según las estimaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), el país podría tener una autoridad titular recién a mediados 2026.

Andrés Fantoni, presidente del CPCCS, dijo, el pasado 8 de octubre de 2025 que, si se cumplen los plazos estipulados, la designación se concretaría en abril del próximo año. Sin embargo, ese plazo está nuevamente en duda

El reglamento vigente establece que, una vez instalada la Comisión Ciudadana de Selección, el concurso tiene una duración de seis meses. Es decir, para cumplir la meta dicha por Fantoni, esa instancia debió conformarse hasta finales de octubre.

Al cierre de noviembre de 2025 esta Comisión aún no está operativa. Según el último reporte del CPCCS, difundido el 24 de noviembre, el proceso se encuentra en el inicio del plazo para la reconsideración de la calificación de méritos de los postulantes a comisionados.

Es decir, si el Consejo logra designar a la Comisión en los últimos días de noviembre, la convocatoria oficial al concurso y la fase de postulación arrancarían en diciembre. Bajo este escenario optimista, el nuevo Fiscal General del Estado estaría designado para finales de mayo de 2026.

Esto representa un retraso de un año y un mes frente al cronograma original, pero todavía no hay certezas de que esto se pueda cumplir o que haya más retrasos.

Así se conformará la Comisión

El nudo del proceso se encuentra, actualmente, en la conformación del organismo encargado de llevar a cabo el concurso: la Comisión Ciudadana de Selección. Para integrar este cuerpo colegiado, el Consejo registra actualmente a 38 abogados que siguen en carrera tras la fase de verificación de requisitos y méritos, y la fase de impugnaciones.

Estos postulantes, provenientes de la ciudadanía, se encuentran en la etapa de solicitar reconsideraciones a sus puntajes.  Una vez resuelta esta fase, el Pleno del CPCCS emitirá el listado definitivo con las 30 personas mejor puntuadas.

La norma exige paridad de género: la lista final deberá estar compuesta por 15 hombres y 15 mujeres.  De este grupo se realizará un sorteo público para elegir a los cinco representantes principales y cinco suplentes de la ciudadanía.

La Comisión Ciudadana de Selección se completará con cinco delegados de las Funciones del Estado, quienes ya han sido designados tras superar su propio proceso de verificación en octubre.

Un análisis realizado por PRIMICIAS sobre los perfiles de los 38 aspirantes ciudadanos que siguen en el proceso revela una tendencia hacia perfiles técnicos.  De los 23 hombres que continúan en el concurso, 10 no registran pasado en la función pública ni cargos de libre remoción. Una situación similar ocurre en el grupo femenino: 5 de las 15 postulantes tampoco han tenido relación laboral previa con el Estado.

En el listado no figuran nombres que hayan ostentado altos cargos políticos o de decisión gubernamental reciente.  El perfil predominante entre los aspirantes a seleccionar al nuevo Fiscal es el de exfuncionarios de mandos medios, puestos técnicos y docentes universitarios.

Se alarga el encargo de Alarcón

Mientras el concurso avanza a paso lento en el CPCCS, la Fiscalía General, ahora bajo el mando de Carlos Leonardo Alarcón, enfrenta una carga procesal crítica. Tras la renuncia de Wilson Toainga, Alarcón asumió la responsabilidad de sostener las acusaciones en casos emblemáticos de corrupción y crimen organizado.

La gestión actual debe vigilar la ratificación de las sentencias del Caso Metástasis, considerado la piedra angular de la gestión de Diana Salazar.  En este proceso, aunque ya existen 20 sentenciados —incluyendo a Wilman Terán y Pablo Ramírez—, la Fiscalía aún litiga las apelaciones presentadas por las defensas.

Además, Alarcón debe preparar los juicios contra los prófugos de esta trama, entre los que destacan Xavier Jordán y el exasambleísta Ronny Aleaga.

Derivado de este expediente, el despacho de Alarcón también impulsa el Caso Purga, que desveló la corrupción en la justicia del Guayas.  Aquí, el exasambleísta Pablo Muentes ya ha sido sentenciado como cabecilla, pero el proceso de extradición de Mercedes Villarreal desde España sigue pendiente.

En el frente político, la Fiscalía mantiene abierto el Caso Sinohydro, que involucra al expresidente Lenín Moreno.  Desde el 15 de septiembre de 2025, la acusación fiscal contra Moreno y otras 23 personas está a la espera de la resolución de la Corte Nacional para el llamado a juicio.

La lista de pendientes para el fiscal subrogante Alarcón se extiende a otras tramas de alto impacto que aún no tienen sentencia en firme.  Entre estos expedientes figuran los casos Independencia Judicial y Vocales, que involucran a exautoridades de la Judicatura; el caso Ligados, que salpica a exconsejeros del CPCCS y figuras políticas; y el Caso Celu, relacionado con el excontralor Pablo Celi.